Hackeo internacional y alerta del Banco Central: el desafío de proteger la infraestructura crítica de Chile

La vulnerabilidad de los sistemas digitales volvió a quedar en evidencia tras un ataque internacional que comprometió código utilizado por 178 organizaciones, entre ellas Zoom, CNN e IKEA. En Chile, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, llamó a fortalecer los protocolos de protección y continuidad operacional. Especialistas advierten que las empresas deben avanzar hacia estrategias de ciberseguridad que permitan prevenir, responder y recuperarse frente a estas amenazas.

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La creciente digitalización de los procesos productivos, financieros y de los servicios esenciales ha abierto nuevas oportunidades para las empresas, pero también ha ampliado su exposición frente a los ciberataques. Hoy, una vulnerabilidad informática puede comprometer información sensible, generar pérdidas económicas e incluso interrumpir operaciones fundamentales para el funcionamiento de una organización o de un país.

La dimensión de esta amenaza quedó nuevamente en evidencia esta semana, luego de que un ataque informático internacional comprometiera código utilizado por al menos 178 organizaciones, entre ellas compañías y plataformas reconocidas como Zoom, CNN, IKEA, HSBC, Salesforce y Equifax. La operación fue detectada el 16 de noviembre y aprovechó una vulnerabilidad en Optimizely, una plataforma tecnológica utilizada por distintas empresas para gestionar y personalizar sus sitios web.

Los atacantes introdujeron código malicioso con capacidad para capturar información bancaria, intervenir transacciones de criptomonedas y recopilar datos de los usuarios que visitaban las páginas afectadas. Aunque el alcance definitivo del incidente todavía se encontraba bajo investigación, el episodio volvió a poner de manifiesto los riesgos asociados a la interconexión de plataformas, proveedores y sistemas digitales.

En Chile, la preocupación también fue planteada por la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien advirtió sobre los desafíos que impone la digitalización del sistema financiero y la necesidad de fortalecer las medidas de protección frente a eventuales ataques informáticos.

Durante la presentación del Informe de Estabilidad Financiera del segundo semestre, la autoridad enfatizó que los riesgos no pueden abordarse de manera aislada, considerando la dependencia que existe entre los distintos sectores.

«Este es un sistema que está muy interconectado con telecomunicaciones, con energía, tiene proveedores, por lo tanto, integralmente, a nivel de instancias públicas y privadas de distintos ámbitos del gobierno, es importante seguir trabajando en la protección del sistema», señaló.

Costa también puso el acento en la necesidad de contar con mecanismos de respuesta ante eventuales incidentes. «Es importante trabajar no solamente en la protección del sistema, sino que también en protocolos para actuar en casos en que algún evento suceda y darle continuidad al sistema», sostuvo.

Infraestructura crítica: amenazas al acecho

Su advertencia apunta a un desafío que va más allá del sector financiero. La infraestructura crítica comprende ámbitos como la electricidad, el agua, las telecomunicaciones, el transporte, la salud y los servicios digitales, cuya interrupción puede tener consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas y en el funcionamiento de la economía.

Desde la industria, Pedro Gallardo, director de IndraMind Cybersecurity para Chile y Cono Sur, advierte que los ciberincidentes dejaron de ser una preocupación exclusivamente tecnológica para convertirse en un riesgo directo para la continuidad de los negocios.

En entrevista con La Segunda, el especialista explicó que la creciente integración entre las tecnologías de información (IT) y las tecnologías operacionales (OT), utilizadas para controlar procesos industriales y productivos, ha ampliado la superficie de exposición de las organizaciones.

«Al incrementar la conectividad e interdependencia, el panorama de riesgos se vuelve más complejo y dinámico», plantea Gallardo, quien advierte que las amenazas pueden propagarse entre entornos que anteriormente permanecían aislados, generando impactos de mayor alcance sobre las operaciones.

Para el especialista, uno de los principales desafíos de las organizaciones es comprender que no basta con implementar herramientas tecnológicas para evitar ataques. También es necesario conocer los procesos críticos, identificar los activos que los sostienen y establecer protocolos que permitan mantener la operación frente a una contingencia.

En esa línea, Gallardo sostiene que la ciberresiliencia debe entenderse como la capacidad de anticipar, resistir, responder y recuperarse ante un incidente, sin comprometer la continuidad de los procesos fundamentales de una empresa.

Desde la academia, el análisis también apunta a la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y preparación frente a estas amenazas. Ohbrayan Ávila, Coordinador de Ciberseguridad de la Universidad del Alba, plantea que la protección de la infraestructura crítica debe entenderse como un asunto de seguridad nacional y no solamente como una responsabilidad de los departamentos tecnológicos.

«Cuando hablamos de infraestructura crítica, no estamos hablando solamente de proteger computadores o bases de datos, sino de resguardar sistemas de los que dependen servicios esenciales como la electricidad, el agua, las telecomunicaciones, el transporte y la salud. Un ataque informático puede generar consecuencias que trascienden el mundo digital y afectar directamente la vida cotidiana de las personas».

El académico agrega que uno de los principales desafíos para las organizaciones es avanzar desde una lógica reactiva hacia una estrategia permanente de prevención, que considere capacitación de los trabajadores, evaluación de vulnerabilidades, planes de contingencia y mecanismos de recuperación.

Nueva Ley Marco

En este escenario, la entrada en vigencia de la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663) representa un paso relevante para Chile, al establecer obligaciones y estándares de protección para organismos públicos y privados que prestan servicios esenciales, además de definir exigencias específicas para los Operadores de Importancia Vital.

La normativa refuerza la necesidad de contar con sistemas de gestión de riesgos, mecanismos de prevención y respuesta ante incidentes, así como planes que permitan asegurar la continuidad de los servicios.

El desafío, sin embargo, no se agota en el cumplimiento regulatorio. En un escenario donde las amenazas evolucionan junto con las tecnologías y donde una vulnerabilidad puede afectar simultáneamente a múltiples organizaciones, la capacidad de anticiparse y responder se ha convertido en un factor estratégico para las empresas.

La advertencia de Rosanna Costa apunta precisamente a ese desafío: fortalecer la coordinación entre el sector público y privado, proteger los sistemas interconectados y garantizar que, incluso frente a un ciberataque, los servicios esenciales puedan seguir funcionando.

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