A pocas semanas que termine el plazo para que la comisión investigadora de la Cámara Baja evacúe su informe final sobre el caso JUNAEB, el diputado y miembro de la instancia fiscalizadora Bernardo Berger (RN) evaluó como “alarmante” la contundencia y calibre de las irregularidades que habrían ocurrido entre 2014 y 2015 para favorecer a empresas mediante las cuestionadas licitaciones.
“Los antecedentes que han ido apareciendo en torno a las irregularidades de la JUNAEB, son de tal calibre y de tal contundencia, que hacen sospechar seriamente que aquí había todo una estructura para favorecer el otorgamiento irregular de tratos a determinadas empresas, y una red de colaboración tanto dentro y fuera de la JUNAEB para concretar estos ilícitos”, advirtió.
La comisión investiga la forma en que cerca de 50 mil millones de pesos destinados al programa de alimentación escolar (PAE) terminaron en manos de una serie de empresas que en condiciones normales no habrían podido calificar como adjudicatarias de licitaciones públicas, con sobreprecios evidentes. En varios de los casos, las concesionarias no cumplieron los contratos o dejaron el servicio al poco andar, en medio de demandas de los trabajadores y reclamos de las comunidades escolares.
La instancia investigadora a la fecha ha recibido un largo listado de organismos públicos para cotejar las distintas líneas investigativas tanto administrativas como penales. Entre ellos, han comparecido en calidad de invitados el Contralor General de la Republica Jorge Bermúdez; Carlos Pavez Tolosa, titular de Superintendencia de Valores y Seguros; el abogado de la unidad de Asesoría Jurídica Jorge Ortega Gutiérrez y a la ex Jefa del Departamento de Recursos Paula Moncada Bravo, ambos de JUNAEB; el presidente del Tribunal de la Libre Competencia, Tomás Menchaca Olivares, y el Director Nacional del Trabajo, Christian Melis Valencia.
En la última sesión de esta semana, los parlamentarios escucharon el análisis del fiscal de Alta Complejidad Manuel Guerra. Tras ello, Berger sostuvo que “cada vez me convenzo más que habría habido una articulación organizada para favorecer la asignación irregular de platas con nombre y apellido, pero también con una estructura tanto dentro como fuera de la JUNAEB que, si no estaba al tanto, al menos favorecía la ocurrencia de estas irregularidades”.
“Por tanto creemos que una vez que cierren las distintas investigaciones, el Ejecutivo no puede demorar ningún tipo de acción incluidas las penales para buscar la responsabilidad y las sanciones, y cautelar la restitución de los recursos mal habidos”, indicó.
EN LOS RIOS
Berger agregó que junto a la determinación de responsabilidades y a la cautelación de los recursos públicos, existiría una tercera arista referida a la situación en que quedaron miles de trabajadoras que participaban como manipuladoras de alimentos en las empresas cuestionadas.
En el caso de la Región de Los Ríos, ya existe certeza de más de 300 causas que fueron sentenciadas por tribunales a favor de las trabajadoras, entre ellas La Unión (112 casos con sentencia afirme), Río Bueno (139), y Panguipulli (46).
“En dichos casos el tribunal estimó que las empresas, al día de hoy liquidadas y con sus haberes en manos de síndicos de quiebra, deben responder económicamente, pero también la JUNAEB ha tenido que responder en su calidad de solidariamente responsable para que se pague lo adeudado sin perjuicio de otros temas que aún no se han abordado”, subrayó.
El legislador detalló asimismo que la semana pasada se reunió con otro grupo de 113 ex trabajadoras bajo el alero del Sindicato Regional de Manipuladoras de alimentos N°2 que preside Jaqueline Lara, las que están con causas en desarrollo en tribunales de Lago Ranco (21) y Panguipulli (92), y cuyos antecedentes serán puestos en los próximos días a disposición de la comisión investigadora de la cámara baja.
