Un nuevo antecedente sobre las reducciones de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad vuelve a situar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el centro de la controversia.
Esta vez se trata de Margarita Angélica Villegas Lagos, de 55 años, condenada a 15 años de presidio por delitos de violación y abuso sexual cometidos contra estudiantes menores de 14 años del Colegio Apoquindo, en Santiago.
Según antecedentes publicados por ADN Radio, la mujer recibió una rebaja de 16 meses de su condena mediante un decreto emitido el 17 de abril de 2026, durante la administración del presidente José Antonio Kast.
El caso adquiere especial relevancia porque Rabat, antes de asumir como ministro, había participado como abogado en una causa civil relacionada con los mismos hechos, representando a uno de los propietarios del establecimiento educacional frente a las demandas indemnizatorias de las familias afectadas.
La reducción de condena forma parte de los beneficios concedidos a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores durante la actual administración, según los antecedentes difundidos por el citado medio.
Los delitos que conmocionaron al Colegio Apoquindo
Los hechos se remontan a 2012, cuando se conocieron graves delitos sexuales cometidos contra estudiantes del Colegio Apoquindo.
La investigación penal estableció que Margarita Villegas y su marido, Esteban Alonso Moya Godoy, ambos vinculados laboralmente al establecimiento, trasladaban a menores hasta una vivienda ubicada dentro del recinto educacional, donde cometían las agresiones.
Villegas fue condenada a 15 años de cárcel, mientras que su esposo recibió una sentencia de 11 años de presidio.
El caso provocó una profunda crisis en la comunidad escolar y derivó en diversas acciones judiciales, tanto penales como civiles.
Posteriormente, el establecimiento fue vendido a la red educacional Mayflower.
Rabat representó a uno de los propietarios del colegio
Uno de los antecedentes revelados es la participación profesional que tuvo Fernando Rabat en la arista civil del caso.
Entre 2014 y 2023, el actual ministro de Justicia actuó como abogado de Sebastián Navarrete, uno de los propietarios del Colegio Apoquindo, en el proceso iniciado por las familias de los estudiantes afectados.
Los demandantes buscaban obtener una reparación económica por los delitos cometidos contra sus hijos y dirigieron sus acciones contra los responsables de las agresiones, directivos y sociedades vinculadas al establecimiento.
Inicialmente, las familias solicitaron indemnizaciones por un total de $6.400 millones.
En 2019, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago estableció una indemnización de $1.600 millones, monto que posteriormente fue reducido por la Corte de Apelaciones a $570 millones.
Esta última cifra fue ratificada por la Corte Suprema a comienzos de 2023.
La participación de Rabat correspondió a la defensa civil de uno de los propietarios del establecimiento y no a la representación penal de Margarita Villegas.
¿Por qué se redujo la condena de la mujer?
La rebaja de 16 meses no surgió de una solicitud iniciada durante la actual administración, sino de un procedimiento judicial que comenzó en 2022.
En una primera instancia, la Comisión de Reducción de Condena rechazó la petición de Villegas, considerando las restricciones legales que excluían del beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra menores.
Sin embargo, la condenada recurrió a la Corte de Apelaciones de San Miguel.
En 2023, dicho tribunal ordenó que su solicitud fuera examinada conforme a la legislación vigente cuando se cometieron los delitos, en 2012.
Posteriormente, Villegas obtuvo calificaciones de conducta sobresaliente correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, antecedentes relevantes para acceder al mecanismo de reducción de condena.
En febrero de 2026, cuando el Ministerio de Justicia era encabezado por Jaime Gajardo, la solicitud volvió a ser rechazada.
No obstante, en abril del mismo año, la Corte Suprema ordenó emitir el decreto que concedía el beneficio.
Decreto fue firmado durante la gestión de Fernando Rabat
El 17 de abril de 2026 se dictó el Decreto Exento N.º 1152, mediante el cual se materializó la reducción de 16 meses de la pena impuesta a Margarita Villegas.
La resolución administrativa fue emitida durante la gestión del ministro Fernando Rabat, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema.
Originalmente, la condena de la mujer debía finalizar el 2 de julio de 2027.
Es importante precisar que, de acuerdo con los antecedentes publicados, la rebaja fue ordenada judicialmente y no correspondió a una decisión discrecional adoptada por el ministro.
Asimismo, la información disponible no acredita que Rabat haya intervenido como abogado de Villegas en el proceso penal ni que su anterior representación civil haya influido en la resolución judicial que permitió reducir la condena.
Esposo de la condenada también obtuvo una rebaja
El caso presenta otro antecedente relevante: Esteban Alonso Moya Godoy, esposo de Villegas y condenado por los delitos cometidos contra los estudiantes, también recibió una reducción de su sentencia.
En diciembre de 2021, la Corte Suprema ordenó concederle una rebaja de 22 meses respecto de su condena original de 11 años de presidio.
Según los antecedentes publicados, este beneficio le permitió recuperar su libertad.
La decisión se produjo varios años antes de la reducción concedida a Villegas y durante una administración distinta.
Nuevos antecedentes reabren el debate por las rebajas de condenas
La revelación se suma a los cuestionamientos surgidos por la reducción de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
En este caso, la controversia incorpora un elemento adicional: la anterior participación profesional del actual ministro de Justicia en una causa civil vinculada con las mismas víctimas.
Sin embargo, los antecedentes también establecen que la rebaja de condena fue consecuencia de un procedimiento judicial iniciado años antes y de una orden de la Corte Suprema que el Ministerio de Justicia debía ejecutar.
El caso vuelve a poner en discusión los alcances de la Ley 19.856, los criterios para conceder reducciones de condena y la aplicación de modificaciones legales a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia.
