A juicio del SERNAC, la entidad infringió el derecho a la libre elección de los consumidores al no respetar el derecho de los estudiantes a expresar su consentimiento sobre las modalidades de clases online ofrecidas, impidiéndoles a quienes no lo deseaban, terminar el contrato y recuperar su dinero.

El objetivo de esta acción es que la entidad compense a todos los consumidores que fueron afectados por las eventuales infracciones detectadas en el derecho a la información y libre elección referidos al cambio en la modalidad del plan de estudios.

En igual sentido, se solicita sean también compensados aquellos consumidores que hicieron uso del servicio en la nueva modalidad ofrecida, con la devolución del valor pagado en exceso en vista del servicio que definitivamente se prestó y que difiere del original.

Se detectó también que el preuniversitario no contó con canales informativos para resolver las dudas de los estudiantes en un tiempo razonable y tampoco entregó el material de estudio comprometido para el desarrollo de los planes.

La entidad educacional reconoció haber recibido alrededor de 4 mil reclamos de parte de sus estudiantes por diversos incumplimientos.

27 julio 2021.- El SERNAC presentó una demanda colectiva en contra de Preuniversitario Pedro de Valdivia tras detectar que esta entidad cambió el programa de estudios contratados por los estudiantes al comenzar la pandemia, pasando de presencial a online. Con ello, les impidió terminar el contrato a quienes no podían o no deseaban esta nueva metodología para la prestación del servicio y negó la devolución del dinero invertido.

El objetivo de esta acción es que la justicia establezca las compensaciones que correspondan a todos los consumidores que fueron afectados y además aplique al Preuniversitario Pedro de Valdivia las más altas multas que establece la Ley del Consumidor.

El SERNAC tomó esta decisión luego de realizar una investigación que consideró una serie de elementos. Entre ellos, los más de 400 reclamos recibidos de parte de los estudiantes, quienes relataron que la entidad educacional, justificándose en la pandemia, en marzo del año 2020 cerró todas sus sedes, reemplazando las clases presenciales a modalidad vía streaming u online.

El cambio de modalidad fue aplicado sin respetar el derecho que les asiste a los consumidores a manifestar su consentimiento, viéndose los más de 35 mil matriculados en este período obligados a aceptar las nuevas condiciones, lo que implica una infracción al derecho a la libre elección.

Los consumidores indicaron que la nueva modalidad del servicio no les era adecuada o presentaba diversas dificultades técnicas que impedían su uso, por lo cual solicitaron terminar el contrato y la devolución del dinero pagado previamente, lo que no fue aceptado por la entidad, la cual tampoco se encuentra supervisado por la Superintendencia de Educación Superior ni ninguna otra autoridad especializada que fiscalice un estándar adecuado de calidad.

Asimismo, otro grupo de consumidores que hizo uso del servicio en la nueva modalidad, reclaman la diferencia de valor entre los planes presenciales y online, ya que los primeros son considerablemente más costosos. Por este motivo, es que se solicita en la demanda que también sean compensados aquellos consumidores que hicieron uso del servicio en la nueva modalidad ofrecida, con la devolución del valor pagado en exceso en vista del servicio que definitivamente se prestó y que difiere del original.

Por su parte, el Preuniversitario Pedro de Valdivia justificó su negativa a devolver el dinero amparándose en una cláusula impuesta por la propia empresa, la cual indica que sólo se admiten solicitudes de devolución para aquellos alumnos que hubieran sido matriculados antes de los diez días hábiles anteriores al inicio de clases, y siempre que la persona hubiese realizado la solicitud dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la fecha de la matrícula.

A juicio del SERNAC, dicha cláusula, además de ser abusiva, no tiene sentido de realidad, pues la mayoría de los estudiantes se matriculó mucho tiempo antes del inicio de las clases, incluso algunos lo hicieron a fines del año anterior.

Además de la negativa a devolver el dinero y no respetar el derecho a manifestar su consentimiento, los consumidores indican que el preuniversitario incurrió en otros incumplimientos, entre ellos, no haber informado de manera adecuada el cambio de modalidad y no disponer canales de atención, viéndose impedidas las personas de resolver sus dudas. Además, los usuarios se quejaron de que el preuniversitario no proporcionó los materiales de estudio comprometidos, como la entrega de libros y guías.

Tras ser oficiado por el SERNAC, en el marco de la investigación, el Preuniversitario Pedro de Valdivia reconoció haber recibido 3.931 reclamos. Casi un 57% de ellos fue precisamente solicitando la devolución de dinero.

El Director Nacional del SERNAC, Lucas Del Villar, explicó que, si bien las entidades que ofrecen servicios educacionales podían proponer servicios equivalentes, en este caso, clases online, lo que correspondía era que la nueva modalidad fuera aceptada por quienes habían contratado. Y en caso de aquellos que no estuvieran de acuerdo por diversos motivos, la entidad debía dejar sin efecto el contrato y devolver el dinero pagado.

Explica que, en julio del año pasado, el SERNAC dictó una circular interpretativa, justamente estableciendo que, si bien los preuniversitarios podían ofrecer medidas alternativas para cumplir el servicio contratado, de ninguna manera impedía a los consumidores ejercer la libre elección, esto es, a terminar el contrato y solicitar la devolución del dinero si dicha solución no le satisfacía.

A través de la demanda, el SERNAC solicita a la justicia que los consumidores que se vieron afectados por la conducta del preuniversitario sean adecuadamente compensados. Además, solicita la eliminación de las cláusulas abusivas de los contratos relacionadas a este problema y que se apliquen el máximo de las multas que establece la Ley del Consumidor.

En un informe de ARTL Auditores, empresa con oficinas en Santiago y Concepción, se entrevistaron a 127 contadores para saber cuánto saben sobre las normas IFRS y si acaso las implementan. Mientras un 40% dijo no conocerlas; un 56% las calificó de “muy complejas” o bien que “no son de utilidad”. Acá, un experto de la firma explica porqué estos estándares contables son claves a la hora de querer internacionalizar una marca.

27 julio 2021.- Luego que Chile formalizara su ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), las empresas consideradas Sociedades Anónimas Abiertas (S.A.A.) y sometidas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se vieron obligadas a implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF o IFRS por sus siglas en inglés (International Reporting Financial Standards): estándares contables que regulan y reconocen de forma universal el tratamiento y la información financiera de una empresa con su entorno. Si bien, en 2013 el Colegio de Contadores ya había derogado las normas locales, algunas S.A. abiertas ya aplicaban las NIIF.

Hoy en Chile hay más de 900 mil empresas, de las cuales 220 mil son pymes y unas 680 mil, microempresas. Aunque parte de este sector no está obligado a implementar dichas normas, un estudio de las empresas ARTL Auditores y Edig Chile, junto al estudio jurídico Ricardo Garrido, concluyó que existe un alto grado de desconocimiento y desinterés por parte de los contadores profesionales, como también de los pequeños y medianos empresarios, respecto al uso de la IFRS.

El estudio ¿Por qué las pymes no aplican las Normas Internacionales de Información Financiera? se realizó durante el primer trimestre de este año por medio de una encuesta telemática a 127 contadores y contadoras que trabajan para pequeñas y medianas empresas en distintas regiones del país. Sus principales resultados dicen que cada profesional gestiona en promedio 28 contabilidades o empresas, de las que en solo 6 se aplican las normas IFRS, además un 40% dijo no tener conocimiento sobre las normas; un 56% encontrarlas “muy complejas” o bien que “no son de utilidad” y un 44% prefiere usar la contabilidad tributaria.

“Las pymes son un aporte importante al desarrollo del país, solo en materia de empleo entregan un 53,3%. Por esto, resulta contraproducente que un sector importante mantenga un desinterés o desconocimiento sobre la aplicación de las normas IFRS. Más allá que las empresas tengan o no altas rentabilidades, el hecho de no adoptar un lenguaje contable internacional de los negocios, las pondrá en algún minuto en desventaja cuando quieran conquistar nuevos mercados, renegociar créditos o bien buscar más inversionistas. Si los resultados financieros finalmente están en otra base contable, para muchos pueden resultar poco fidedignos”, opina Luis Landa, socio principal de ARTL Auditores Chile.

En cuanto a datos que revelen un cambio en la tendencia, el estudio indica que de las y los contadores entrevistados un 39% desea más de un producto o servicio para entender mejor las normas IFRS; un 27% está interesado en buscar capacitación, un 19% tendría un sistema contable, mientras que un 15% solicitaría asesoría para realizar la contabilidad financiera con ellas.

“Es necesario crear las condiciones que permitan implementar las referidas normas y cumplir así con los compromisos asumidos. En consecuencia, urge elaborar una hoja de ruta para que exista mayor apoyo gubernamental hacia el sector de las pymes y también al de los contadores, tanto en materia tecnológica como capacitación”, añade Landa.

27 julio 2021.- Pasado el mediodía, FENASPAR (Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile), con más de 900 pescadores artesanales, encabezados por Hernán Cortes Bernal, presidente de la entidad, hizo entrega de una carta al Delegado Presidencial, Patricio Kuhn. En la misiva, además de saludarlo y desearle éxito en su gestión, dejaron en claro que para los pescadores artesanales es de gran importancia, que, como autoridad, conozca la situación de la pesca en la región. “Son grandes los intereses que están en juego y le solicitamos que nos otorgue apoyo para las demandas del sector”, le pidieron los dirigentes.

En el contenido del documento, plantearon las demandas del sector, según señaló Hernán Cortes:

Primero: Según los antecedentes técnico científicos, el estado de la pesquería de sardina y anchoveta se encuentra sana por lo que es posible aumentar la cuota de captura asegurando la sostenibilidad del recurso. Esta solicitud ha sido formulada a la autoridad correspondiente que la está evaluando. Esta ha sido una práctica utilizada en el pasado con mucho éxito.

Segundo: Los antecedentes históricos de pesca de sardina y anchoveta en la zona centro sur (Valparaíso a Los Lagos) demuestran que la del total de cuotas asignadas a la pesca industrial, esta no la captura “traspasándola” (venta encubierta” a la pesca artesanal. Es así que, a junio de 2021, la pesca industrial no capturó ni una tonelada de esta pesquería, mientras que el 2020 y 2019 fue de sólo 5,8% y 1,5% de la cuota asignada.

Según Cortés, “le solicitamos que la pesquería de sardina y anchoveta sea asignada 100% a la pesca artesanal ya que somos nosotros quienes realizamos el trabajo de pesca. Para ello se requiere modificar el artículo transitorio sobre fraccionamiento de la actual ley de pesca”.

De paso los dirigentes le indicaron que “Los pescadores artesanales no queremos regalos, solo buscamos mayores oportunidades de trabajo”.

Al momento de finalizar la entrega de la carta al Delegado Presidencial, los pescadores le señalaron que “esperamos que usted como autoridad, nos apoye en nuestras demandas por la importancia que esto tendrá en la generación de empleo y reactivación económica de nuestra región, tan necesaria por los negativos impactos generados por la pandemia de covid-19.