Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre la red asistencial y el sistema de justicia frente a casos que involucran a personas con problemas de salud mental, el Servicio de Salud Los Ríos, a través de su Departamento de Salud Mental y la Subdirección Jurídica, impulsó una mesa de trabajo intersectorial orientada a revisar procedimientos administrativos y técnicos, favoreciendo una respuesta clínica más oportuna y pertinente.
La iniciativa se desarrolló en el marco del conversatorio «Actualización y coordinación entre el sistema de justicia penal y el Servicio de Salud Los Ríos: diálogo y elaboración de herramientas comunes», instancia que permitió abordar las capacidades de la red asistencial regional, sus mecanismos de atención y las brechas existentes en la articulación con el sistema judicial.
Durante las jornadas se analizaron las condiciones actuales de atención y protección de personas con diagnósticos de salud mental que enfrentan procesos judiciales, especialmente en aquellos casos que requieren evaluaciones psiquiátricas o periciales en plazos acotados. Asimismo, se promovió el intercambio de experiencias entre los distintos organismos para avanzar hacia procedimientos más coordinados y ajustados a la realidad de cada institución.
La jefa de la Unidad de Salud Mental del Servicio de Salud Los Ríos, Viviana Segura, destacó que «para nosotros es tremendamente importante sentarnos a conversar y articularnos con actores relevantes en un tema tan sensible como la salud mental de usuarios y usuarias que, además, tienen alguna vinculación con el sistema judicial. Conocernos, dialogar y buscar acuerdos nos permite brindar una atención de calidad, pertinente y oportuna, con pleno respeto por los derechos de las personas. Asimismo, es fundamental que el Poder Judicial conozca cómo funciona la red de salud, cuáles son nuestros recursos y también las brechas que enfrentamos».
Las dos jornadas de trabajo permitieron revisar el funcionamiento de la red asistencial en la región, su capacidad de respuesta frente a requerimientos judiciales y las alternativas de derivación disponibles, generando además un espacio de reflexión sobre las brechas existentes y el rol que cumple el trabajo intersectorial en este ámbito.
El director (s) del Servicio de Salud Los Ríos, Erick Vargas, señaló que «lo más importante fue que, como sector salud, pudimos dar a conocer nuestra red, mostrar nuestras dificultades, pero también presentar propuestas de solución. Lo más destacable de este proceso es que no nos quedamos en el diagnóstico de los problemas, sino que fuimos capaces de construir acuerdos y plantear soluciones que beneficien a todas las instituciones involucradas, especialmente a los funcionarios y a las personas sujetas a procesos judiciales».
El encuentro permitió fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones participantes, revisar el funcionamiento de la red forense nacional y los mecanismos de derivación especializada, además de profundizar en el análisis de los aspectos jurídicos que vinculan al sistema de justicia con la red de salud mental. Todo ello con el propósito de identificar oportunidades de mejora y avanzar hacia acuerdos de coordinación interinstitucional.
La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, magistrada Karina Ormeño, valoró la iniciativa señalando que «me parece una excelente instancia, porque reúne a los distintos actores involucrados en un desafío donde aún tenemos importantes tareas pendientes, como es la salud mental. Aquí convergen aspectos médicos, los derechos de los pacientes, los derechos de las personas imputadas y el marco jurídico vigente. Comprender en conjunto cómo funciona el sistema permite que los jueces adoptemos decisiones con mayor conocimiento de la realidad de la red de salud, especialmente respecto de las capacidades existentes para realizar evaluaciones e internaciones psiquiátricas».
Por su parte, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Daniela Coello, destacó que «esta instancia es de gran relevancia para la ciudadanía, porque la coordinación entre el Servicio de Salud y los tribunales tiene un impacto directo en la protección de los derechos humanos. Garantizar una atención de salud digna, evaluaciones periciales oportunas y condiciones adecuadas para las personas que enfrentan procesos judiciales constituye un desafío transversal, por lo que avanzar en este trabajo conjunto resulta fundamental para resguardar los derechos de los pacientes».
