Durante años se ha repetido que “todo derecho conlleva un deber”. Aunque esa frase suena correcta, en muchos ámbitos su aplicación es ambigua. Sin embargo, hay una excepción clara: la prensa. En este oficio, los derechos y deberes están profundamente entrelazados. Informar con libertad exige hacerlo con responsabilidad.
Como medio de comunicación, tenemos la facultad —y el deber— de reportar hechos que consideramos relevantes, desde nuestra línea editorial, con el enfoque y estilo que nos caracteriza. Pero esa libertad no es absoluta. La Ley de Prensa chilena establece límites claros: si alguien se siente perjudicado por informaciones falsas o malintencionadas, puede acudir a los tribunales. Y eso nos parece bien. No pretendemos estar por sobre la ley, ni queremos actuar como jueces de nadie.
A lo largo de nuestra trayectoria, hemos enfrentado querellas por supuesta difamación. En ninguna se ha establecido una falta grave de nuestra parte. Es cierto: hay autoridades y organismos que pueden considerar que nuestras investigaciones los han tenido como foco reiterado. Pero ninguno ha podido probar que hayamos publicado falsedades. Y eso marca una diferencia sustantiva.
En todos nuestros reportajes usamos fuentes identificables: personas con nombre y apellido que se hacen cargo de sus denuncias. Solo en casos excepcionales, y por razones fundadas, protegemos la identidad del denunciante. Además, cuando alguien ha considerado que merece una aclaración o desmentido, hemos respetado siempre su derecho a réplica, un instrumento legal disponible para todos los ciudadanos.
Por eso, no entendemos —y consideramos desafortunado— que Francisco Vásquez y la empresa Luis Navarro SpA hayan optado por interponer un recurso de protección en lugar de usar este mecanismo. Podemos suponer que ellos desconocen la legislación sobre medios. Lo preocupante es que su abogado, Gonzalo Marchessi, llevó el caso hasta la Corte Suprema. Una acción que no solo no tenía fundamento, sino que hizo perder tiempo valioso a un sistema judicial ya sobrecargado.
Desde la UNESCO, donde consultamos este caso, se nos dijo que esto podría interpretarse como una forma de intimidación legal contra nuestro ejercicio periodístico. A decir verdad, lejos de intimidarnos, el recurso casi nos halagó. Porque estas acciones suelen ir dirigidas a instituciones con poder, y nosotros no nos creemos tales. Además, sabíamos que no prosperaría. La Corte Suprema lo ratificó al rechazar categóricamente esa absurda pretensión de silenciar un medio por informar.
Esperamos que, en el futuro, abogados como Marchessi actúen con más rigor y sentido de la realidad. La libertad de prensa no es un capricho; es un derecho constitucional que protege a la sociedad entera. Gastar recursos judiciales en causas sin asidero solo entorpece el acceso a la justicia para quienes realmente lo necesitan.
En Diario El Ranco seguiremos haciendo lo que sabemos hacer: informar con convicción, investigar con rigor y respetar la ley. Aunque a veces, eso moleste a quienes preferirían el silencio.
