La controversia política que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, continúa escalando y amenaza con transformarse en uno de los conflictos más complejos para el Gobierno del presidente José Antonio Kast.
El mandatario volvió a respaldar públicamente al secretario de Estado durante su gira por Europa, esta vez desde Roma, donde emplazó a la oposición a presentar la acusación constitucional anunciada hace una semana.
Sin embargo, lejos de disminuir la tensión, sus declaraciones provocaron una nueva respuesta de los sectores opositores y dejaron en evidencia las diferencias que persisten dentro del propio oficialismo.
Según informó Radio Bío Bío, la situación genera especial preocupación en Chile Vamos, particularmente en la UDI, donde un grupo de parlamentarios estaría dispuesto a apoyar la acusación constitucional contra el ministro.
Kast asume responsabilidad política y desafía a la oposición
Desde Italia, el presidente Kast cuestionó la demora de la oposición en presentar el libelo acusatorio, ironizando sobre la aparición de nuevos antecedentes que, según sus declaraciones, estarían postergando la presentación.
El mandatario entregó así un nuevo respaldo a Fernando Rabat, afirmando que “la responsabilidad política la asumí yo”.
La declaración constituye una señal de apoyo al ministro en medio de las críticas por las rebajas de condenas otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos de abuso y violación contra menores de edad, además de otros condenados por delitos de lesa humanidad.
La oposición, por su parte, sostiene que el retraso en la presentación de la acusación responde a la necesidad de acceder a documentación que el Ejecutivo todavía no ha entregado.
Entre los antecedentes solicitados se encuentran los decretos relacionados con las rebajas de condenas, considerados fundamentales para establecer los eventuales fundamentos jurídicos de la acusación.
Oposición rechaza presiones y prepara nueva reunión jurídica
Tras las declaraciones presidenciales, parlamentarios opositores sostuvieron una reunión de aproximadamente una hora en el Congreso Nacional para evaluar el escenario político y los próximos pasos.
El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, cuestionó el emplazamiento del mandatario y sostuvo que la oposición no permitirá que el Ejecutivo determine los tiempos de su actuación parlamentaria.
Desde ese sector insisten en que la prioridad debe estar puesta en las víctimas y en esclarecer las circunstancias que permitieron las rebajas de condenas.
La oposición tiene previsto realizar este jueves una nueva reunión pública con sus abogados, con el objetivo de avanzar en la elaboración de una acusación constitucional jurídicamente sólida.
De acuerdo con Radio Bío Bío, entre los parlamentarios existe también la evaluación política de no apresurar la presentación, considerando que la controversia ya está generando diferencias dentro de los partidos que respaldan al Gobierno.
Ministro Rabat anuncia entrega de decretos con resguardo de información sensible
Uno de los puntos centrales de la disputa es el acceso a los documentos oficiales relacionados con los beneficios cuestionados.
Frente a las solicitudes parlamentarias, el ministro Fernando Rabat señaló que el Gobierno trabajará para entregar los decretos correspondientes desde 2022 en adelante.
No obstante, precisó que dicha entrega deberá realizarse resguardando la información sensible, especialmente aquella cuya divulgación pudiera provocar una nueva afectación a las víctimas.
La documentación podría resultar determinante para la elaboración del libelo, ya que permitiría a los parlamentarios examinar los fundamentos administrativos y jurídicos de las decisiones cuestionadas.
Diputados de la UDI mantienen abierta la posibilidad de apoyar la acusación
Aunque el Partido Republicano ha defendido la continuidad del ministro, el panorama es menos favorable para La Moneda entre algunos parlamentarios de Chile Vamos.
El diputado republicano Agustín Romero acusó a la izquierda de utilizar políticamente la acusación constitucional y cuestionó que una eventual salida de Rabat pudiera resolver la controversia.
Sin embargo, dentro de la UDI existen posiciones diferentes.
Los diputados Marlene Pérez y Hotuiti Teao han manifestado su disposición a evaluar favorablemente la acusación constitucional, pese a los llamados a mantener la unidad oficialista.
En el caso de Teao, Radio Bío Bío informó que el parlamentario recibió un llamado del propio presidente Kast, aunque sostuvo que esa conversación no modificaría su posición frente a la eventual votación.
La situación representa un desafío para el Ejecutivo, que necesita mantener alineadas a sus bancadas parlamentarias para enfrentar una acusación constitucional.
Reunión con ministros evidenció incomodidad en la UDI
Las diferencias quedaron de manifiesto durante un encuentro realizado la noche del lunes en la vivienda de Rodrigo Pinochet, coordinador legislativo de la bancada UDI en la Cámara de Diputados.
En la reunión participaron el vicepresidente Claudio Alvarado y el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas.
Según antecedentes recogidos por Radio Bío Bío, el encuentro no habría sido hostil, pero sí estuvo marcado por un ambiente de incomodidad ante las distintas posiciones respecto de la permanencia del ministro de Justicia.
El medio informó que cerca de diez parlamentarios de la UDI estarían dispuestos a aprobar la acusación constitucional.
Incluso, durante las conversaciones se habría planteado la posibilidad de que Rabat dejara su cargo antes de la votación, de manera que los diputados pudieran pronunciarse sobre la responsabilidad de un exministro y no de un secretario de Estado en ejercicio.
Esta alternativa refleja la profundidad de las diferencias políticas que enfrenta el Ejecutivo, aunque no constituye una decisión formal del partido ni del Gobierno.
Una controversia que amenaza con profundizar la división oficialista
El conflicto mantiene abiertos dos escenarios políticos paralelos.
Por una parte, la oposición busca reunir antecedentes suficientes para presentar una acusación constitucional que pueda superar el debate jurídico y parlamentario.
Por otra, el Gobierno intenta sostener su respaldo a Fernando Rabat mientras enfrenta cuestionamientos de diputados pertenecientes a su propia coalición de apoyo.
El desenlace dependerá tanto del contenido de los antecedentes solicitados como de las decisiones que adopten las bancadas parlamentarias una vez que la acusación sea presentada.
Por ahora, el respaldo presidencial no ha logrado disipar las tensiones y el futuro político del ministro de Justicia continúa siendo motivo de disputa entre el Ejecutivo, la oposición y sectores del oficialismo.
