11 noviembre 2016.- Debido a falta de control en procedimientos, 4 concejales deberán devolver recursos correspondientes a cursos de capacitación.
Una serie de irregularidades detectó la Contraloría Regional de Los Ríos en un control efectuado al municipio de La Unión, que dejan en evidencia la falta de control y el desorden administrativo en la actual administración municipal, por cuanto no se han tomado los resguardos correspondientes al momento de autorizar pagos correspondientes a cursos de capacitación en el que han participado los concejales.
El informe filtrado a la prensa del ente contralor N° 779 noviembre 2016, señala que “la dirección de control de esa entidad (municipalidad) no ha llevado a cabo auditorías o estudios sobre los gastos efectuados por comisiones de los concejales de la comuna durante los años 2015 y 2016, como tampoco se incluyó dicha materia en la planificación de esos períodos”.
En tal sentido, Contraloría establece que la unidad de control, que dirige Marcela Cares, “es responsable de la aplicación y vigilancia de los controles internos específicos, necesarios para sus operaciones, por lo que debe ser consciente de que una estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para controlar la organización, los objetivos, las operaciones y los recursos”, lo cual no se estaba cumpliendo por un largo período de tiempo.
Asimismo, la Contraloría determinó errores en lo que dice relación con el pago de viáticos, señalando que “se observa que el municipio no realiza una labor de supervisión en los cálculos de viáticos, toda vez que no queda registro de quienes lo determinan y aquellos que los inspeccionan”.
Por ello, en el examen de cuentas practicado por Contraloría, se “advirtieron errores en la determinación de este tipo de estipendios durante el primer semestre de 2016”.
Del estudios practicado por contraloría, 21 decretos alcaldicios mediante los cuales se autorizaron los cometidos de los concejales y el pago de sus viáticos en el período examinado, no fueron fundamentados por la administración municipal, con errores en la en la forma de los documentos, ya que no se consigna en ellos el presupuesto municipal y el decreto que lo aprueba, el acuerdo de concejo que autoriza el viaje e información del programa entregado por la empresa que proveerá el servicio.
Más adelante se consiga que el reglamento interno del concejo fue aprobado el 25 de junio del 2013, mediante acuerdo N° 146, a la fecha del examen de contraloría, tres años después, aún no se había dictado el decreto alcaldicio que lo aprueba.
Asimismo, se cuestionan 8 actos administrativos por el hecho de que no fueron publicados en el portal del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública los decretos que autorizaron las adquisiciones vía trato directo, que dicen relación con la contratación de los cursos de capacitación.
Ahora bien, durante el año 2016 se le pagaron a los concejales los viáticos diarios por $ 79.849, cuando en estricto rigor el valor era de $ 76.704, por lo que el exceso en el cual se incurrió por falta de control, incide en que los concejales que lo hayan percibido deban devolver la diferencia de los montos totales pagados, que suman un total de $ 328.697.-, monto que ya fue pagado por los concejales al municipio en el mes de octubre.
Igualmente, un cálculo no aceptado por contraloría es el pago de un día más por la asistencia de María Eugenia Márquez, a un curso de capacitación en Valdivia, por lo que se le pide el reintegro de $ 76.704.- Asimismo, en el caso del concejal Orlando Soto, se le pide el reintegro de $ 159.698, por un curso realizado en Castro, equivalente al pago de dos días más de viáticos que, según Contraloría, no correspondía pagar. Se agrega a ellos la solicitud de devolución de $ 79.849 por parte de los concejales Soto, Márquez, Báez y Cumián, por cuanto Contraloría estimó el pago de un día en exceso, considerando la distancia entre Chiloé y La Unión.
Además, el informe cuestiona dos cursos realizados por la concejala Herty Báez y uno de la concejala María Eugenia Márquez, por cuanto a juicio del organismo los cursos no correspondían a materias atingentes “que digan estricta relación con la actividad y funciones de los concejales o que las materias abordadas se encuentren vinculadas con el ámbito de competencia de los municipios”, atendiéndose al dictamen N° 46.110 de Contraloría General.
En atención a ello Contraloría solicita que se reintegre en el plazo de 30 días desde la notificación los valores correspondientes al valor del curso, pasajes y viáticos por un monto de $ 1.364.171 y $ 1.606.104, respectivamente.
Por su parte en relación al concejal Cañoles, contraloría cuestiona el hecho de que a la fecha del examen no había presentado el informe de rendición de la capacitación efectuada en el mes de febrero, que la hizo finalmente en septiembre, pero que aun así contraloría mantiene cuestionada.
Lista de Irregularidades
Todo lo anterior refleja la falta de rigurosidad y de eficiencia en el trabajo del asesor jurídico Alvaro Jaramilllo y de la jefa de la Unidad de Control, Marcela Cares, ya que son quienes deben validar que todo lo obrado se ajuste a derecho. La primera línea de contención de la alcaldesa es el asesor jurídico, pero se ve que no hizo el trabajo como corresponde, ya que caso contrario no se habrían autorizados cursos que no son atingentes a la función de los concejales, por cuanto él está en la mesa en el momento en que se pide y autoriza la asistencia a cursos y debe pronunciarse al respecto.
La falta de auditorías detectadas por contraloría reflejan la desidia de la Unidad de Control y de su directora Marcela Cares, ya que precisamente su función es “ejercer control” sobre todos los procesos para que estos se ajusten a derecho y las claras normas administrativas. Si los viáticos estaban mal calculados ella debió objetar el pago y si los cursos no son procedentes ella debió haber hecho presente el hecho antes de que su cursen los estados de pagos correspondientes.
Esta situación de falta de prolijidad en la unidad de control ha llevado a que el patrimonio municipal esté comprometido en casi 900 millones de pesos, ya que actualmente el municipio enfrenta una demanda de indemnización por 800 millones de pesos debido a un juicio que la jefa de control Marcela Cares impulsó, en contra de los dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, juicio de carácter penal que perdió la municipalidad por lo que ahora enfrenta un juicio civil de indemnización por los afectados, y ya debieron pagar las costas del primer juicio, siendo que la acción que debía realizar a la Unión Comunal era de un simple solicitud de devolución por la vía administrativa.
A lo anterior se suma el hecho de que se llamó a un concurso público para un cargo que no estaba creado en el municipio por el cual ahora la Municipalidad está demandada por la funcionaria TeresaToledo y que, en caso de perderlo, deberán pagar una indemnización cercana a los 100 millones de pesos con las costas del proceso.
Por todas estas acciones que han comprometido el patrimonio municipal, jamás el municipio ha efectuado un sumario en contra de Marcela Cares, jefa de la Unidad de Control
Lo que se viene
El municipio deberá solicitar a los concejales la devolución del dinero conforme a lo señalado por Contraloría y subsanar la larga lista de irregularidades detectadas en los procedimientos, porque caso contrario el organismo contralor tiene la facultad de iniciar un “juicio de cuentas, tendiente a hacer efectiva la eventual responsabilidad civil de las personas involucradas”.
Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo las respuestas presentadas, los concejales pueden pedir una medida de reconsideración a la contraloría regional y una posterior apelación a la Contraloría en Santiago respecto a algunos puntos de las observaciones.
Si cualquier ciudadano ingresa a la página de contraloría puede encontrar todas las observaciones que se le han hecho a la municipalidad en este período, que evidencia una mala gestión en los procedimientos administrativos, constantemente cuestionados por ese organismo.
