Las seremis de la Mujer y la Equidad de Género, Oriet Montecinos Durán, y de Justicia y Derechos Humanos, Daniela Coello Higueras, se reunieron este lunes con la jefa (s) del Centro de Reinserción Social de Valdivia, Alejandra Yáñez Ortega para conocer cómo, actualmente, se da cumplimiento a condenas con medidas alternativas a la reclusión en casos relacionados con la violencia intrafamiliar.
Lo anterior, a propósito del ingreso del proyecto de ley “Cautelares Reforzadas” anunciado por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Raphael, el pasado 26 de agosto a la Cámara de Diputadas y Diputados.
Sobre esta iniciativa, la seremi Oriet Montecinos, explicó que “el proyecto de ley presentado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast busca perfeccionar diversos cuerpos legales para fortalecer y endurecer las consecuencias del incumplimiento de medias cautelares por delitos asociados a violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar. Por ejemplo, se proponen mayores consecuencias por mal utilizar o destruir los dispositivos de monitoreo telemático y la entrega de más facultades a seguridad municipal para fiscalizar, con el objetivo de que la seguridad de las mujeres y víctimas de violencia sea efectiva y continua”.
La seremi de Justicia y DDHH de Los Ríos, Daniela Coello Higueras, explicó que “es importante resaltar que esta iniciativa reconoce que el hostigamiento o acecho puede producirse tanto de manera presencial como a través de medios digitales. Una prohibición de acercamiento físico no siempre impide que una víctima esté expuesta a mensajes, amenazas o acosos mediante redes sociales o alguna otra plataforma. En este sentido, se incorpora una medida cautelar que permite prohibir estas conductas contra las víctimas, sus hijos o hijas a través de cualquier medio, incluidos los espacios digitales”.
La iniciativa, sujeta a la aprobación del Congreso Nacional, contempla una serie de modificaciones orientadas a asegurar mayor continuidad en el resguardo de las víctimas, incorporar herramientas frente a nuevas formas de violencia, fortalecer la fiscalización y establecer mayores consecuencias ante el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Entre sus principales medidas se encuentran:
Protección continua entre tribunales
El proyecto busca evitar vacíos de protección cuando una causa pasa de un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía. Para ello, establece reglas que permitan mantener la supervisión judicial mientras se resuelven eventuales conflictos de competencia y mandata una mayor coordinación entre la justicia de familia y penal.
Nueva medida cautelar: Prohibición al hostigamiento digital
La iniciativa incorpora una medida cautelar que permite prohibir el hostigamiento, amenazas o acoso hacia la víctima, sus hijos o hijas, tanto presencialmente como a través de medios digitales. Además, contempla que la judicatura evalúe medidas de resguardo para niños, niñas y adolescentes cuando corresponda.
Más fiscalización y control en monitoreo de cautelares
El proyecto fortalece la fiscalización y el monitoreo telemático ante eventuales incumplimientos de medidas cautelares. Para ello, amplía las facultades de inspectores de seguridad municipal, elimina el requisito de formalización para acceder al sistema y establece consecuencias frente a la manipulación o destrucción intencional de los dispositivos.
Prisión preventiva al no cumplir cautelares
La propuesta establece que el incumplimiento de medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento o contacto, deberá ser considerado por la judicatura al evaluar la procedencia de la prisión preventiva. La medida no implica una aplicación automática, sino una evaluación de las circunstancias y gravedad de cada caso.
Juez preferente en casos de VIF
En tribunales integrados por más de tres jueces o juezas, el proyecto permite designar a uno de ellos para conocer preferentemente causas de violencia intrafamiliar. El objetivo es favorecer una tramitación más especializada y dar mayor continuidad al conocimiento de estos casos.
