El resultado de esta acción fiscalizadora fue consignado en el Informe Final de Investigación Especial N° 245 de 2026, que evidenció que la entidad edilicia adquirió, durante 2025, un terreno de 5.911 m2 por un total de $567.077.049, precio que fue determinado mediante el promedio de 3 tasaciones comerciales.
Sin embargo, el servicio no acreditó un análisis de las significativas diferencias existentes entre los valores de dichas tasaciones, pagando $424.177.357 más que el valor determinado en la tasación más baja y 16,9 veces el avalúo fiscal de la propiedad.
También, se constató que en el contrato no se consideraron las restricciones normativas y urbanísticas que afectan al inmueble adquirido, aspecto relevante para determinar la procedencia y conveniencia de la compra.
Asimismo, el municipio no logró comprobar los fundamentos por los que se autorizó la adquisición del terreno, careciendo de precisión y antecedentes que respalden la necesidad de la compra. Tampoco se justificó la decisión de recurrir a la modalidad de trato directo para la materialización de dicha contratación.
Por lo anterior, la CGR instruyó un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su acción u omisión permitieron la ocurrencia de los hechos descritos y remitió el informe a la Fiscalía Regional del Ministerio Público para su conocimiento y fines pertinentes.
