La Corte de Apelaciones de Valdivia fue categórica al señalar que el municipio debió pronunciarse expresamente —aprobando o rechazando la solicitud, pero no omitiéndose—.
En consecuencia, el tribunal ordenó al Concejo Municipal de Río Bueno que, en la más próxima sesión, proceda a pronunciarse formalmente sobre la renovación de la patente de alcoholes de Río Restobar.
Sin embargo, la petición ha generado controversia debido a nuevos antecedentes: Weisser posee una condena penal vigente por el delito de estafa residual, dictada por el Segundo Juzgado de Garantía de Valdivia el 4 de noviembre de 2024.
Según la sentencia judicial, Weisser fue condenado tras ser declarado autor del delito consumado de estafa residual, tipificado en el artículo 473 del Código Penal. El fallo indica que defraudó a la empresa Facto Chile S.A., simulando el pago de una deuda mediante cheques que posteriormente ordenó no pagar.
Prohibición legal para obtener patente
De acuerdo con el artículo 4°, número 3, de la Ley N° 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, no puede otorgarse ni renovarse una patente de alcoholes a personas condenadas por crímenes o simples delitos.
En este contexto, la condena de Weisser lo inhabilitaría legalmente para mantener o renovar la patente comercial.
La Contraloría General de la República ha reiterado este criterio en diversos dictámenes, señalando que la prohibición también alcanza a los representantes o constituyentes de sociedades —incluidas las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL)— cuando su titular registra condenas penales.
El Concejo Municipal debe pronunciarse
Por orden de la Corte, la solicitud de renovación deberá ser votada en la más próxima sesión del Concejo Municipal de Río Bueno.
Sin embargo, autorizar la patente pese a la condena del titular podría vulnerar la Ley N° 19.925 y el principio de legalidad administrativa, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.
Fuentes municipales indican que la compleja situación podría derivar nuevamente en una intervención de la Contraloría General de la República, ya que una eventual aprobación del permiso implicaría pasar por alto una inhabilidad absoluta establecida por la ley.
