La Contraloría General de la República emitió un dictamen que fija criterio respecto a la contratación de proveedores con vínculos familiares con autoridades comunales, en el marco de una situación que había generado atención pública en la comuna de Río Bueno.
El pronunciamiento, fechado el 14 de abril de 2026, responde a una consulta formal realizada por la Municipalidad de Río Bueno, luego de la difusión de antecedentes en redes sociales y medios locales sobre órdenes de compra emitidas durante 2025, que involucraban al proveedor Álvaro Ramírez Medina, hermano de la concejala Patricia Rojas Medina (RN).
Según se informó previamente, dichas órdenes de compra —emitidas el 3 de febrero de 2025 y que en conjunto superan los $464 millones— correspondían a contratos licitados con anterioridad o a renovaciones contempladas en las bases administrativas, descartándose que se tratara de nuevas licitaciones impulsadas por la actual administración.
En ese contexto, el municipio optó por elevar una consulta a Contraloría con el objetivo de obtener un pronunciamiento claro sobre la eventual inhabilidad por parentesco, especialmente considerando los cambios recientes en la normativa de compras públicas.
En su dictamen, el organismo contralor precisó que la actual legislación —en particular el artículo 35 quáter de la Ley N°19.886— no incluye expresamente a los concejales dentro de las prohibiciones para contratar con el Estado, lo que configura un vacío legal en la materia .
Sin embargo, la Contraloría fue enfática en señalar que, aun cuando no exista una prohibición expresa, sí se configura un eventual conflicto de interés cuando existe un vínculo de parentesco entre una autoridad y un oferente, como ocurre en este caso .
Bajo ese criterio, el organismo concluyó que no resulta procedente que la Municipalidad de Río Bueno celebre contratos con un proveedor que mantiene parentesco en segundo grado con una concejala en ejercicio, ya que ello podría afectar la imparcialidad y el interés general que deben resguardarse en la función pública .
El dictamen también confirma que la situación fue puesta en conocimiento del Ejecutivo, con el fin de evaluar eventuales ajustes legales que permitan subsanar el vacío detectado.
Cabe señalar que, de acuerdo con lo informado por el municipio, los contratos provenientes de 2024 ya finalizaron o se encuentran en etapa de término, mientras que nuevos procesos de licitación iniciados durante 2025 no han sido adjudicados, precisamente a la espera de este pronunciamiento.
Asimismo, desde la casa edilicia se indicó que no se ha instruido sumario administrativo, ya que el camino adoptado fue la consulta directa al órgano contralor para asegurar decisiones ajustadas a derecho.
Con este dictamen, la Contraloría establece un precedente relevante en materia de probidad administrativa a nivel municipal, reforzando la necesidad de prevenir conflictos de interés incluso en escenarios donde la normativa no los prohíbe de manera explícita.
