Nuestro medio tuvo acceso exclusivo al informe de la Comisión de Evaluación, encabezada por el delegado presidencial, Jorge Alvial, que aprobó por unanimidad la declaración de impacto ambiental del proyecto solar Burgos, por parte de la empresa Blue Solar Veinte Spa. El estudio señala que dicha entidad “cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 138, 140, 142 y 160 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, reza el documento. Por esto no es necesario realizar un estudio de impacto ambiental.
En el texto de 146 páginas se señala que se respondieron satisfactoriamente las 4 observaciones ciudadanas que se declararon admisibles.
En el estudio se indicó que no existe alteración a sitios patrimoniales o lugares de valor antropológico. En el proceso no aplicaba la exigencia de contratar un porcentaje de personas de la comuna, por lo que la empresa solamente se comprometerá con que el 10% de los trabajadores serán unioninos. En la misma línea, tampoco aplicaba establecer beneficios energéticos. El único beneficio será un equipo de generación eléctrica a la comunidad de Guenupan y al comité de Agua Potable Rural (APR) del sector.
La planta aportará 9 MW al sistema eléctrico nacional y tendrá una duración de 25 años, con una inversión de 21 millones de dólares.
Cuestionamientos indígenas
Aunque el documento indica que no se afecta de forma directa a ningún grupo indígena, conclusión que se llegó tras sostener varias reuniones con los propios mapuche, el lonkoLuis Llanquilef expresó su decepción por la votación de la Comisión, señalando que no se acogieron sus observaciones. “Teníamos un acuerdo con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA) para visitar el terreno y hacer un reconocimiento a algunos sitios de interés cultural, pero la empresa nos prohibió el ingreso al sector, lo que nos parece grave”, comentó.
Incluso Llanquilef habla de conflicto de intereses en el proceso. “Ese es un terreno agrícola, por lo que se cambió la tipificación del suelo y quien autorizó ese proceso fue el hijo del sr. Burgos, que es director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo que no fue tomado en cuenta”, aseguró. Nuestro medio trató de contactarse con Carlos Burgos, director regional del SAG, pero no obtuvimos respuesta.
Se estima que en junio comenzarán las obras, para que la planta comience a operar en enero del 2025. Aunque hay un plazo de treinta días hábiles para que se interponga algún recurso legal. En este sentido el lonko Llanquilef no descarta acudir a tribunales, por lo que parece que el conflicto está lejos de terminar.
