Ley N°21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, tiene como propósito evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos señalados en esta norma, previniendo el proceso de victimización secundaria.
En esa línea, la seremi de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con la seremi de Educación, han desarrollado jornadas de capacitación donde se explica los alcances de la ley, sus implicancias y qué hacer en caso que las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes, se encuentren frente a una denuncia.
El coordinador de la Unidad de Entrevistas Videograbadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ronald Cabré, explica que “los estudios que se han realizado en nuestro país y el extranjero respecto a la violencia que se ejerce contra los niños, dan cuenta de un número importante de denuncias que ingresan al sistema de justicia penal. La ley adecúa el sistema de justicia penal a un debido trato a los niños que son víctimas o testigos de algún delito violento, en su mayoría delitos sexuales. Tenemos un alto número de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos sexuales que denuncian, interactúan con el sistema de justicia penal y por ello esta ley busca adecuar el sistema a los menores”.
La jefa de la Unidad Regional de Atención a las Víctimas y Testigos (URAVIT) de Los Ríos, Ximena Valenzuela, quien ha participado en las jornadas de capacitación, afirma que “la implementación de la ley ha implicado grandes esfuerzos humanos, de infraestructura, informáticos y de capacitación en aquellas personas que son parte de instituciones que se relacionan con el proceso investigativo, respecto de delitos graves que atenta contra niños, niñas y adolescentes. En esa línea, es necesario reiterar las capacitaciones de manera permanente, porque existe renovación de personal, lo que conlleva a reforzar los procesos a fin de no cometer errores para evitar la revictimización de las personas”.
La ley tuvo tres etapas de implementación, la primera (2019), se realizó en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén, Magallanes y la Antártica. La segunda (2021), en las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, Araucanía y Los Ríos. Y finalmente (2022), en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana. Tras la implementación, Ronald Cabré, explica que “las evaluaciones que ha hecho el Ministerio de Justicia, que coordina y evalúa el funcionamiento, es que en las dos primeras evaluaciones se arrojan muy buenos resultados e indican espacios de mejora que son de los que nos debemos hacer cargo”, afirmó.
Finalmente, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Los Ríos, Esteban Matus, explica que “es muy importante sensibilizar, formar y capacitar a todas las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes, porque no solo es importante que estén preparados quienes son partes del Sistema de Justicia Penal, sino aquellos funcionarios que interactúan con niños, niñas y adolescentes todos los días. Por eso es que estamos trabajando con personal de educación, el Servicio Mejor Niñez y también proyectamos con personal de salud”, concluyó.
