Los parlamentarios aprobaron la totalidad de las indicaciones presentadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Dentro de los temas más polémicos, destaca la aprobación de las licitaciones, el refuerzo de la institucionalidad dedicada a la investigación científica del sector y la reposición del régimen jurídico que regula la propiedad de los recursos pesqueros del país.
La votación se realizará este miércoles 18 de julio a las 11:00 horas en el Congreso Nacional.
Valparaíso, 18 de julio de 2012.- En la sesión especial, celebrada este martes 17 de julio, el Ejecutivo -representado por el Ministro de Economía, Pablo Longueira-, el equipo técnico y los 13 diputados de la Comisión de Hacienda, analizaron las indicaciones que no habían obtenido unanimidad en la Comisión de Pesca, durante la semana pasada.
Al respecto el secretario de Estado reiteró la importancia del principio que inspira este proyecto. “Esperamos que los parlamentarios aprueben estas indicaciones, que ya han logrado una amplia mayoría en las comisiones de Pesca y Hacienda. Tal como lo hemos señalado, esta es la ley que el país necesita para garantizar la sustentabilidad de sus recursos pesqueros. Estamos cambiando la institucionalidad que regula la pesca artesanal e industrial, para que sean razones científicas y no consideraciones políticas o sectoriales, las que decidan cómo se administra este sector”, expresó.
“Invito a aquellos que señalan que esta ley terminará con la pesca artesanal, a leer en detalle el proyecto y comprobar que esta iniciativa, lejos de perjudicarlos, beneficia ampliamente a los pescadores artesanales de menor tamaño, otorgándoles la explotación exclusiva de la primera milla y eximiéndolos del pago de patentes y la obligatoriedad de contar con posicionadores satelitales y certificaciones. Esto último sólo se establece para las embarcaciones de mayor tamaño, que representan el 8% de este grupo y sin embargo, capturan el 50% de todos los recursos pesqueros del país”, concluyó.
En este mismo contexto, el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, aseguró que “la única manera de terminar con la pesca artesanal es depredando los recursos, pero si logramos recuperar el estado de las pesquerías, la ley asegura un fraccionamiento donde más del cincuenta por ciento de los recursos serán extraídos por la pesca artesanal. No hay otro sector económico donde la ley asegure a los más pequeños una participación tan determinante del mercado”.
Además, Galilea agregó que en esta iniciativa legal “se acogieron todas las recomendaciones del Tribunal de la Libre Competencia en torno a que las licencias sean transferibles, divisibles y objeto de todo instrumento jurídico. Lo anterior significa que “se pueden heredar y enajenar”, además –apuntó- que con la entrada en vigencia de este cuerpo legal “las licencias estarán ligadas a la cuota y no a la nave, como sucede en la actual ley. Todo ello posibilita la entrada de nuevos actores”, explicó Galilea.
En Comisión de Hacienda
Dentro de los puntos más polémicos abordados por la Comisión de Hacienda, destaca el rechazo de la indicación N°1, que buscaba modificar el actual derecho de propiedad de los peces, asignándolo al Estado de Chile. El argumento de la Comisión en este punto fue que estos recursos ya contaban con un régimen jurídico suficiente, establecido en la Convención de Derechos del Mar y el Código Civil, donde se tipifican como res nullius, estableciendo el modo de obtenerlos, a través de la actividad pesquera extractiva.
Otro de los acuerdos alcanzados por la comisión es la reposición de las licitaciones, de parte de la cuota asignada de manera histórica al sector industrial, estableciendo que éstas se gatillarán sólo cuando las pesquerías alcancen su Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), estándar internacional que establece la captura óptima que puede extraerse de una población de peces, determinada año tras año, para garantizar la disponibilidad del recurso a mediano y largo plazo.
Así, el proyecto establece tres tipos de licencias, las de Clase A, que reconocen los derechos históricos otorgados a los industriales, las de Clase B, que se entregan vía licitación cuando una especie ha alcanzado su óptimo biológico (RMS) y éste se sostiene por tres años consecutivos o en tres períodos en un plazo de cinco años y finalmente las de Clase C, que se licitan por el plazo de un año, cuando por situaciones excepcionales, la cuota se encuentra por sobre el Rendimiento Máximo Sostenible.
En cuanto a los porcentajes se acordó, tal como lo había propuesto el Ejecutivo, la licitación del 15 por ciento de la cuota global histórica de captura del sector industrial, representadas en las licencias Clase A. Es importante señalar que en este sistema no se tocan las cuotas asignadas a los pescadores artesanales.
Finalmente, se refuerza la institucionalidad dedicada a la investigación, mediante la creación de un procedimiento para determinar las materias a abordar en los Programas de Investigación Científica para la pesca y acuicultura. La investigación básica de dicho programa será realizada por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), cuyo presupuesto se independiza de la Subsecretaría de Pesca, Subpesca, pasando a depender directamente del Ministerio de Economía.
En tanto, la otra investigación incorporada en el Programa será ejecutada por el Fondo de Investigación Pesquera (FIP). Para reforzar la institucionalidad de este organismo se cambian la composición de los integrantes de su Consejo y se incorporan causales de inhabilidad para sus integrantes.
El proyecto pasó a la Sala de la Cámara Baja donde fue analizado por los parlamentarios hasta altas horas de la madrugada, mientras que se definió que la votación, en general y particular, se realizará hoy miércoles 18 de julio a las 11:00 horas.
