La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia dictada contra los ex carabineros Mamerto Tercero Ávila González, ex sargento primero, y Carlos Emilio Galindo Ruiz, ex funcionario del Retén Riñinahue, por su participación como cómplices en el homicidio calificado del joven estudiante Roberto Eder Huaiqui Barría (17) y en la tentativa de homicidio de José Oporto del Río, hechos ocurridos entre el 15 y el 17 de septiembre de 1973, en el sector del río Nilahue, comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos.
El fallo, redactado por el ministro Álvaro Mesa Latorre, estableció que los acusados integraban una patrulla de Carabineros que, junto a civiles armados, emboscó a un grupo de jóvenes opositores al régimen militar que intentaban huir hacia Argentina. Durante la persecución, Huaiqui Barría fue alcanzado por disparos y murió en el lugar, mientras que Oporto resultó herido en un pulmón y posteriormente golpeado, logrando sobrevivir.
Según la resolución, los ex funcionarios “no impidieron el ilícito, teniendo pleno conocimiento de la agresión y de su carácter homicida”, configurándose así su responsabilidad como cómplices del crimen, calificado como delito de lesa humanidad e imprescriptible.
La Corte rechazó los recursos de nulidad interpuestos por las defensas, confirmando la pena de seis años de presidio efectivo para ambos condenados. Asimismo, consideró la atenuante de obediencia debida, pero mantuvo la calificación agravada por alevosía, dada la indefensión de las víctimas.
En el ámbito civil, el tribunal ordenó al Fisco de Chile indemnizar con $600 millones a los hermanos de Roberto Huaiqui Barría por daño moral, aunque revocó el pago de costas judiciales.
El caso, que se inició en 2014, fue impulsado por familiares de la víctima, entre ellos su hermana Dina Uria Huaiqui Barría, quien declaró: “Esto no devuelve a mi hermano, pero cierra un ciclo de dolor que arrastramos por décadas”.
El fallo refuerza la jurisprudencia nacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos durante la dictadura militar, sumándose a más de 1.900 sentencias dictadas hasta 2024 en causas de derechos humanos.
Con esta resolución, la justicia chilena reafirma su compromiso con la verdad, la memoria y la reparación histórica de las víctimas de la represión postgolpe ocurrida tras el 11 de septiembre de 1973.
