Este miércoles 28 de mayo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, anunciaron el ingreso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con plazos al Congreso.
La iniciativa fue comprometida por el Presidente de la República, Gabriel Boric, en la Cuenta Pública 2024, junto con anunciar la modificación del reglamento para mejorar la implementación de la Ley de Interrupción del Embarazo (IVE) en 3 causales. La Contraloría General de la República tomó razón de estas modificaciones el pasado 23 de mayo, lo que permitirá fortalecer el acceso de las mujeres y las niñas que lo requieren a este derecho ya consagrado en la Ley.
Habiendo cumplido este compromiso, las autoridades de Gobierno anunciaron el ingreso del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y establece mecanismos en el sistema de salud para ello. La iniciativa mantiene las normas de objeción de conciencia establecidas en la ley chilena, tanto personal como institucional; busca garantizar el acceso a la prestación en el plazo más breve posible, así como el acceso a la información.
“A quienes nos escuchan, en especial a quienes han abortado -que sabemos por estadísticas que son miles en nuestro país- queremos que sepan que el Gobierno de Chile considera que no deben seguir siendo tratadas como criminales y que no deben seguir siendo perseguidas penalmente, sino que por el contrario debemos abrir la salud pública para esto. Los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales; ninguna mujer se embaraza para abortar. Queremos abrir un debate respetuoso, con base en evidencia, donde todas las posiciones, según en lo que se basen, tengan un espacio, pero donde no sigamos vetando un tema que sabemos sigue ocurriendo”, expresó la ministra Antonia Orellana, quien además señaló que “A 35 años de que se ilegalizara vía decreto antidemocrático, hoy abrimos la discusión en el Congreso”.
“Nosotros tenemos razones sanitarias como para empujar esta política”, señaló por su parte la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien explicó que “si bien hemos avanzado mucho en temas de regulación de la natalidad, siempre siguen ocurriendo abortos y el que sea en clandestinidad produce riesgos para la salud de las mujeres, riesgos que finalmente se traducen en hospitalizaciones que son aproximadamente más de 20.000 al año, y cerca de 260.000 en un acumulado de más de 10 años, aproximadamente. También se producen muertes que, si bien afortunadamente no es la situación que ocurría 60, 70 años atrás, donde era una causa muy importante de muerte, siguen ocurriendo fallecimientos, alrededor de cuatro por año y son situaciones que nosotros no podemos dejar de ver”.
En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, planteó “la importancia que tiene para una sociedad democrática, en pleno siglo XXI, tener un debate con altura de miras, en un marco de respeto recíproco respecto de las distintas miradas. Aquí más que discutir sobre la base de prejuicios o caricaturas, lo que se requiere es tener a la vista la evidencia científica y sobre todo, que se desarrolle un debate en una propuesta que han discutido otros países del mundo y democracias avanzadas”. Asimismo, la autoridad llamó a “que la voz de las mujeres sea escuchada en este debate”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, señaló que “actualmente las mujeres que cometen aborto se encuentran criminalizadas o penadas en nuestro sistema u ordenamiento jurídico. Y eso es precisamente lo que con este proyecto se quiere terminar, es decir, que las mujeres que hasta un cierto plazo realicen un aborto por distintas razones, no se vean expuestas a ser perseguidas penalmente”.
Según una investigación de la Corporación Miles, entre 2012 y 2022 se abrieron 444 investigaciones por el delito de aborto, incluso, cuando en el 10% de los casos se trataba abortos espontáneos acreditados.
En Los Ríos
Desde la región, el Delegado Presidencial Regional de Los Ríos recalcó que “nuestro llamado es a tener un debate con altura de miras, tal como corresponde a una sociedad democrática en pleno siglo XXI, en el que prime el respeto mutuo por las distintas visiones sobre este tema, basado en evidencia científica y, sobre todo, que se desarrolle en torno a una propuesta que ya ha sido discutida en otros países del mundo y en democracias avanzando”.
Asimismo, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género en Los Ríos, Francisca Corbalán Herrera valoró el anuncio realizado destacando que “abrir la discusión sobre una realidad, que muchas veces ocurre en la clandestinidad, y que afecta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, es una forma de visibilizar diversos motivos que puedan tener y que hoy no responden a ninguna de las tres causales que la legislación actualmente permite”.
“Bajo esos parámetros, desde la entrada en vigencia en 2018 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en Los Ríos 180 casos se han constituido bajo alguna de las causales existentes. Durante el 2024 se realizaron 30 procedimientos: 11 de estos bajo la causal 1; 7 por la causal 2; y 12 por la causal 3 como resultado de una violación. En un territorio con altos índices de delitos sexuales cometidos en contra de mujeres, niñas y adolescentes, nos parece también necesario mencionar que, durante el año pasado, dos de las doce mujeres que invocaron la tercera causal, eran niñas menores de 14 años”, explicó también la Seremi Francisca Corbalán.
Por su parte, la Seremi de Salud, Ivone Arre Yáñez, explicó que desde su cartera “estamos dando cumplimiento al compromiso del presidente de la República de avanzar —y no retroceder— en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, fortaleciendo la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, para que ninguna niña o mujer vea restringido su acceso a este derecho por el lugar en donde reside. Desde su entrada en vigencia, hemos fiscalizado la implementación de la Ley IVE en 3 causales en nuestra región, específicamente en los dos establecimientos de salud autorizados para la aplicación de los procedimientos que serían el Hospital Base de Valdivia y la Clínica Alemana”.
Sobre esto último, la autoridad sanitaria agregó que “los establecimientos tienen la obligación de reportar a la Autoridad de Salud que las prestaciones de salud son cubiertas y entregadas a todas las mujeres y niñas que enfrentan un embarazo cuando son víctimas de una violación, un embarazo que sea inviable y corra riesgo su vida. Seguiremos supervigilando el cumplimiento de la Ley IVE para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo en las 3 causales y una atención oportuna para no retroceder en los derechos de las mujeres y niñas. En la línea de lo ha dicho la Ministra de Salud apoyaremos el debate democrático para apunta a proteger y no criminalizar a las mujeres que por distintas razones no quieren verse obligadas a ser madre.
Finalmente, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Ríos del Río, señaló que «en nuestro sistema jurídico actualmente aquellas mujeres que cometen aborto se encuentran criminalizadas o penadas, por lo que este proyecto de ley viene a desarrollar una discusión jurídico técnica relevante en nuestra sociedad».
