La Ilustre Municipalidad de Río Bueno enfrenta actualmente demandas laborales por un total que supera los $208 millones, originadas en despidos calificados como discriminatorios por parte de tres exfuncionarios municipales pertenecientes a la administración de la exalcaldesa Carolina Silva Pérez. Los demandantes, cuyas causas se encuentran en trámite ante el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, acusan haber sido desvinculados en circunstancias que vulneran gravemente sus derechos fundamentales.
Las polémicas no quieren dejar tranquila a la comuna de Río Bueno, que ahora enfrenta a los funcionarios de confianza de la antigua alcaldesa, Carolina Silva, con la actual administración de Luis Reyes. En efecto, tres personeros demandaron al municipio riobuenino por haber sido desvinculados por motivos políticos, al haber sido asociados a la administración de la exalcaldesa Silva Pérez, quien perdió su reelección frente al actual edil Luis Reyes Álvarez en las elecciones municipales de 2024. Cabe señalar que tantos ediles son independientes de derecha.
Alejandro López, exasesor jurídico municipal, afirma que fue despedido sin previo aviso y de forma anticipada, a pesar de tener una contrata vigente para todo 2025. Alega haber sido perseguido políticamente por su rol en investigaciones y denuncias que afectaron directamente al entonces concejal Reyes, hoy alcalde. López afirma haber sufrido aislamiento laboral y un daño psicológico severo, situación que respalda con informes médicos y testimonio psiquiátrico.
Por su parte, Jorge Olivares, encargado de la Oficina de Turismo, argumenta un despido basado en su vínculo con la anterior administración. La demanda sostiene que el acto administrativo que puso fin a su contrato fue contradictorio, ilegal y sin fundamento técnico. Además, denuncia la falta de tramitación de sus licencias médicas durante una hospitalización grave ocurrida en enero de 2025, atribuyendo esta omisión a una represalia laboral con consecuencias físicas, económicas y emocionales.
En tanto, Águeda Vera, quien desempeñaba funciones de coordinación en la alcaldía, acusa que fue despedida mientras se encontraba con licencia médica por estrés laboral. Asegura que su desvinculación fue ejecutada mediante un decreto que contiene fundamentos que —según su defensa— revelan una motivación puramente política y no profesional.
Alejandro López Caba reclama una indemnización de ($60.000.000), Águeda Vera ($50.347.187) y Jorge Olivares ($98.649.216), sumando un total de ($208.996.403) en pretensiones indemnizatorias, principalmente por daño moral, lucro cesante y despido discriminatorio.
Prácticas ilegales reiteradas
En los tres casos, las demandas exponen que los decretos de término anticipado fueron dictados en la misma fecha —24 de diciembre de 2024— y con fundamentos prácticamente idénticos: falta de confianza política, inexistencia de concursos públicos en sus nombramientos y categorización de sus cargos como de “exclusiva confianza”, sin que esto esté respaldado legalmente en la planta municipal vigente.
Los documentos judiciales también advierten que ninguna de las contratas incluía la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, lo que legalmente impide un término anticipado sin causa justificada, según doctrina reiterada de la Contraloría General de la República.
Las eventuales condenas por estas demandas, si prosperan en tribunales, podrían significar un severo golpe financiero para el presupuesto municipal de Río Bueno, además de implicar una evaluación crítica del actuar jurídico de la nueva administración.
El alcalde Luis Reyes Álvarez, quien en todos los casos figura como representante legal de la Municipalidad, aún no ha emitido declaraciones públicas sobre los fundamentos de las desvinculaciones, ni sobre las eventuales estrategias judiciales que se adoptarán para enfrentar estas acciones legales.
El Diario El Ranco continuará monitoreando el desarrollo de estos casos que no solo implican montos millonarios, sino que también tocan principios claves de probidad administrativa, estabilidad funcionaria y respeto a los derechos fundamentales en el servicio público.
