El proyecto de Presupuesto 2027 abrió una nueva controversia en materia de salud luego de conocerse una disminución de los recursos considerados para la Ley Ricarte Soto, mecanismo que entrega protección financiera frente a diagnósticos y tratamientos de alto costo.
De acuerdo con información publicada por El Desconcierto, la propuesta contempla $166.951 millones, frente a los $189.696 millones inicialmente asignados para 2026, lo que representa una reducción real cercana al 14%.
Actualmente, la Ley Ricarte Soto contempla 27 problemas de salud y permite acceder a protección financiera a personas que cumplan los requisitos correspondientes, independientemente de si están afiliadas a Fonasa, Isapres, Dipreca o Capredena.
Advierten impacto en miles de pacientes
La disminución presupuestaria fue cuestionada por el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), quien advirtió sobre las posibles consecuencias para quienes dependen de esta cobertura.
Según consignó El Desconcierto, Castro sostuvo que actualmente serían alrededor de 84 mil las personas acogidas a la Ley Ricarte Soto y planteó que una disminución de esta magnitud podría dificultar mantener los actuales niveles de cobertura.
El senador calificó la reducción como un “ataque realmente inhumano” y solicitó que los recursos sean restituidos durante la discusión del Presupuesto 2027.
Se trata, sin embargo, de una advertencia respecto de los eventuales efectos de la reducción presupuestaria y no de una confirmación de que actualmente existan pacientes que hayan perdido sus tratamientos.
La discusión se produce, además, en un escenario de crecimiento sostenido de los beneficiarios. Según antecedentes de The Clinic recogidos por El Desconcierto, estos aumentaron desde aproximadamente 57 mil en 2023 hasta 75.232 en 2025.
A ello se suma que, según la información publicada, en agosto de 2026 ya se había ejecutado el monto de $189.696 millones considerado para ese año.
Gobierno asegura continuidad de medicamentos
Desde el Ejecutivo, la ministra de Salud, May Chomali, descartó que la disminución propuesta implique dejar sin medicamentos a quienes están cubiertos por la normativa.
La secretaria de Estado aseguró que tanto los actuales pacientes como quienes ingresen al sistema continuarán recibiendo sus medicamentos y prestaciones, argumentando que el Ministerio de Salud tiene la obligación de garantizar lo establecido por ley.
Chomali calificó además parte de la discusión sobre la reducción como “tecnicismos” y señaló que el Ejecutivo busca entregar mayor sostenibilidad al sistema frente al aumento acumulado de pacientes.
La propuesta todavía debe enfrentar la discusión y votación del Presupuesto 2027 en el Congreso, por lo que los montos pueden experimentar modificaciones durante su tramitación.
