La decisión de no contener completamente el shock internacional del petróleo desató críticas de la oposición, inquietud en transportistas y preocupación en empresas, en medio del debate por la agenda tributaria impulsada por La Moneda.
El alza histórica de los combustibles anunciada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast se convirtió este martes en la primera gran crisis política de su administración, al combinar un fuerte impacto económico sobre los hogares y sectores productivos con un debate de fondo sobre las prioridades fiscales de La Moneda.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que desde este jueves 26 de marzo la gasolina de 93 octanos subirá $370 por litro y el diésel hasta $580, en un contexto marcado por el encarecimiento internacional del petróleo tras la guerra en Irán. El Ejecutivo defendió la medida señalando que no era fiscalmente sostenible seguir absorbiendo ese costo a través del Mepco, aunque al mismo tiempo anunció paliativos como el congelamiento del transporte público en Santiago, compensaciones para regiones, subsidios para taxis y colectivos y un plan para retrotraer el precio de la parafina a valores cercanos a febrero.
Sin embargo, el problema para el gobierno no es solo económico, sino también político. Desde la oposición surgieron críticas por lo que consideran una contradicción entre pedirle a la clase media y a los sectores productivos que absorban el “gasolinazo”, mientras se mantienen sobre la mesa propuestas de rebajas tributarias favorables a grupos de mayores ingresos y grandes empresas. Ese es precisamente el eje de la columna “La verdadera emergencia”, de Daniel Matamala, que describe la dificultad del Ejecutivo para justificar que “no hay plata” para amortiguar el alza de los combustibles, pero sí para avanzar en beneficios tributarios al sector más acomodado.
La tensión escaló durante la jornada con duros cuestionamientos opositores. Jeannette Jara acusó que “el gobierno está apagando el incendio con bencina”, mientras otras voces advirtieron que el alza podría tener efectos inmediatos sobre inflación, transporte y costo de vida. Incluso desde sectores oficialistas hubo preocupación por el costo político de una medida de esta magnitud en los primeros días de gobierno.
En el mundo del transporte, la reacción fue igual de dura. Camioneros, colectiveros y operadores de buses calificaron el incremento como un “golpe directo” a su actividad y alertaron que, de no existir compensaciones suficientes, el mayor costo terminará trasladándose a tarifas, fletes y servicios.
El impacto también preocupa al comercio, a las pymes y al sector productivo en general, especialmente porque el diésel es un insumo clave en la cadena logística, en la actividad agrícola y en múltiples rubros regionales. A eso se suma el efecto inflacionario estimado por analistas, que podría sentirse con fuerza en abril si el mayor costo del transporte comienza a traspasarse al precio final de bienes y servicios.
Así, lo que comenzó como una decisión económica para enfrentar un shock externo terminó transformándose en una prueba política de alto riesgo para el gobierno de Kast. El Ejecutivo ha puesto el acento en la guerra, el precio internacional del petróleo y la estrechez fiscal heredada, pero la oposición insiste en que la discusión de fondo es otra: quién termina pagando el costo de la crisis y con qué prioridades se administra el ajuste.
