Los dirigentes del APR, Eugenia Pardo y Rosa Arriagada, han liderado una lucha por la transparencia y la corrección de estas situaciones, respaldada por documentación que demuestra deficiencias en la ejecución del proyecto.
La pavimentación de calles reveló falencias en el sistema de alcantarillado, lo que llevó a una crisis sanitaria que afectó a la comunidad durante dos años. La falta de acción por parte de las autoridades regionales y gubernamentales ante estas problemáticas genera cuestionamientos sobre su responsabilidad.
Además, la intervención en la red de agua del APR por parte de SURALIS ha generado retornos de aguas residuales, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los residentes.
Las pruebas recopiladas han sido entregadas a abogados para iniciar acciones legales por daños y perjuicios, mientras que la empresa SURALIS ha presentado un recurso de protección contra diez vecinos, acusándolos de interrupción ilegal del suministro de agua, a pesar de que fueron ellos quienes intervinieron las redes del APR.
Los residentes afectados buscan justicia y transparencia, y han llevado su caso a la corte de apelaciones de Valdivia, con la intención de llegar al Tribunal Constitucional en busca de una solución definitiva.
Esta denuncia busca no solo esclarecer los hechos, sino también proteger los derechos y la dignidad de los residentes de Aldea Campesina, quienes han sido afectados por la negligencia y la falta de acción de las autoridades y la empresa responsable.
