La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de amparo presentado en favor de la abogada y defensora de derechos humanos Karina Riquelme Viveros, por los hechos ocurridos el 24 de marzo de 2023, cuando fue fotografiada junto a las personas que la acompañaban y el vehículo en que se trasladaban, en las cercanías del Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI). Según la presentación, las imágenes fueron incorporadas a un informe de vigilancia y seguimiento realizado en el marco de una investigación por usurpación violenta, pese a que Riquelme no tenía la calidad de imputada ni era objeto de la investigación.
En su resolución, fechada el 19 de agosto de 2026, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia sostuvo que las diligencias policiales se realizaron dentro de una investigación dirigida por el Ministerio Público, cuyo objetivo era identificar a personas y vehículos eventualmente vinculados con hechos de usurpación violenta ocurridos el 23 de febrero de 2023 en el sector Carimallín de Río Bueno. El tribunal concluyó que, con los antecedentes aportados, no se acreditó que la actuación policial hubiera excedido los márgenes legales ni que se hubiera materializado una afectación concreta al ejercicio profesional de la abogada.
Pese a la negativa de la Corte, la resolución incorpora una consideración dirigida expresamente a la Policía de Investigaciones, donde se insta a la institución a tener “especial cuidado” en sus procedimientos para no afectar el libre ejercicio de la profesión de la abogada, especialmente cuando las diligencias investigativas se desarrollen en lugares donde habitualmente desempeña su labor. La decisión establece además que el actuar policial debe sujetarse a las instrucciones entregadas por el Ministerio Público.
El abogado Rodrigo Pizarro Rosales, quien presentó el recurso en representación de Riquelme, señaló que la Corte rechazó la acción constitucional al considerar que la vigilancia y seguimiento tenían como fundamento una instrucción del Ministerio Público destinada a esclarecer los hechos investigados. No obstante, destacó especialmente la prevención realizada por el tribunal respecto de la necesidad de que la PDI adopte medidas para evitar interferir o perturbar la labor de la abogada, particularmente en su trabajo de defensa de los derechos humanos y su desempeño ante distintos tribunales del país.
A través de una apelación presentada en la Corte Suprema, la defensa de la abogada buscará revertir la sentencia dictada en la Corte de Apelaciones de Valdivia pues consideran que la respuesta de la PDI no resulta clara al detallar que quienes acompañaban a Riquelme estarían siendo investigados pero “dentro de ellos hay un lonco de una comunidad, una defensora pública y un miembro del equipo de defensa, es decir ningúna persona que pudiera ser parte de la investigación que se llevaba a cabo”, enfatizaron.
