Nuevo allanamiento Wente Winkul Mapu.
· Los hechos se produjeron ayer en la madrugada en la comunidad Wente Winkul Mapu en la comuna de Ercilla, misma que el pasado 02 de abril fue objeto de otro allanamiento encabezado por el fiscal Chamorro y que costó la vida del Sargento de Carabineros Hugo Albornoz.
· Este caso será puesto en conocimiento del Relator de Naciones Unidas para los Derechos de Pueblos Indígenas, James Anaya.
· La problemática de fondo es que la comunidad demanda la restitución de 2.500 hectáreas, actualmente en manos de las Forestales Cautín, Mininco y del particular Juan de Dios Fuentes.
Un nuevo allanamiento de Carabineros a la comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla, efectuada alrededor de las 6 y media de ayer jueves 7 de junio, dejó como saldo varios comuneros mapuche heridos. El hecho sería producto de una orden de detención contra el comunero Erik Montoya, acusado del delito de homicidio frustrado en contra de Carabineros y contra el agricultor Juan de Dios Fuentes, hecho que investiga el fiscal Luis Chamorro.
Según denunció mediante un contacto telefónico el werken Daniel Melinao, los funcionarios ingresaron violentamente y “dejaron como saldo diez hermanos heridos, tres de ellos grave, Erick Montoya, Segundo Montoya y Venancio Montoya, este último es el kimche de 78 años de edad, pero el más grave que estaba convulsionando fue Erick”, comentó. Producto del actuar policial resultaron también heridos dos niños de iniciales A.M. y A.M., de 12 y 15 años de edad, respectivamente.
Melinao hizo un llamado a las organizaciones mapuche, sociales y de derechos humanos a manifestarse en contra de este nuevo hecho de violencia que afecta a su comunidad, después del lamentable acontecimiento del pasado 02 de abril y que dejó como saldo la muerte del Sargento de Carabineros, Hugo Albornoz.
Katia Guzmán, directora subrogante del Servicio de Salud Araucanía, confirmó que fueron en total siete los mapuche y tres los carabineros heridos, aclarando que todos ellos llegaron “con lesiones de carácter leves”. Tres de ellos presentaban impactos de “balines de goma alojados en distintas partes de su cuerpo”, dos de los cuales fueron trasladados desde Collipulli al Hospital de Angol por la gravedad de sus heridas, debido a la presencia de perdigones alojados en su cuello, según explicó la autoridad de Salud, donde serían sometidos a una cirugía para intentar extraer la munición, según informó Radio Biobio.
Guzmán informó, asimismo, que el kimche (persona sabia) de la comunidad quedó internado en el recinto asistencial de Collipulli. Los niños solo presentaban “erosiones, probablemente atribuidas a caídas”, mientras que contusiones el resto de los herido, siendo dados de alta.
Reacciones desde los derechos humanos
Para José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, calificó el hecho como preocupante, porque es una acción reiterada y que en esta ocasión además cobra víctimas en niños, lo que ha preocupado a diversas instancias internacionales.
“Más allá de los hechos que pudiesen haber motivado el allanamiento, que como organismos de derechos humanos también nos preocupan, nada justifica que los agentes policiales del estado actúen de la manera en que lo hacen; indiscriminadamente y causando heridas que podrían provocar la muerte de algún integrante de la comunidad. Todo parece indicar que los funcionarios policiales no están siguiendo directrices del ordenamiento jurídico interno, tampoco -y menos aún- de las directrices internacionales relativos a la proporcionalidad en el uso de armas de fuego y el respeto de los derechos de las personas en el ejercicio de sus funciones”, señaló el abogado.
Relator James Anaya y derecho a tierras ancestrales
Aylwin anunció que los hechos se pondrán en conocimiento del Relator Especial de Naciones Unidas de Derechos Indígenas, James Anaya, así como de otras instancias internacionales de derechos humanos “porque esta situación se hace realmente insostenible”, sostuvo. “El estado es el garante del bien común y si bien pueden haber hechos de violencia que se investigan en que han sido imputadas personas mapuche, eso no justifica que el estado actúe como lo ha hecho ayer en la mañana”, dijo.
Por otro lado, hay un problema de fondo que no ha sido abordado por el estado, que es el problema de la privación de tierras ancestrales y legales a la comunidad. La que ha sido reducida a un mínimo de tierras, en circunstancia que lleva años en un proceso legal de reinvindicación para que les sean restituidas.
En efecto, la comunidad Wente Winkul Mapu se conformó el 2008 y fue legalizada el 2010 por 35 jóvenes familias, todos ex miembros de la comunidad “José Millacheo Levio”, del mismo sector de Chequenco en la comuna de Ercilla. “La mayoría vivimos de allegados”, señalaba el werken Melinao el pasado 12 de abril.
Reivindican 2.500 hectáreas, provenientes en parte del Título de Merced José Millacheo Levio, además de territorio ancestral, de acuerdo a los testimonios de “Kimche” “Che ke che” (ancianos sabios). Actualmente estas tierras están en manos de las Forestales Cautín, Mininco y del particular Juan de Dios Fuentes. Existiendo al interior de dicha propiedad, plantados con eucalíptos, un cementerio perteneciente a los mapuche.
Según la investigación historiográfica “Las razones del llkun/enojo”, de Martín Correa y Eduardo Mella, los orígenes de la lucha de esta comunidad están en los inicios del siglo IX (1900), cuando el estado chileno entrega en las antiguas tierras del gran Lonko Manuel Pillan, el Título de Merced José Millacheo Levio, Titulo de Merced Nº 1611, Chequenco, hijuela Nº 381, de 338 hectáreas de terreno. Sin embargo, las familias de los Loloco, lugar donde está emplazada parte de la comunidad, no fueron radicados por título de merced. No obstante, hasta la actualidad son propietarios de la hijuela N° 376, de 715 hectáreas, la que fue expropiada en 1961 al fundo Chiguaihue, y dividida en 1984 en 37 hijuelas, según el mencionado libro.
Esto explica la actual movilización y por qué se llega a esta situación de escasez de tierras. Según Martín Correa, “las tierras en conflicto forman parte del territorio antiguo de las familias de Chequenco; y que al momento de radicar, de reducir territorialmente a las familias mapuche, el estado chileno no les reconoció el dominio, adjudicándolas a la familia Mackay, quienes dieron forma al entonces gran fundo Chiguaihue en la década de 1890.
Al respecto, el abogado José Aylwin aclara que “uno de los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT es que el estado debe establecer procedimientos adecuados que permitan hacer efectiva la reclamación por aquellas tierras de las que los pueblos indígenas han sido privados, este es el caso y todo parece indicar que el procedimiento que hoy existen, en este caso, no son efectivos”, finaliza.
Por Elías Paillan C./www.observatorio.cl
