Durante décadas, el suelo fue tratado como un insumo más: algo que se ara, se fertiliza y se explota hasta que deja de rendir. Esa mirada empieza a quedar atrás. Desde el 16 de diciembre de 2025 rige en Europa la Directiva (UE) 2025/2360, la primera norma del bloque centrada solo en la salud del suelo.
La noticia importa aquí por una razón simple: lo que se mide en Europa termina exigiéndose en los mercados que compran lo que producimos.
Lo que exige Europa
La directiva fue aprobada el 12 de noviembre de 2025 y publicada en el Diario Oficial de la UE el 26 de ese mes. Su meta es que todos los suelos europeos estén sanos en 2050. Aplica a bosques, tierras agrícolas y zonas urbanas por igual.
El corazón de la norma es la medición. Cada Estado deberá vigilar y evaluar sus suelos con descriptores comunes: físicos, químicos y también biológicos. Es decir, la vida del suelo pasa a ser un indicador oficial, no un detalle técnico.
La ley no carga nuevas obligaciones sobre los agricultores. Promete, en cambio, asesoría y apoyo a quienes gestionan la tierra. Los países tienen hasta diciembre de 2028 para incorporarla a su legislación, y deberán crear registros públicos de terrenos potencialmente contaminados en un plazo de diez años.
El mensaje de fondo es claro: no se puede proteger lo que no se conoce, y no se conoce lo que no se mide.
Chile: Sin ley de suelos y quedándonos atrás
Hay que decirlo con todas sus letras: Chile no tiene una ley de suelos. Un país que vive de exportar fruta, vino, leche y carne no cuenta con una norma que proteja el recurso del que depende todo eso. Senadores de la Comisión de Agricultura han advertido que somos el único país de la OCDE en esta situación.
Y las cifras preocupan. La presidenta de esa comisión, Alejandra Sepúlveda, ha señalado que cerca del 79% de los suelos del país presenta algún grado de degradación y que un 49% sufre erosión.
Lo que ha existido es un programa de incentivos para recuperar suelos agropecuarios (Ley 20.412) y normas dispersas en lo ambiental, lo forestal y lo agrícola. Ninguna define qué es un suelo sano ni obliga a medirlo.
El proyecto de Ley Marco de Suelos (Boletín 14.714-01), que encarga a Odepa una Política Nacional para la Gestión Sostenible de los Suelos, se presentó en 2021. Cinco años después sigue en primer trámite: en febrero de 2026 pasó a la Comisión de Hacienda del Senado y desde entonces no se conocen nuevos avances.
En América Latina, las excepciones son pocas. Uruguay tiene ley de suelos desde 1981 y, desde 2008, incorpora planes obligatorios de uso y manejo, con un cumplimiento que llegó al 96% del área en su primer año. Argentina cuenta con una ley de fomento a la conservación de suelos, también de 1981, y Costa Rica tiene la suya desde 1998. En la mayoría de los demás países, como en Chile, la protección depende de normas sueltas.
La comparación incomoda: mientras Europa ya mide la salud de sus suelos y algunos vecinos llevan décadas con leyes propias, Chile todavía discute si tener una.
Para una provincia como la del Ranco, donde la lechería, la ganadería y la agricultura sostienen la economía local, esto no es abstracto. Lo que se exporte mañana podría tener que demostrar, con evidencia, que el suelo que lo produjo está sano o que se está regenerando.
Medir para regenerar: una respuesta desde La Unión
La lógica que hoy Europa convierte en ley es la misma que nos movió a fundar Grassland Analysis en La Unión. Durante años vi a agricultores de la zona abandonar sus campos porque estaban demasiado degradados y recuperarlos costaba más de lo que podían pagar. Entendimos que el primer paso era medir.
Eso hacemos hoy: registramos datos sobre la salud de suelos y praderas, identificamos las zonas degradadas y entregamos a cada productor planes semanales de pastoreo basados en mediciones actualizadas. Trabajamos en sistemas ganaderos y agrícolas, en unas 3.700 hectáreas bajo manejo regenerativo en Chile y Colombia, y apuntamos a extendernos a los frutales.
Para medir mejor y a mayor escala, este 2026 trabajamos junto a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en la actualización y mejora de nuestro software. Ese trabajo nos dio la escalabilidad que tanto necesitábamos, nosotros y nuestros clientes, y asegura que los datos que analizamos sean de alta calidad. Además, nos abrió la puerta a un convenio con la Facultad de Ciencias Agronómicas de la misma universidad, para investigar y validar científicamente nuestras metodologías regenerativas.
No lo cuento para hablar de una empresa. Lo cuento porque medir es lo que permite saber si un campo se está degradando o regenerando, y actuar a tiempo. Esa capacidad ya existe en el territorio: los productores del sur que hoy miden la salud de su suelo están generando la evidencia que los mercados y las leyes comenzarán a exigir mañana.
Un llamado a no llegar tarde
Llevo años insistiendo, desde el campo y desde las páginas de este diario, en que la degradación de los suelos no puede seguir siendo un tema invisible. Esta vez, Europa nos da la razón.
Europa decidió que el suelo merece una ley propia y que su salud debe medirse con criterios comunes. Mientras el Congreso avanza, el sur no tiene por qué esperar.
Urge que la Ley Marco de Suelos salga del Senado con recursos reales para medir, no solo con declaraciones. Y urge que el Estado, las universidades y los gremios se apoyen en el conocimiento técnico y productivo de las regiones.
Cuidar el suelo es cuidar la base de nuestra economía, de nuestra comida y de las generaciones que vienen. Medirlo es el primer paso.
Hardy Cárdenas Quichillao
Asesor predial. Fundador y director ejecutivo de Grassland Analysis.
