Una fuerte controversia política se desató luego de conocerse que el Ministerio de Justicia autorizó la rebaja de penas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, una decisión que generó críticas desde sectores de la oposición y abrió un debate sobre la aplicación de beneficios penitenciarios a responsables de estos graves delitos.
Según informó T13, a partir de antecedentes publicados inicialmente por el medio Interferencia, las resoluciones beneficiaron a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación. De las solicitudes examinadas, solo una habría sido rechazada.
Los decretos fueron autorizados durante la administración del Presidente José Antonio Kast, cuya firma figura en las resoluciones correspondientes.
Oposición cuestiona las rebajas y anuncia acciones
La decisión provocó reacciones entre parlamentarios de oposición, quienes anunciaron que buscarán reunir las firmas necesarias para interpelar al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Además, plantearon impulsar una iniciativa legislativa destinada a impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores puedan acceder a este tipo de rebajas.
El cuestionamiento político apunta especialmente a la autorización de los beneficios durante la actual administración, considerando la gravedad de los delitos por los cuales fueron condenadas las personas favorecidas.
Gobierno asegura que debía cumplir fallos de la Corte Suprema
Frente a las críticas, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que los casos corresponden a condenas anteriores a la reforma legal de 2022, que restringió el acceso a estos beneficios para responsables de delitos sexuales.
Según señaló el secretario de Estado, antes de dicha modificación la Corte Suprema había acogido recursos de amparo presentados por condenados que reclamaban el reconocimiento de su derecho a solicitar rebajas.
En ese contexto, Rabat sostuvo que las resoluciones administrativas se fundamentaron en los criterios establecidos por el máximo tribunal.
El ministro afirmó que el procedimiento respondió al cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema y no a una decisión discrecional del Gobierno de favorecer a determinados condenados.
De acuerdo con los antecedentes difundidos por T13, las solicitudes fueron sometidas a distintas etapas de revisión, incluyendo la evaluación de conducta por parte de la Comisión de Reducción de Condenas, la verificación de requisitos administrativos y el análisis de antecedentes por la División de Reinserción Social.
La firma presidencial en el centro de la controversia
Uno de los aspectos que generó cuestionamientos fue que las rebajas se materializaron mediante decretos firmados por el Presidente José Antonio Kast.
Consultado sobre este punto, Rabat explicó que la intervención presidencial forma parte del procedimiento administrativo requerido para ejecutar las resoluciones.
Desde el Ministerio de Justicia insistieron en que la actuación del Ejecutivo estuvo condicionada por los pronunciamientos judiciales y por las normas aplicables a las condenas anteriores a la reforma de 2022.
Vocero de Gobierno acusa críticas de “mala intención”
La controversia también fue abordada por el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien cuestionó la manera en que se presentó públicamente la información.
Según consignó T13, Arenas calificó de “mal intencionado” el enfoque que, a su juicio, sugería que el Ejecutivo había decidido voluntariamente perdonar a personas condenadas por delitos sexuales.
El portavoz argumentó que se trata de un procedimiento regulado por la legislación y que, cuando se cumplen los requisitos correspondientes, las autoridades deben actuar conforme a derecho.
Asimismo, defendió la actuación del Ministerio de Justicia, asegurando que el procedimiento se desarrolló respetando las obligaciones legales.
Debate por los límites de los beneficios penitenciarios
La controversia vuelve a instalar una discusión sobre la aplicación de beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, particularmente cuando existen diferencias entre la legislación vigente al momento de los hechos y las restricciones establecidas posteriormente.
Mientras el Gobierno sostiene que las rebajas responden a obligaciones legales y pronunciamientos judiciales, sectores de oposición cuestionan sus efectos y buscan promover nuevas restricciones.
Es importante precisar que una rebaja de condena no equivale necesariamente a la liberación inmediata de una persona privada de libertad. Los antecedentes publicados no establecen que los 56 beneficiados hayan recuperado su libertad.
El debate continuará marcado por las eventuales acciones fiscalizadoras del Congreso y las propuestas destinadas a revisar las condiciones de acceso a estos beneficios.
