El Tribunal Constitucional acogió parcialmente los requerimientos presentados contra la denominada Ley de Reconstrucción y declaró inconstitucionales disposiciones que establecían las microrelocalizaciones de concesiones acuícolas y su exclusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar inconstitucionales parte de las normas ambientales incluidas en el proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
La decisión fue adoptada por el Pleno del organismo luego de analizar los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición y de realizar jornadas de audiencias en las que participaron organizaciones de la sociedad civil y representantes de distintos sectores.
Entre las disposiciones objetadas se encuentran las denominadas microrelocalizaciones de concesiones acuícolas, mecanismo que permitía desplazar una concesión hasta 350 metros respecto de su ubicación original y contemplaba una excepción para su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El TC declaró inconstitucionales las normas que incorporaban esta figura y la exclusión de la evaluación ambiental. (Pais Circular)
La propuesta había sido incorporada dentro de las medidas destinadas a agilizar la actividad acuícola. Durante la discusión legislativa, el Senado definió las microrelocalizaciones como aquellas que no superaran los 350 metros respecto de la zona original. (Senado de Chile)
El planteamiento inicial del Ejecutivo buscaba modificar las exigencias existentes para las relocalizaciones. De acuerdo con antecedentes conocidos durante la presentación del proyecto, la normativa vigente obligaba a las relocalizaciones de concesiones salmoneras a ingresar al SEIA, mientras que la propuesta gubernamental pretendía aplicar las reglas generales y exceptuar expresamente a las microrelocalizaciones. (Emol)
Debate entre organizaciones ambientales e industria
La norma generó una fuerte controversia durante su tramitación. Organizaciones ambientales como FIMA, AIDA, Fundación Terram y Greenpeace expusieron ante el Tribunal Constitucional sus reparos respecto de las modificaciones ambientales contempladas en la iniciativa, incluyendo aquellas relacionadas con las concesiones acuícolas. (El Martutino)
Entre los cuestionamientos se sostuvo que un desplazamiento de hasta 350 metros puede significar condiciones ambientales diferentes debido a factores como profundidad, corrientes y biodiversidad existente en los fiordos australes. Esta posición fue planteada por organizaciones ambientales durante el debate, por lo que corresponde entenderla como un argumento de estas entidades y no como una conclusión establecida por el Tribunal Constitucional. (Terram)
La industria salmonera, en tanto, defendió el mecanismo ante el TC. Representantes del sector argumentaron que las microrelocalizaciones permitirían mejorar condiciones ambientales y sanitarias, entregar certeza jurídica y facilitar la continuidad de la actividad productiva y del empleo en las regiones australes. (Salmonexpert)
TC acogió solo parte de las impugnaciones
La resolución no significó el rechazo completo de la denominada “megarreforma”. El Tribunal Constitucional acogió parcialmente los requerimientos y mantuvo otras disposiciones del proyecto, entre ellas buena parte del régimen de invariabilidad tributaria. También declaró inconstitucional el mecanismo que establecía compensaciones del Estado cuando una Resolución de Calificación Ambiental fuera posteriormente anulada judicialmente. (Ex-ante)
En materia acuícola, sin embargo, la decisión implica que las disposiciones cuestionadas sobre microrelocalizaciones no podrán mantenerse en los términos aprobados por el Congreso.
El pronunciamiento adquiere especial relevancia para las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde se concentra buena parte de la salmonicultura nacional y donde el debate sobre relocalización de concesiones y protección de áreas de alto valor ambiental se mantiene desde hace años.
La resolución vuelve a instalar así la discusión respecto de cómo compatibilizar el desarrollo de una de las principales actividades productivas del sur de Chile con las exigencias de evaluación y protección ambiental de los ecosistemas marinos australes.
