A 50 años del Golpe de Estado y posterior dictadura militar, quisiera invitarles a observar con amplitud de mirada los principales desafíos que como sociedad, y en particular como sistema educativo, aún tenemos pendientes transcurridos más de 30 años desde la recuperación de la democracia.
Ver un país dividido frente a un hecho histórico de tal significancia, que ha marcado a fuego a muchas generaciones que han heredado el dolor de sus efectos, en circunstancias que el sector político en su conjunto contribuye a dicha división y fragmentos de la sociedad toman posiciones radicales, totalmente desafectadas de otras perspectivas o puntos de vista, nos deben hacer reflexionar: ¿No aprendimos nada en 50 años?
El sector educativo debe asumir la responsabilidad que tiene como influyente relevante, aunque no exclusivo, de la creación del sentido común, pues tiene la posibilidad de influir y por tanto la posibilidad de ayudar a comprender lo que sucedió, identificar lo que no debería volver a suceder, y cómo es posible alcanzar la reconciliación que requiere toda sociedad para avanzar.
En contrario a lo esperado, luego de casi dos décadas de dictadura militar y estando ya en democracia, en el año 1997 se eliminó del currículo la asignatura de Educación Cívica, y no fue hasta casi 20 años después que se reincorporó como “Educación Ciudadana” para tercero y cuarto medio.
En el ámbito de la educación superior, se estableció en el año 2018 -a través de la ley 21.091- como principio de las instituciones el respeto y promoción de los Derechos Humanos, así como el compromiso cívico. Dos años antes la ley 20.910 que crea 15 CFT Estatales les asigna a éstos la formación de personas en vistas a su desarrollo espiritual y material, con sentido ético y de solidaridad social, respetuosas del medioambiente y de los derechos humanos, así como la formación cívico-ciudadana.
Hemos perdido valiosos años de enseñar a discutir y a dialogar, de crear conciencia democrática intergeneracional, de hacernos parte de la comunidad generando espacios de conversación y consenso, enseñando que las experiencias del pasado deben ayudarnos a ser una mejor sociedad no sólo para nosotros, sino que también para las siguientes generaciones.
A la luz de los acontecimientos, pareciera que 50 años no han sido suficientes para aprender: Que la democracia sólo puede defenderse con más democracia y participación; que la polarización política solo ayuda a la división y la generación de caudillismos, que los sistemas políticos y económicos son medios para el logro de bienestar, justicia social y desarrollo sostenible, no un fin en sí mismos; que no hay legislación o constitución más perfecta que aquella que hace sentido a sus ciudadanos, y que los derechos humanos deben respetarse siempre.
Es evidente que las y los jóvenes de Chile deben contar con formación cívica-ciudadana, tanto en la enseñanza media como en la educación superior técnica estatal, pues la educación es el vehículo que les permitirá comprender y promover el respeto a las diferencias, la empatía frente al dolor y el desarrollo de conductas como ciudadanos responsables, que seguramente en menos de 50 años propiciarán una profunda y verdadera reconciliación, elemento necesarios para construir el País que chilenas y chilenos soñamos.
