La presidenta del Comité de Género y No Discriminación de la jurisdicción Valdivia, ministra Marcela Araya, encabezó una reunión interinstitucional para analizar la implementación de la ley integral que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, a un año de su promulgación; y proponer vías de solución a los principales cuellos de botella detectados en la coordinación intersectorial.
En el encuentro participaron representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; Carabineros, Gendarmería, PDI, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, SEREMI de Justicia y Derechos Humanos; ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia, dirigentes gremiales del Poder Judicial, jueces y administradores de los 22 tribunales de la región de Los Ríos y la provincia de Osorno.
La ministra Araya señaló que “esta reunión se enmarca en la coordinación que el Poder Judicial debe mantener con otras entidades del sector público y sistema de justicia, ya que nos corresponde cumplir un mandato de actuación coordinada e integral (…) nos centramos en aquellos nudos críticos que se advierten en la implementación de la ley integral, en lo que dice relación con el control de las medidas cautelares cuando los tribunales de Familia se declaran incompetentes. Esta bifurcación de competencias se presenta primero entre la Fiscalía y los tribunales de Familia y posteriormente entre los tribunales de Familia y los tribunales Penales, lo que dificulta monitorear el cumplimiento de la medida de protección”.
En este sentido “la reunión fue bastante provechosa ya que afloraron problemas que no habíamos podido identificar, permitiéndonos visibilizarlos, a fin de cumplir adecuadamente con eh el acceso a la justicia de las mujeres, quienes son beneficiarias de medidas cautelares en ámbitos de violencia de género”, agregó.
Finalmente tras la reunión, ministra Araya informó que dentro de los principales hallazgos, se detectó -entre otras cosas- la existencia de discrepancias en los registros estadísticos de violencia de género y violencia intrafamiliar entre los tribunales de justicia y otras instituciones, para lo cual se acordó desarrollar capacitaciones para abordar la diferencia conceptual y operativa entre violencia intrafamiliar y violencia de género, las que estarán a cargo del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
