Concejales de Río Bueno aún no recurren al Tribunal Electoral tras la prisión preventiva del alcalde Luis Reyes

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que basta con dos de los seis concejales de Río Bueno para presentar un requerimiento de remoción del alcalde ante el Tribunal Electoral Regional. Sin embargo, al 17 de noviembre de 2026, no existe constancia pública de que los actuales concejales hayan ejercido esta facultad legal respecto de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la formalización de Luis Reyes Álvarez.

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17 de noviembre de 2026.

Han transcurrido casi cuatro semanas desde que el Juzgado de Garantía de Río Bueno decretara la prisión preventiva del alcalde Luis Reyes Álvarez, formalizado por los presuntos delitos reiterados de cohecho agravado y lavado de activos, en el marco de una investigación por eventuales hechos de corrupción municipal.

Mientras la investigación penal continúa y el municipio se aproxima a una eventual elección de alcalde suplente, existe un procedimiento establecido en la legislación municipal que permite perseguir eventuales responsabilidades por contravención grave a las normas de probidad administrativa o notable abandono de deberes.

Se trata de un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER), cuya presentación, para las causales relacionadas con los hechos investigados, corresponde exclusivamente a los concejales.
En Río Bueno, basta con que dos de los seis integrantes del Concejo Municipal ejerzan conjuntamente esta facultad legal.

Sin embargo, al 17 de noviembre de 2026, no existe constancia pública de que los actuales concejales hayan presentado ante el Tribunal Electoral Regional un nuevo requerimiento fundado en los antecedentes expuestos por la Fiscalía durante las jornadas de formalización de octubre.

Fiscalizar las actuaciones del alcalde es una responsabilidad establecida en la ley

Una de las principales funciones de los concejales es fiscalizar las actuaciones del alcalde y la forma en que se administra la municipalidad.
El artículo 71 de la Ley N.º 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que el Concejo Municipal es un organismo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador.

Por su parte, entre las atribuciones que establece el artículo 79 de la misma legislación se encuentran las siguientes:

• Fiscalizar las actuaciones del alcalde.
• Fiscalizar la ejecución del presupuesto municipal.
• Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión.
• Solicitar información a los organismos y funcionarios municipales, a través del alcalde.
• Fiscalizar las distintas unidades y servicios municipales.
• Formular observaciones a las actuaciones del alcalde, las que deberán ser respondidas por escrito dentro de un plazo máximo de quince días.

El artículo 80 amplía estas atribuciones, incorporando la evaluación de la gestión del alcalde y la verificación de que las actuaciones municipales se ajusten a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el Concejo Municipal.
Asimismo, el artículo 87 reconoce el derecho individual de cada concejal a solicitar información sobre el funcionamiento de la municipalidad.

Estas disposiciones permiten a los concejales examinar contratos, solicitar informes técnicos y financieros, revisar antecedentes de licitaciones, conocer el estado de ejecución de las obras públicas y requerir explicaciones respecto de las decisiones adoptadas por la administración municipal.

A estas atribuciones se suma la facultad de recurrir ante el Tribunal Electoral Regional.

Solo se necesitan dos concejales para solicitar la remoción del alcalde

El artículo 60, letra c), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece tres causales por las cuales un alcalde puede ser removido de su cargo.

• Impedimento grave.
• Contravención grave a las normas de probidad administrativa.
• Notable abandono de sus deberes.

La probidad administrativa, consagrada en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y desarrollada en el artículo 52 de la Ley N.º 18.575, exige que las autoridades públicas ejerzan sus funciones de manera honesta, íntegra y leal, anteponiendo el interés general a sus intereses particulares.

Por otra parte, la legislación establece que puede configurarse un notable abandono de deberes cuando una autoridad incumple de manera inexcusable, manifiesta o reiterada las obligaciones que le imponen la Constitución y las normas que regulan el funcionamiento municipal, o cuando una actuación u omisión que le sea atribuible ocasiona un grave perjuicio al patrimonio municipal y afecta gravemente las actividades destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad.

Para iniciar este procedimiento, la legislación establece, como regla general, que el requerimiento debe ser presentado por al menos un tercio de los concejales en ejercicio.

Actualmente, el Concejo Municipal de Río Bueno está integrado por los siguientes concejales:

• Daniel Quezada Pérez.
• Waldo Flores Anderson.
• Valeska Prieto Muñoz.
• Patricia Rojas Medina.
• Yuli Estrada.
• Norma Baldovino Uribe.

Dos de estas seis autoridades pueden presentar conjuntamente un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional de Los Ríos.

No necesitan contar con la aprobación de la mayoría del Concejo Municipal, con la autorización del alcalde ni con el respaldo de la administración municipal. Incluso, la propia legislación establece expresamente que para este procedimiento no se requiere patrocinio de abogado.
Este mecanismo lo pueden ejercer únicamente los concejales. Es una facultad propia de su cargo.
Enviar los antecedentes al Tribunal Electoral no pueden hacerlo particulares, ni los ciudadanos, ni las organizaciones sociales, ni las instituciones como la Fiscalía y la Contraloría General de la República. Ningún organismo ni persona puede sustituir a los concejales en la presentación de este requerimiento específico al TER.

Son los concejales quienes están facultados para iniciar el procedimiento y es el Tribunal Electoral Regional el encargado de examinar los antecedentes y resolver si se configuran las causales invocadas.

Los antecedentes expuestos por la Fiscalía

El 19 de octubre de 2026 comenzó la audiencia de formalización de la investigación penal contra el alcalde Luis Reyes Álvarez y otros imputados, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción municipal.

El 21 de octubre, el Juzgado de Garantía de Río Bueno decretó la prisión preventiva del alcalde.

Posteriormente, su defensa recurrió ante la Corte de Apelaciones de Valdivia para intentar revertir la resolución. El 29 de octubre, el tribunal de alzada confirmó unánimemente la medida cautelar, decisión informada oficialmente por el Poder Judicial.

La investigación es extensa y también comprende eventuales irregularidades en procesos de licitación, requisitos incorporados en las bases administrativas, criterios de evaluación de ofertas, pagos a contratistas y fiscalización de obras municipales.

La investigación penal continúa y todos los imputados tienen derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

Obras investigadas por la Fiscalía ya eran conocidas por el actual Concejo Municipal

Parte de los contratos mencionados durante la formalización corresponde a obras de infraestructura pública que ya habían sido objeto de cuestionamientos al interior del actual Concejo Municipal de Río Bueno.

Uno de estos proyectos es la reposición del Cuartel de Bomberos de Crucero, obra que ha presentado desperfectos constructivos y que ha sido objeto de observaciones por parte de la Contraloría Regional de Los Ríos. Esto también incluye obras en establecimientos educacionales de la comuna.

Estos proyectos también figuran entre los contratos mencionados por la Fiscalía durante la investigación penal.

Por lo tanto, parte de las materias abordadas durante la formalización de octubre de 2026 ya eran conocidas en sesiones del actual Concejo Municipal de Río Bueno.
Pero a la fecha no existe constancia pública de que dos o más concejales hayan presentado conjuntamente ante el Tribunal Electoral Regional un requerimiento basado en los antecedentes expuestos durante la formalización del alcalde Luis Reyes Álvarez.

En 2022 se presentó un requerimiento fuera del plazo legal

Los cuestionamientos respecto de la gestión municipal de Luis Reyes Álvarez y las acciones ante el Tribunal Electoral Regional tienen antecedentes anteriores a la actual investigación penal.

El 13 de abril de 2022, el entonces Concejo Municipal de Río Bueno acordó remitir antecedentes al Tribunal Electoral Regional de Los Ríos, luego de conocer los resultados de un procedimiento disciplinario desarrollado por Contraloría respecto de la anterior administración municipal de Luis Reyes.

Entre los hechos abordados se encontraba una modificación presupuestaria por $336.306.000, autorizada mediante un decreto alcaldicio del 29 de diciembre de 2017, sin contar con la correspondiente aprobación del Concejo Municipal, según los antecedentes difundidos en aquella oportunidad.
La presentación buscaba establecer eventuales responsabilidades de Luis Reyes, quien en ese momento ejercía funciones como concejal.

Sin embargo, el 8 de junio de 2022 se informó que el Tribunal Electoral Regional de Los Ríos había declarado inadmisible el requerimiento, correspondiente a la causa rol N.º 3717-2022, por haber sido presentado fuera del plazo establecido por la legislación.

El requerimiento de 2025 no contó con el respaldo de un segundo concejal

El 6 de junio de 2025, el concejal Waldo Flores Anderson presentó un nuevo requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional de Los Ríos.

En esta oportunidad, solicitó la inhabilitación de Luis Reyes Álvarez para ejercer cargos públicos durante cinco años, por hechos que, a juicio del concejal, constituían infracciones graves a las normas de probidad administrativa durante el período en que Reyes se desempeñó como concejal, entre 2021 y 2024.
Los antecedentes de aquella presentación estaban relacionados principalmente con la participación de Luis Reyes en votaciones del Concejo Municipal vinculadas a juicios laborales contra la municipalidad.

El 21 de julio de 2025, el Tribunal Electoral Regional rechazó el requerimiento en primera instancia, debido a que había sido presentado únicamente por el concejal Waldo Flores, sin alcanzar el mínimo de un tercio de los concejales en ejercicio exigido por la legislación.
En aquella oportunidad, bastaba con que otro integrante del actual Concejo Municipal concurriera a la presentación para cumplir con el número mínimo de concejales exigido por la ley.

De esta manera, las dos acciones anteriores ante el Tribunal Electoral Regional enfrentaron obstáculos jurídicos diferentes. En 2022, se trató de una presentación fuera del plazo legal y, en 2025, de una presentación que no reunió el número mínimo de concejales requerido.

La investigación penal no reemplaza las responsabilidades fiscalizadoras de los concejales

El artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que la fiscalización desarrollada por la Contraloría General de la República no excluye las facultades de fiscalización interna que corresponden al Concejo Municipal y a las demás autoridades y unidades municipales competentes.
Asimismo, dispone que, cuando Contraloría determina mediante un procedimiento disciplinario la existencia de responsabilidad administrativa de un alcalde, debe remitir los antecedentes al Concejo Municipal para los efectos establecidos en el artículo 60, letra c).

La investigación penal y el procedimiento ante el Tribunal Electoral Regional tienen objetivos y alcances jurídicos diferentes.
Mientras la Fiscalía investiga la eventual comisión de delitos y los tribunales de justicia determinan las responsabilidades penales, la legislación municipal entrega a los concejales facultades propias para fiscalizar y promover acciones ante la justicia electoral.

La elección de un alcalde suplente no implica la remoción del alcalde titular

Otro de los escenarios que enfrenta actualmente el Concejo Municipal de Río Bueno es la eventual elección de un alcalde suplente.

El artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que, cuando un alcalde se encuentra afectado por una incapacidad temporal superior a 45 días, corresponde al Concejo Municipal, bajo las condiciones establecidas en la ley, elegir a un alcalde suplente de entre sus integrantes.

Sin embargo, la elección de un alcalde suplente y la remoción del alcalde titular son dos procedimientos jurídicamente diferentes.
La elección de un alcalde suplente tiene como finalidad garantizar la continuidad de la administración municipal ante la imposibilidad temporal del titular de ejercer sus funciones.

El procedimiento de remoción, en cambio, busca establecer la existencia de alguna de las causales legales que pueden determinar la pérdida definitiva del cargo.
Por lo tanto, una eventual elección de alcalde suplente no resuelve las posibles responsabilidades administrativas del alcalde titular ni impide que los concejales ejerzan sus atribuciones ante el Tribunal Electoral Regional.

A 17 de noviembre, sin constancia pública de una nueva presentación ante el TER

Han transcurrido 29 días desde el inicio de la audiencia de formalización y 27 días desde que el Juzgado de Garantía de Río Bueno decretara la prisión preventiva del alcalde Luis Reyes Álvarez.
Durante este período, se han conocido públicamente los antecedentes expuestos por la Fiscalía, las imputaciones formuladas contra el alcalde, las sumas de dinero involucradas en la investigación y la resolución unánime de la Corte de Apelaciones de Valdivia que confirmó la prisión preventiva.

Mientras la investigación penal continúa y el municipio se aproxima a una eventual elección de alcalde suplente, existe una atribución legal cuyo ejercicio, para las causales señaladas, corresponde exclusivamente a los concejales.
Para iniciar el procedimiento se requiere la participación de dos de ellos. Para determinar si los antecedentes justifican la remoción del alcalde, la competencia corresponde al Tribunal Electoral Regional.

En otras comunas del país los concejales sí han recurrido al Tribunal Electoral Regional

La presentación de requerimientos ante los tribunales electorales regionales en el contexto de investigaciones por corrupción municipal tiene diversos precedentes en Chile.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en Algarrobo. El 23 de noviembre de 2023, el alcalde José Luis Yáñez fue formalizado por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho, quedando en prisión preventiva. Apenas un día después, el 24 de noviembre, los concejales concurrieron al Tribunal Electoral Regional de Valparaíso para solicitar su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En Rancagua, cuatro concejales presentaron un requerimiento de remoción contra el alcalde Juan Ramón Godoy incluso antes de su formalización penal. Durante la tramitación del procedimiento, el propio Tribunal Electoral Regional solicitó al Ministerio Público los antecedentes expuestos por la Fiscalía durante la audiencia de formalización.

En Puerto Montt, cuatro concejales solicitaron la remoción del alcalde Gervoy Paredes, quien posteriormente fue formalizado y quedó en prisión preventiva por delitos de corrupción. Su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años fueron ratificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones.

Estos casos demuestran que los concejales cuentan con atribuciones legales que pueden ejercer independientemente del desarrollo de una investigación penal.

En Río Bueno, a 27 días de decretada la prisión preventiva del alcalde Luis Reyes Álvarez, no existe constancia pública de que los actuales concejales hayan ejercido esta facultad respecto de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la formalización de octubre de 2026.
Tampoco se conoce públicamente la posición individual de los seis concejales respecto de la presentación de este eventual requerimiento ni los fundamentos jurídicos de sus respectivas decisiones sobre el ejercicio de esta facultad.

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