Las recientes declaraciones del diputado Johannes Kaiser, aludiendo a los “argumentos” para un nuevo golpe de Estado son un hecho grave que merece una respuesta clara y categórica, no sólo por lo que implican para la memoria histórica del país, sino por el peligro real que suponen para la salud democrática de Chile.
En ningún país con heridas aún abiertas por el autoritarismo es aceptable que un representante electo banalice o justifique un quiebre institucional. Menos aún en un Estado donde la dictadura dejó un saldo de miles de víctimas, represión sistemática, censura y décadas de trauma. Plantear la posibilidad de un nuevo golpe de Estado, así sea desde la retórica provocadora o ideológica, no es parte del libre juego democrático: es, más bien, un acto de sabotaje al pacto civilizatorio que nos rige desde el regreso a la democracia.
Las democracias sanas no se construyen sobre nostalgias autoritarias ni sobre relativismos históricos. Se construyen desde el respeto a las reglas, la defensa irrestricta de los derechos humanos y la responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos. Cuando un diputado sugiere la posibilidad —y hasta la legitimidad— de interrumpir el orden constitucional, no está opinando: está socavando activamente el contrato democrático que lo puso en ese lugar.
Chile es hoy una democracia plural, imperfecta pero funcional. Las críticas al gobierno de turno —como a cualquier otro— son parte del debate legítimo. Lo que no puede tolerarse es que esas críticas se transformen en insinuaciones golpistas, como si la historia no nos hubiera enseñado el precio atroz de romper el orden institucional.
Es preocupante ver como estas posiciones autoritarias han venido ganando fuerza en la población, especialmente en la derecha. Parecen lejanos los tiempos cuando el presidente Piñera, que confesó haber votado por el NO en el plebiscito de 1988 y habló de los cómplices pasivos de la dictadura. Tal vez más preocupantes que los dichos de Kaiser es la postura de Evelyn Matthei, representante de los partidos tradicionales de la derecha, quien justificó los crímenes de antes de 1978.
El Congreso Nacional, los partidos políticos y la ciudadanía tienen el deber de rechazar con fuerza y sin ambigüedades este tipo de discursos. El silencio, la minimización o la complicidad pasiva solo alimentan el deterioro de una democracia que, si bien ha resistido, no es inmune a los discursos del odio, la polarización y la desmemoria.
Y aquí también cabe una verdad más íntima: la vida, con sus errores y caídas, forma parte de nuestra identidad. Reconocer nuestros fracasos como país y como individuos no nos debilita, nos humaniza. Los errores del pasado —sean personales o colectivos— deben ser faros que nos guíen, no piedras que nos hundan. Solo si los asumimos con honestidad, podremos seguir soñando con algo mejor. Porque no hay futuro sin memoria, ni esperanza sin verdad.
Por Hardy Cárdenas, Director.
Editorial Diario El Ranco
