La Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo fue promulgada el 14 de septiembre de 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet, una normativa que ha significado un importante avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En ese contexto, durante la jornada de ayer las secretarias regionales ministeriales de la Mujer y la Equidad de Género y Salud presentes en la región, entregaron cifras y un balance de la aplicación de esta ley desde una perspectiva regional.
La secretaria regional ministerial de Salud, Qf. Cristina Ojeda destacó que en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, han existido avances significativos en la Ley IVE, por ejemplo el reglamento de acompañamiento a mujeres y niñas que se acojan a algunas de las causales que la Ley establece, lo que complementa con la el acceso que avala el GES, y como Autoridad Sanitaria, “fiscalizamos cómo se ejecuta la Ley en los dos centros de salud, a los que, las mujeres pueden acceder a las prestaciones de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: Clínica Alemana y Hospital Base de Valdivia”.
A su vez, la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Francisca Corbalán Herrera, explicó “como bien señaló la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género Antonia Orellana Guarello las cifras que entregamos hoy dan cuenta de algo muy importante, que es el poder de decisión que otorga esta ley a las mujeres en condiciones extremas, como lo son el riesgo de vida de la madre, la inviabilidad del feto o luego de una violación”.
“Nos muestra que las mujeres tienen la posibilidad de decidir si acceder o no a este derecho establecido por ley, y que muchas de ellas deciden continuar con su embarazo, pero que la gran mayoría, un 83% en nuestra región, lo interrumpe, sobre todo en el caso de violación. Por eso insistimos, la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres trata precisamente de garantizar que sean las mujeres quienes puedan tomar la decisión”, también agregó la SEREMI Francisca Corbalán.
Así mismo, la seremi de Salud mostró su preocupación porque “tenemos un grupo importante de médicos que son objetores de conciencia y que, principalmente, son objetores en la causal 3, que es la causal de Violación que, además, es una causal que más afecta a niñas y adolescentes y eso obviamente, nos genera las ganas de seguir trabajando y luchando por el derecho que las niñas y las mujeres de acceder a la Ley IVE, pero sobre todo las niñas, porque en esta causal se evidencia que fueron víctimas de un delito”, expresó.
En Los Ríos, desde el 2019 a junio del 2024, 136 mujeres y niñas han podido acogerse a la ley cumpliendo con alguna de las tres causales; finalmente un 83% decidió interrumpir su embarazo. Respecto del porcentaje de mujeres y niñas acogidas a la causal de violación y que han decidido no continuar con el embarazo, este corresponde a un 84 por ciento.
Modificaciones al reglamento
El 31 de mayo de 2024, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, ingresó a revisión de la Contraloría modificaciones al reglamento de objeción de conciencia para mejorar la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en 3 causales y asegurar a mujeres y niñas el acceso a este derecho.
El objetivo de este reglamento es garantizar el acceso a este derecho establecido en la ley, asegurando que los establecimientos públicos de salud cuenten con personal sanitario idóneo, suficiente y disponible para asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo. Asimismo, busca garantizar, en caso de ser necesario, un traslado rápido, oportuno, efectivo y siempre consensuado con la usuaria para asegurar el acceso a la prestación.
Antecedentes de la ley
La Ley que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE) permite, mediante la voluntad de la mujer, la interrupción de su embarazo en caso de riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación. En este último caso, el límite es de doce semanas de gestación y catorce semanas en caso de niñas menores de 14 años.
Es importante mencionar que desde 1931 y hasta 1989, en Chile estuvo permitido el aborto terapéutico, con una interpretación amplia respecto de las causales, esto hasta que fue prohibido por la dictadura militar. Veintiocho años después el Congreso de Chile aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE).
Aunque el proyecto aprobado fue llevado al Tribunal Constitucional por la oposición de ese entonces, el órgano rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad, materializándose en la Ley N° 21.030.
