La próxima construcción del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile en La Unión constituye, sin duda, una buena noticia para la comuna y la provincia. Se trata de un proyecto de alto estándar, que considera una moderna infraestructura de 1.352 metros cuadrados, financiada mediante una inversión pública de carácter millonario, y que se emplazará en el mismo terreno donde actualmente funcionan las dependencias de la institución.
Esta iniciativa representa una señal concreta del Estado en materia de fortalecimiento de la seguridad pública y de presencia institucional en el territorio. Sin embargo, todo avance relevante conlleva desafíos que deben ser abordados con responsabilidad y transparencia, especialmente cuando se trata de servicios esenciales para la comunidad.
La inquietud que hoy manifiestan vecinos y actores locales no apunta al proyecto en sí, sino a la falta de información clara respecto de cómo se garantizará la continuidad operativa de la PDI mientras se desarrollen las obras de construcción del nuevo recinto. La ausencia de definiciones sobre una sede provisoria genera dudas razonables que requieren respuestas oportunas.
Según antecedentes recabados por este medio, y de acuerdo con fuentes vinculadas al ámbito policial, se estaría evaluando la posibilidad de trasladar temporalmente a los funcionarios a comunas vecinas, en caso de no encontrarse un espacio adecuado en La Unión para albergar las operaciones mientras duren los trabajos. Si bien esta alternativa no ha sido confirmada oficialmente, su sola evaluación vuelve a instalar una preocupación legítima en la comunidad.
La historia reciente de La Unión obliga a no minimizar estas inquietudes. No se puede olvidar que en el año 2001 la comuna estuvo cerca de perder la presencia de la PDI, situación que solo se evitó gracias a gestiones realizadas por autoridades y representantes locales de la época. Ese antecedente permanece en la memoria colectiva y explica la sensibilidad actual frente a cualquier escenario de eventual traslado, aun cuando este sea de carácter transitorio.
La planificación de una obra pública de esta envergadura no puede limitarse al anuncio del proyecto ni a su inversión. Debe considerar, con igual rigurosidad, las medidas transitorias que aseguren el normal funcionamiento del servicio, evitando impactos en la cobertura investigativa y en la sensación de seguridad de la población.
Desde Diario El Ranco creemos que este es el momento adecuado para que las autoridades regionales y nacionales entreguen certezas, expliquen los planes de operación provisoria y despejen las dudas existentes antes de que la incertidumbre se transforme en desconfianza. La información clara y oportuna no debilita los proyectos públicos; por el contrario, los fortalece y legitima ante la ciudadanía.
El nuevo cuartel de la PDI debe convertirse en un motivo de orgullo para La Unión. Para que ello ocurra plenamente, el progreso debe ir de la mano de planificación, diálogo y transparencia, poniendo siempre en el centro a la comunidad y a la seguridad del territorio.
