Comunidades indígenas califican como un acto político de mala fe el rechazo a recurso para frenar proyecto eólico Ovejera Sur

La resolución mantuvo la decisión contraria adoptada por el gobierno anterior, sin tomar en cuenta el daño ambiental que reclaman los dirigentes. Ahora evalúan continuar con los procesos legales llevando el caso al Tribunal Ambiental.

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Desde que en 2021 se presentó el proyecto de instalación de un parque eólico Ovejera Sur, desarrollado en terrenos de las comunas de La Unión y Paillaco, han sido muchas las polémicas que ha dado este caso, con protestas y hasta acusaciones de amenazas entre los propios dirigentes. Un nuevo capítulo se está escribiendo con el rechazo de la solicitud de las comunidades indígenas de invalidar la Resolución de Calificación Ambiental por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental.

“El principal argumento es que no se cumplía un requisito de esencialidad, lo que significa que el vicio que pudiera existir no es esencial para invalidar el acto, en este caso la instalación de las eólicas”, comentó Carmen Caifil, asesora jurídica de las comunidades.

Aunque se esgrimieron los argumentos ambientales y culturales estos no fueron tomados en cuenta por la Comisión Ambiental. “El daño ecológico se basa en la afectación de las aguas que vienen de los cerros, especialmente la laguna de El Toro, donde hemos hecho We Tripantu, y ahora el acceso está prohibido por la empresa, por lo que entendemos que hay un daño espiritual y cultural. Por eso, la empresa dentro de su convenio nos aseguraba un paso libre, pero ellos son arrendatarios, por eso para nosotros no hay una garantía que eso vaya a cumplir a futuro”, señaló Jaime Cortés, werken de la comunidad Newenche Lof Rapaco, quien fue más allá en sus acusaciones del actuar de la empresa.

“Para nosotros (la votación) fue un acto político de mala fe, porque se realizaron incentivos monetarios a varios dirigentes del sector, bajo la figura de colaboración, lo que provocó rencillas entre la gente. Las votaciones venían listos, todos los miembros de la Comisión tenían sus posturas, por lo que nadie nos apoyó”, agregó Cortés. En efecto, situaciones como esta han marcado todo el largo proceso de instalación del proyecto eólico.

La acción que queda para las comunidades es llevar al caso al Tribunal Ambiental, lo que aún no está decidido, en un conflicto ambiental, que parece no querer acabarse.

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