José Aylwin, abogado, co director del Observatorio Ciudadano (www.observatorio.cl)
*La denuncia que realizan las autoridades, a las que se suma El Mercurio, no corresponden a la realidad. En el trabajo de documentación que desde el Observatorio hemos desarrollado en los últimos años de las situaciones de conflicto interétnico que se viven en la Araucanía no hemos constatado un solo caso de niños mapuche que hayan sido utilizados por las comunidades a las que pertenecen como escudos humanos.
El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, afirmó en días pasados en relación a los hechos de violencia policial que han afectado a niños mapuche en el sur que «… algunos dirigentes mapuches utilizan a niños y a mujeres como escudos». Rosende, en el estilo autoritario que ya es característico en quienes ocupan su función, agregó que los «niños deben estar al margen, los conflictos de esta naturaleza se resuelven entre adultos, a través del diálogo y la conversación, no con niños de por medio», llamando a denunciar estas situaciones para que sean investigadas.
El general Hero Negrón, jefe de zona de carabineros en la Araucanía, a su vez, aún cuando reconoció que existen situaciones especiales, como denuncias de niños heridos durante disturbios, sostuvo que éstos «han sido producto de menores que atacan a carabineros o, en caso contrario, han sido puestos por delante durante los cumplimientos policiales generados por órdenes judiciales».
El Mercurio en su edición del lunes 2 de noviembre se suma a la denuncia de Rosende con un extenso artículo sobre la supuesta utilización de niños mapuche como escudos frente a situaciones de protesta. Manipulando la información de manera burda, como suele hacerlo este medio, ilustró la noticia con una foto de niños mapuche que participaron, junto a más de mil personas provenientes de comunidades de la Araucanía, en una marcha por la paz en Temuco el 23 de octubre pasado.
Al respecto cabe señalar, en primer término, que la denuncia que realizan las autoridades antes referidas, a las que se suma El Mercurio, no corresponden a la realidad. En efecto, en el trabajo de documentación que desde el Observatorio hemos desarrollado en los últimos años de las situaciones de conflicto interétnico que se viven en la Araucanía -que involucran a comunidades mapuche y efectivos policiales-, no hemos constatado un solo caso de niños mapuche que hayan sido utilizados por las comunidades a las que pertenecen como escudos humanos.
En efecto, de los 12 casos de violencia que han afectado a un número bastante mayor de niños y niñas mapuche verificados en la Araucanía entre octubre de 2007 y octubre de 2009, en ninguno de ellos se pueden constatar situaciones de utilización de los menores por parte de los adultos como escudo humano. Por el contrario, en todos los casos se constata que ellos han sido objeto de tratos crueles y degradantes, incluyendo golpizas, insultos y amenazas, proferidas por efectivos policiales de carabineros, o han sido heridos como consecuencia del disparo por éstos de perdigones, balines de goma, o bombas lacrimógenas. En todos estos casos, además, los niños y niñas mapuche se encontraban en sus hogares, o en el desarrollo de actividades cotidianas de las comunidades, acompañando a sus padres o por si solos en el cuidado de animales o faenas agrícolas.
En cinco casos de violencia imputable a carabineros que afectaran a niños y niñas mapuche en esta región en octubre pasado, tampoco constatamos el fenómeno que se denuncia. En contraste con lo señalado por Rosende, el común denominador en ellos ha sido la actuación desproporcionada, abusiva y discriminatoria de los efectivos policiales involucrados, quienes, en abierta violación de la ley y de los reglamentos que rigen su actuación, así como de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, entre ellos la Convención de Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, han puesto en peligro la vida e integridad física y síquica de niños inocentes. En uno de estos casos, ocurrido el 5 de octubre pasado en la comunidad de Rofue, en Padre Las Casas, el niño F.P.M. de 14, luego de ser golpeado y recibir impactos de perdigones de carabineros en momentos en que se encontraba en actividades no relacionadas con conflictos de tierras, fue subido a un helicóptero del GOPE y amenazado con ser lanzado al vacío si no denunciaba nombres de integrantes de la comunidad.
Tanto el Subsecretario Rosende, como el general Negrón, no pueden alegar desconocimiento de esta realidad, puesto que diversas entidades nacionales e internacionales, incluyendo el Observatorio Ciudadano, les hemos proporcionado información, ya sea verbal o escrita, sobre estos casos de violencia policial, instándolos a su investigación y sanción.
¿Qué hay detrás de estas denuncias entonces? Lo que está detrás de ellas, lo que se quiere esconder con ellas, es la responsabilidad de los agentes policiales del Estado en la violación de Derechos Humanos, en este caso de niños y niñas mapuche. Lo que se pretende escudar con ellas -utilizando la terminología de las autoridades- es la impunidad administrativa en que el alto mando de Carabineros, así como las autoridades gubernamentales de quienes dependen, han dejado los delitos cometidos por los funcionarios policiales en estos casos, a pesar de existir procedimientos administrativos para su investigación y sanción. Lo que se escuda, además, es la impunidad en que los tribunales militares han dejado los mismos hechos, dada su absoluta falta de imparcialidad para juzgar delitos que involucran a integrantes de las filas de las instituciones armadas, como son carabineros.
La preocupación de la comunidad internacional frente a la situación de los niños indígenas afectados por el actuar policial no es nueva. Ya el 2007 el Comité de Derechos del Niño de la ONU constataba la existencia de situaciones de brutalidad policial de la que eran víctimas niños indígenas, instando al Estado chileno a poner término a esta situación a través de acciones tanto preventivas como correctivas. Aunque en años posteriores dicha preocupación fue reiterada por el Comité Contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el actuar policial abusivo en contra de los mapuche, incluyendo niños, se repite, sin que se desarrollen las investigaciones y adopten sanciones frente a ellos.
Sin negar las complejidades que tiene un conflicto como el que hoy se vive entre el pueblo mapuche y el Estado chileno en la Araucanía, en donde existen situaciones de violencia imputables a los distintos sectores en pugna, el Estado no puede excusar su rol de garante del bien común y de los derechos humanos so pretexto de la acusación infundada sobre supuesta utilización de los niños mapuche por los adultos que están a su cuidado. Menos aún puede esconder o escudar su responsabilidad en las violaciones a derechos de los niños mapuche, que son imputables a sus agentes policiales, con acusaciones infundadas. Hacerlo no solo es impropio de una democracia, sino que además, es inmoral.
Para generar el diálogo y la conversación entre adultos al que el subsecretario Rosende llama, lo primero que cabría hacer es hablar con la verdad. Lamentablemente en este caso, no lo hace.
Foto: Observatorio Ciudadano.
