Por Guido Osvaldo Asencio Gallardo. Lic. C Contables-Cont. Público y Auditor. MBA y Mg. © Ciencias Sociales- DIP GE –DIP PP. Académico, Columnista y Funcionario Público

El Capital Humano es definido por Boisier (1999) como un conjunto de activos intangibles, es decir está ligado a los conocimientos y habilidades de las personas que se desarrollan en un contexto en particular, lo este caso se vinculará a una realidad territorial (Navarro, 2005), específicamente en la de los municipios, buscando conectarlo con la influencia que tiene en el Desarrollo Económico Local (DEL).

La proximidad que tiene una municipalidad hacia la ciudadanía, debiera hacer reflexionar permanentemente en la forma de enfrentar conflictos cotidianos, así como también, en la manera de crear estrategias para mejorar el acceso a servicios básicos dirigidos a los ciudadanos, buscando sintonía con la aspiración a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en un territorio, lo cual se logra, por un lado con la atracción de inversiones, tanto en el ámbito público como en el privado y por otro, con el convencimiento real de que quienes laboran en un municipio contribuyen a la construcción de una mejor gestión del mismo.

En particular, se tratará de plantear la hipótesis ya probada por muchos científicos, la cual señala que mientras menos incertidumbre exista, se podrán obtener mejores resultados en lo que se quiere realizar, en este contexto se abordarán las implicancias que pueden tener las municipalidades que tienen un Capital Humano mejor capacitado y su influencia en el DEL.

Uno de los tópicos que viene a colación, está dado con los sistemas para generar procesos de reclutamiento en las municipalidades, donde es posible encontrar que, en muchas ocasiones se carece de un sistema adecuado que realce las características técnicas y objetivas que evalúen a las personas por sus capacidades en el ámbito en que son contratadas, debido a que predomina el amiguismo o partidismo por sobre todo, lo cual resulta natural y aceptable en cierta medida, no obstante, debieran haber estándares o porcentajes que garanticen mínimos de exigencias como experiencia y estudios relacionados con la función o labor a ejercer de quienes aspiran a realizar una labor en un municipio.

Para que exista la posibilidad de propender a un mejor desarrollo económico y social, se deben revisar permanentemente los sistemas de reclutamiento en las municipalidades.  Por su parte, los autores Ortega y Estrada (2011), plantean que  para mejorar la gestión local es fundamental mejorar la educación en población, esto ciertamente tiene eco en la obtención de un Capital Humano capacitado.

Es de esperar que con la implementación de Centros de Formación Técnica (CFT) estatales, se pueda avanzar hacia una mejor educación técnica, que dicho sea de paso, en países desarrollados, constituye la base fundamental del DEL, lo cual ayudaría a equilibrar el acceso educacional, sobre todo en las comunas más pequeñas de nuestro país.  Lo anterior, ciertamente se podrá complementar con obligatoriedad de recuperar la asignatura de educación cívica, la cual contribuye de manera significativa a la construcción democrática de nuestro país, lo cual tiene eco también en el sector privado.

Por su parte, la Ley 18.883 denominada Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, deja entrever que existe un criterio demasiado general para proveer cargos en las municipalidades, lo cual carece de la contemplación de aspectos locales, que resalten la identidad territorial de una municipalidad, lo que genera distorsiones en la comparación de las distintas realidades que tienen las comunas.

Dentro de los planes de trabajo que se proponen los municipios, es fundamental contemplar capacitaciones permanentes, relacionadas con las diversas problemáticas que diariamente enfrentan, lo que se traduce en una inversión plasmada en la eficiencia y eficacia de la implementación de sus propios programas, beneficiando tanto al propio funcionario, así como también, a la ciudadanía de manera directa e indirecta, bajo el supuesto de que las herramientas adquiridas sean implementadas con el fin de mejorar su trabajo cotidiano.

Otro parámetro importante a considerar en este análisis lo constituye el nivel de profesionalización que tienen los municipios, lo cual nos llevaría a pensar la lógica de que mientras más profesionales se encuentran trabajando en él, existe un mayor grado de DEL. Sin embargo, esta premisa tiene limitantes, pues el nivel de contratación de profesionales está dado ciertamente por el presupuesto destinado para aquello, en tanto, si un municipio le da importancia al nivel de profesionalización, debiera considerar la pregunta, ¿para qué se contratan esos profesionales?, es decir obliga a conectar esa necesidad con resultados concretos, tales como: la aspiración a mejorar el acceso a proyectos como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el fortalecimiento de una Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), la generación de estudios prospectivos que creen la necesidad de inversión sectorial, etc.

Con lo anterior, resulta legítimo el cuestionamiento de que mientras menos recursos posean los municipios, tengan menos posibilidades de contratar a profesionales, he aquí un problema endémico y cultural, que se traduce a que pocos gobiernos comunales tienen la disposición de compartir proyectos en conjunto con otros,  porque actúan bajo una lógica de competencia, más que de colaboración.  Es común ver en los noticieros destacar a los municipios que tienen más proyectos en desmedro de otros, con esto simplemente se contribuye a legitimizar la tan estirada brecha socioeconómica que existe en nuestro país, y que en este caso afecta directamente DEL.

Lo concreto es que para suplir los dispares niveles de profesionalización que existe en los municipios, es necesario tomar cartas en el asunto y proponer la alternativa impulsar sistemas solidarios entre municipios, donde los que tienen menos recursos puedan cubrir sus necesidades de Capital Humano, generando alianzas de colaboración virtuosas, que permitan la puesta en marcha de proyectos en conjunto, otorgando incentivos a los profesionales que participen en esta encrucijada. Para que esto suceda, se necesita la simple voluntad de las partes, lo cual evitaría que las grandes ciudades de nuestro país se conviertan en “islas industriales o culturales” que solamente replican el marcado centralismo existente, que por cierto, no solamente ocurre entre el Gran Santiago y regiones, sino que se da también a nivel provincial y comunal.

Por último, resulta de gran relevancia señalar que la mejora de competencias de una comuna o municipalidad, está dada por muchos otros factores, pero que en este caso de análisis se presenta como uno preponderante el nivel de profesionalización existente del Capital Humano para propender a un desarrollo más equilibrado, que finalmente termina beneficiando a todos los ciudadanos.