Orietta Llauca es una de las abogadas mapuche y ambientalistas más reconocidas del sur de Chile, por lo que ha sido candidata independiente en distintas instancias. En su trayectoria profesional, se ha enfrentado a la marina mercante, inmobiliarias y también a la Fiscalía, especialmente en nuestra región, donde lleva causas contra los fiscales de La Unión, Raúl Suárez, y Río Bueno, Sergio Fuentes.
¿Cómo toma la noticia de la salida de Suárez?
Para nosotros como equipo jurídico y para mí como persona, es una buena noticia, porque tuvimos muchas dificultades con la tramitación de nuestras querellas y denuncias. En lo personal, enfrenté una muy mala experiencia por el caso de la localidad de Mashue (comuna de Río Bueno), donde hay dos comunidades mapuche enfrentadas por disputas de terrenos, donde hubo agresiones. El señor fiscal (Suárez) acogía las denuncias de una comunidad, no las de la que yo asesoraba, por lo que dejaba en impunidad actos violentos. Carabineros también dio cuenta de esto. En este caso, en reiteradas ocasiones solicité que se me permitiera acceder a la carpeta fiscal, lo que nunca fue posible. Hasta el Tribunal de Garantías de La Unión le solicitó información sobre la causa a Suárez, quien tuvo una conducta resistente. Hasta el día de hoy no puedo realizar la acreditación ante el sistema. Por estas razones, interpuse una querella contra Suárez por prevaricación (nota del editor: delito que implica que una autoridad dicta medidas injustas o contrarias a la ley). Esta causa lleva cuatro años y él no ha derivado los antecedentes a la fiscalía regional para que designen a otro fiscal que la tome. De esto está al tanto la fiscalía regional y nacional, porque les informé el año pasado, pero aún no se toma ninguna decisión. Esto es grave: el mensaje que entregan es que los fiscales investigamos a otros, pero no nos vengan a decir que nos investiguemos a nosotros mismos. Los fiscales abusan de sus facultades y se encubren unos a otros, pero ellos no están exentos de ser sometidos a procesos penales.
¿Cómo toma que el fiscal Suárez pase a desempeñarse en la Unidad Criminal de Análisis y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional?
Me parece una muy mala señal del Ministerio Público mantener a personas cuyo proceder ha sido dudoso, poco profesional y poco ético. Para mí se está premiando la falta de profesionalismo, el abuso de poder y el endiosamiento. Claramente, nos estamos alejando más de la correcta administración de la justicia y se está usando la institucionalidad para mantener núcleos que protegen conductas que rayan en lo ilícito y amparan a grandes poderes económicos.
¿Qué vinculación tiene Suárez con poderes económicos?
Se están desatando una serie de investigaciones sobre corrupción, pero eligen a quienes perseguir y a otros casos los encubren, como el caso de (Luis) Hermosilla. En el caso del fiscal Suárez, hay otra querella donde hubo un accidente de tránsito en el que falleció un joven mapuche, que tuvo responsabilidad, pero no se investigaron otras aristas que podrían radicar en una forestal. Cuando un fiscal actúa de esa manera, lo correcto es sacarlo, no potenciarlo y colocarlo al frente de otras investigaciones, donde su actuar seguirá siendo ineficiente, lo que generará más daño.
¿Sus problemas con Suárez responden a diferencias políticas?
Cuando uno no tiene problemas personales con quienes cumplen estos roles, pero se encuentra con conductas que no son profesionales, no le queda otra cosa que pensar que se actúa de esa forma por mi rol de fiscalizadora del funcionamiento de la institucionalidad, porque he denunciado a fiscales que no han hecho buen trabajo o incluso me he querellado contra algunos, como fue el caso del fiscal Suárez.
¿Qué sabe usted sobre vínculos políticos de Suárez?
No puedo afirmar eso, pero seríamos muy ingenuos al descartar que los fiscales tengan vinculación o cercanía con algún sector político, por la forma en la que se designa a los fiscales regionales y nacionales.
Usted también tiene una querella contra el fiscal Sergio Fuentes de Río Bueno.
Fue por una causa que se estaba llevando en mi contra. El fiscal Fuentes mintió a la jueza Lisette Salazar de La Unión; en base a eso se decretó una orden de allanamiento e incautación en mi oficina y en mi casa, por lo que hasta el día de hoy tienen un notebook y un celular con los que trabajaba. Producto de eso, presenté una querella, que está bajo un fiscal especial en Osorno.
Por eso, queremos que Fuentes sea removido de sus funciones y que Suárez no solamente se vaya de La Unión, sino de la institución. Si ellos (Suárez y Fuentes) actúan bajo criterios que no son profesionales, no podemos estar tranquilos de que se está ejecutando una correcta administración de la justicia.
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