Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal de La Unión, la encargada de Medio Ambiente, Carolina Fuentes, ingeniera en Recursos Naturales, expuso los fundamentos técnicos y legales que llevaron al municipio a declarar no conformidad frente al proyecto Parque Eólico El Rancho, actualmente en evaluación ambiental.
Fuentes explicó que el municipio, como órgano de la administración del Estado, estimó que la iniciativa carece de información relevante y esencial para una adecuada evaluación ambiental, infringiendo lo establecido en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En su presentación, la profesional recordó que el artículo 11 de dicha norma exige la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) —y no solo una Declaración— cuando un proyecto pueda generar efectos significativos en la salud de la población, los recursos naturales renovables, el paisaje o las comunidades humanas.
Deficiencias en la evaluación y omisión de componentes críticos
La encargada de Medio Ambiente detalló que el titular del proyecto presentó el estudio considerando únicamente la afectación al recurso suelo, omitiendo componentes esenciales como los recursos hídricos y el valor ambiental del territorio, exigidos por los artículos 6 y 8 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (DS 40/2012).
El área de emplazamiento de los aerogeneradores, precisó Fuentes, presenta alta fragilidad ambiental y alberga el nacimiento de tres esteros —Roy Roy, Traiguén y otro sin nombre— cuyos caudales abastecen a comunidades aguas abajo. “Al no haber incorporado estos componentes, el estudio no permite dimensionar los impactos reales que el proyecto podría generar sobre el territorio”, afirmó.
Asimismo, mencionó omisiones relevantes en la identificación de áreas y comunidades de influencia, como la Comunidad Indígena Nininco y el APR El Huape, las cuales no fueron debidamente consideradas. Estas deficiencias se suman a las 449 observaciones técnicas formuladas por el Comité Técnico del SEIA Regional, lo que —a juicio de la profesional— evidencia graves vacíos en la línea base y en la evaluación de impactos.
Preocupación por posibles zonas de sacrificio
Fuentes también alertó que el área de conexión del proyecto con la subestación de Pichirropulli ya presenta acumulación de actividades económicas e industriales, sin una adecuada evaluación de sinergias o efectos acumulativos. De mantenerse esta omisión, advirtió, el territorio podría transformarse en una nueva zona de sacrificio ambiental, afectando directamente a los sectores de Tronlico y Pichirropulli.
Recomendación final del municipio
En su conclusión, Carolina Fuentes recomendó que el titular reformule íntegramente el Estudio de Impacto Ambiental, incorporando todos los antecedentes faltantes y dando cumplimiento a los artículos 6, 7 y 8 del reglamento del SEIA. El pronunciamiento del municipio busca garantizar que el proceso de evaluación ambiental se realice con rigurosidad técnica, participación ciudadana efectiva y resguardo de los ecosistemas locales.
