El día de ayer la Contraloría General de la República instruyó un sumario contra la Municipalidad de Corral para determinar eventuales responsabilidades administrativas por una serie de irregularidades, ocurridas del 2021 a la fecha.
En detalle, el municipio corraleño no respondió a cinco reclamos, dos interpuestos por los concejales Manuel Pardo, independiente del Frente Amplio, y Claudio González, independiente de derecha, ni tampoco se atendió una denuncia ciudadana.
Ni siquiera dieron respuesta a un requerimiento de la propia Cámara de Diputados, ni a otra acción del mismo tipo por parte del diputado José Carlos Meza, representante del Partido Republicano de la Región Metropolitana.
Por otro lado, tampoco se informó sobre el eventual ascenso de un funcionario no identificado, quien reclama el pago de su antigüedad.
Nuestro medio tuvo acceso a uno de los documentos en los que Contraloría exige que sus observaciones sean debidamente contestadas. Se trata de la Auditoría al Proceso de Ejecución y Control Presupuestario, fechada en 2021, que investigó las cuentas del ítem bienes y servicios de consumo, entre 2017 y 2019, bajo la administración del independiente de derecha, Gastón Pérez.
Dicho informe señala que hubo 10 pagos de representación (correspondientes a celebraciones públicas), que sumaban más de 3 millones de pesos, sin que se acredite la presencia de autoridades de gobierno, lo que exigen las normativas. En la misma línea, hay 15 pagos por poco más de 4 millones por alimentación y alojamiento de artistas y otros participantes en eventos, “sin que exista una disposición legal que faculte a los municipios a utilizar fondos de su presupuesto para estos fines”, establece el documento de Contraloría.
Por otro lado, hay un saldo de más de 10 millones de pesos en obligaciones a proveedores, los que el organismo fiscalizador exigió al municipio reconocer y pagar.
Además, se detectó la existencia de una cuenta por un monto similar que había sido eliminada y no estaba en los registros del municipio.
Contraloría exigió a la Municipalidad corraleña que reintegre un millón de pesos gastados por los funcionarios municipales en combustible, estacionamiento, alimentación y viajes.
Un hecho particularmente grave fue la contratación de 16 personas, por parte de una empresa concesionaria, quienes cumplían labores municipales, lo que transgrede dictámenes de la administración pública.
Por último, se menciona la cancelación de cinco órdenes, correspondientes a la concesión administrativa de prestación de servicios de personal externo, las que suman más de 73 millones de pesos que no contaban con todas las exigencias requeridas.
