La directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín se refirió al fallo de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó las sanciones contra la planta de Celulosa “Arauco” en Valdivia, aplicadas en 2004 y 2005 por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), desestimando todos los recursos interpuestos por la compañía vinculada a la masiva muerte de cisnes de cuello negro.
“Este fallo es un importante espaldarazo a los servicios públicos en la aplicación y resguardo de la normativa sectorial de relevancia ambiental, la cual muchas veces ha sido puesta en riesgo, debido a la ‘influencia política’ de los intendentes y las Coremas”, declaró la ambientalista.
Tras la sentencia, la empresa del grupo Angelini deberá pagar más de 260 millones de pesos por transgredir normas ambientales de temperatura y descarga máxima de metales pesados en los Residuos Industriales Líquidos (Riles) vertidos al estuario del río Cruces en 2004 y 2005.
“La justicia ha ratificado la naturaleza del mandato fiscalizador del Comité Operativo de Fiscalización, instaurado en virtud de la Ley 19.300 para coordinar el procedimiento de inspecciones y de fiscalización del conjunto de los servicios, respecto de las condiciones de las resoluciones de calificación ambiental (RCA), pero sin invalidar la atribución de cada servicio, que sigue siendo responsable legal de la normativa bajo sus atribuciones fiscalizadoras”, dijo Larraín.
Respecto de los alcances de la resolución, la ecologista dijo que “esto reafirma la relevancia de la normativa ambiental vigente, y distingue su diferencia y autonomía en relación con las resoluciones administrativas particulares y caso a caso, como son las RCA, estableciendo su jerarquía jurídica. En este sentido, el fallo resalta la conveniencia de que Chile cuente pronto con una Superintendencia de Medioambiente, como la que se discute hoy en el Senado”.
En su declaración, el Programa Chile Sustentable juzgó que “el fallo debería ser una clara señal para las empresas, y en particular para Celco-Valdivia, que ha tratado persistentemente de evadir el espíritu de la legislación sectorial de relevancia ambiental, para no internalizar sus costos de producción, como es el caso de la tramitación de las plantas Valdivia y Nueva Aldea, y el intento reciente de ampliar su producción en 20%, sin someter dicho cambio a Estudio de Impacto Ambiental”.
Fuente: Programa Chile Sustentable
