El lunes 9 de mayo la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén aprobó, por once votos a favor y una abstención, el proyecto HidroAysén para la construcción de cinco centrales hidroeléctricas que inundarán un total de 6 mil hectáreas, destruyendo los ríos Baker y Pascua, así como diversos ecosistemas de la Patagonia chilena. El proyecto prevé también un trazado terrestre y submarino para la conducción de la energía, con antenas de alta tensión que atravesarán siete regiones del país.
Esta aprobación viene precedida de diversas denuncias de irregularidades en el proceso y de una fuerte presión por parte del ejecutivo para que se apoye el proyecto, lo que deja evidencia las múltiples limitaciones de la institucionalidad chilena para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, para proteger el medio ambiente, y en última instancia, para garantizar una democracia robusta sustentada en un sistema político transparente y participativo.
La decisión evidencia la ausencia de mecanismos para una efectiva participación ciudadana en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la nueva institucionalidad en la materia. En efecto, proyectos como el de HidroAysén, obtienen del estado permisos ambientales sin que se considere de manera efectiva la voz de las comunidades que se verán afectadas. De este modo, la participación ciudadana sigue siendo un mero procedimiento formal, en donde las comunidades afectadas no tienen poder para incidir en las decisiones de los evaluadores públicos. Mientras que las decisiones sobre el futuro de las regiones siguen siendo en la práctica adoptadas por el poder político central, dado que las autoridades regionales como las que componen la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, son funcionarios públicos nombrados por el Presidente de la República en Santiago, y no por la ciudadanía regional.
Lo más cuestionable es que ha sido una constante en la aprobación de proyecto de inversión de alto impacto ambiental la vulnerabilidad de las autoridades políticas a los grupos de poder y este proyecto no es la excepción. Así ha sido establecido recientemente por una Comisión fiscalizadora de la Cámara de Diputados que evidencia faltas graves a la probidad administrativa en la aprobación de todos los proyectos energéticos en Chile, en particular los proyectos hidroeléctricos, lo que se ha manifestado en la flexibilidad de los controles ambientales a estas inversiones, poniendo en serio riesgo el patrimonio ambiental de todos los chilenos.
Por ello, y tras conocerse la resolución, han sido miles las personas se han manifestado públicamente en rechazo a la aprobación gubernamental de HidroAysén, en actos y marchas convocadas por organizaciones ambientales y ciudadanas a lo largo del país. El gobierno lejos de reaccionar a la legítima demanda ciudadana ha reprimido brutalmente las manifestaciones, resultando varios manifestantes heridos o detenidos. Entre ellos, la directora de la ONG medioambiental Chile Sustentable, Sara Larraín, y un diputado de la República, pese a que la convocatoria contaba con autorización de la Intendencia. Los jueces de garantía consideraron ilegales las detenciones y abusivo el actuar de las policías, por lo que todos los detenidos fueron dejados en libertad. En Valparaíso, en tanto, se inició un sumario para establecer las identidades de los carabineros que golpearon con palos y en forma reiterada a un manifestante, hasta abatirlo en el suelo.
Al respecto, cabe destacar que el derecho de reunión pacífica, sin permiso previo, es un derecho básico reconocido en tratados internacionales de derechos humanos e incluso en la propia Constitución Política de 1980, pero que fue restringido por un Decreto Supremo de la dictadura en 1983. Y que pese a las modificaciones que se hicieron a la justicia militar el 2010, para sacar de su jurisdicción a los civiles por carecer ésta de imparcialidad y garantías para un debido proceso, no se eliminó su competencia para conocer delitos que cometen carabineros en contra de civiles, lo que deja este actuar represivo y sistemático en la impunidad.
El Observatorio Ciudadano hace un llamado al Presidente de la República a fin de que garantice la vigencia del sistema político democrático chileno, que tanto nos ha costado construir. En este marco, solicitamos interponga sus buenos oficios para que en la instancia que corresponda se revise la decisión que aprueba la construcción de la Central Hidroeléctrica Hidroaysén y se evalúen efectivamente los impactos del proyecto en todas sus fases (central Hidroeléctrica y tendido eléctrico) sobre el medio ambiente y las comunidades locales. Además, exigimos al Presidente proveer garantías a la ciudadanía para el ejercicio de su derecho fundamental a manifestarse y reunirse en la prosecución de sus intereses comunes.
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Área de Comunicaciones
Observatorio Ciudadano
