Las Federaciones Nacionales de APR’s de Chile emitieron este miércoles 11 de noviembre una declaración pública en la que manifiestan su «profunda preocupación» por el sostenido aumento de los combustibles y sus efectos sobre las familias, el transporte, las actividades productivas y los servicios esenciales, entre ellos el abastecimiento de agua potable en las zonas rurales del país.
El documento, que llegó a la sala de redacción de Diario El Ranco, lleva el título «Alza de los combustibles: el agua potable rural también necesita protección» y está firmado por las Federaciones Nacionales de APR’s de Chile.
Costos que se acumulan
Según las federaciones, los comités y cooperativas de Agua Potable Rural —hoy denominados Servicios Sanitarios Rurales (SSR)— enfrentan una suma de alzas: a los sucesivos incrementos de las tarifas eléctricas se agregan los mayores costos de combustibles, materiales, insumos, mantención y transporte, todos indispensables para producir y distribuir el agua.
La declaración subraya que en muchos sistemas rurales el combustible es fundamental para mantener funcionando los equipos de generación eléctrica durante cortes de suministro, emergencias climáticas y otras contingencias. «Cuando aumenta el costo de la energía, también aumenta el costo de garantizar el agua», sostiene el texto.
Las organizaciones agregan que en los territorios rurales las distancias, las dificultades de conectividad y los mayores costos de abastecimiento hacen que estas alzas tengan consecuencias especialmente sensibles.
Una «debilidad estructural»
El pronunciamiento apunta a lo que las federaciones califican como una debilidad estructural que vienen planteando desde hace años: el Estado ha entregado a las comunidades organizadas la responsabilidad diaria de administrar un servicio esencial, sin crear mecanismos permanentes que las protejan frente al aumento de sus costos de operación.
Recuerdan que los comités y cooperativas son organizaciones comunitarias sin fines de lucro, que no cuentan con las herramientas de una empresa comercial para absorber estas alzas, y advierten que tampoco es justo que cada incremento termine traspasándose a las tarifas que pagan las propias familias rurales.
«El derecho humano al agua potable y al saneamiento no puede quedar condicionado exclusivamente a la capacidad económica de las comunidades para enfrentar el encarecimiento de la energía y los combustibles», afirman.
Las federaciones añaden que no basta con establecer tarifas que permitan financiar la operación de los Servicios Sanitarios Rurales, sino que también es necesario definir quién asume los sobrecostos extraordinarios cuando está comprometida la continuidad del abastecimiento. A su juicio, no es razonable que estas situaciones se resuelvan solo con recursos de las organizaciones comunitarias o mediante nuevas alzas para las familias rurales.
Las propuestas
Las federaciones plantean que la responsabilidad debe ser compartida entre el Estado y las comunidades organizadas, y que las medidas públicas frente al alza de la energía y los combustibles incorporen expresamente a los Servicios Sanitarios Rurales, reconociendo su condición de infraestructura esencial y su particular forma de gestión comunitaria. Recuerdan que estas organizaciones cumplen una función pública comunitaria, sin fines de lucro, garantizando diariamente el acceso al agua potable en miles de localidades del país. En concreto, proponen:
• Establecer mecanismos de apoyo y compensación ante alzas extraordinarias de energía y combustibles.
• Garantizar condiciones especiales para el funcionamiento de los equipos de respaldo durante emergencias.
• Avanzar hacia una política permanente de seguridad energética para los sistemas de agua potable rural.
Estas demandas, precisan, forman parte de las propuestas que han presentado durante el proceso de modificación de la Ley N° 20.998. «No se trata únicamente de responder a una nueva alza, sino de corregir una insuficiencia estructural que amenaza la sostenibilidad de la gestión comunitaria», señala el documento.
La declaración concluye reiterando la solidaridad de las federaciones con el país y su disposición a colaborar en soluciones. «El agua es una necesidad esencial, no un consumo que pueda postergarse. Y quienes garantizamos su abastecimiento no podemos seguir enfrentando solos los costos de mantenerla disponible», cierra el texto.
