La adjudicación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de la alcaldesa de Río Bueno, Carolina Silva, fue otro de los escándalos que han marcado el agitado escenario político riobuenino en el último tiempo.
En un informe de Contraloría fechado el 4 de octubre 2024, al que tuvo acceso nuestro medio, se señala que la renta declarada del grupo familiar al que pertenecía la alcaldesa, compuesto por tres personas, no superaban los 650 mil pesos, aunque la dieta de Silva, que en ese entonces ejercía como concejala, era de poco más de 800 mil pesos. No sería hasta octubre de 2021, cuatro meses después de iniciar su periodo como alcaldesa, cuando la alcaldesa y su hija se desvincularían del grupo familiar que encabezada su madre.
No obstante, ella no fue la única edil riobuenina que recibió IFE ese año. Un caso similar se detectó con Javier Rosas, que actualmente es el abanderado de la centroizquierda al municipio. El exconcejal declaró ingresos de 31 mil pesos en junio de 2021, cuando ya había asumido en el Concejo municipal, que fueron subiendo mes a mes, hasta llegar a 201 mil pesos en noviembre de ese año. De acuerdo, a los datos recabados por Contraloría su renta en el 2021 fue de 17 millones de pesos.
Miguel Pérez, concejal elegido en la lista de la Democracia Cristiana que ahora va a la reelección por Amarillos, y su colega Daniel Quezada, que va a la relección por Renovación Nacional (RN), también declararon montos inferiores a su dieta edilicia, siendo beneficiados de ayudas estatales de emergencia. En el caso de Juan Unión recibió IFE desde 2020, aunque fue el único que declaró su dieta en el Concejo, solamente los meses de octubre y noviembre de 2021.
Otro ribete presenta el caso del concejal socialista Magin Montecinos, quien declaró ingresos que no superaban los 612 mil pesos, pese a que además de ser como concejal era funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). En un Concejo Municipal el actual alcalde protocolar de la comuna habló de irregularidades en este servicio. Nuestro medio quiso contactarlo por el tema, aunque en un inicio estuvo dispuesto a contar la situación, después no respondió nuestros llamados.
Contraloría remitió los antecedentes a la SEREMI de Desarrollo Social que para que analicen los casos, estableciendo si les correspondía percibir los beneficios otorgados en el marco de la emergencia del virus COVID-19.
El único concejal que ha sido exento en esta trama es Luis Reyes, aunque está lejos de estar libre de los escándalos de corrupción que han azotado la comuna. En efecto, afronta una querella criminal por parte del mismo municipio por cohecho, estafa y falsificación de instrumento público.
Adjunto informe: E N° 547888-2024 SEREMI DESARROLLO SOCIAL