Escribo esta columna con incertidumbre y con el temor legítimo de no saber cuáles serán las consecuencias reales de las decisiones que toman los “grandes pensadores” de nuestro país.

Recientemente, el presidente de la República, señor Kast, anunció un plan de reconstrucción nacional que busca reactivar económica y socialmente a Chile. Dentro de ese plan, una de las medidas que más me preocupa es la propuesta de poner un límite de edad para acceder a la gratuidad en la educación superior.

Quisiera explicar por qué una medida así no es solo un ajuste técnico, sino algo que golpea directamente la vida de personas reales. Para eso hablo desde mi propia experiencia.
En 2022, con 36 años, como familia decidimos asumir el desafío de saldar una deuda pendiente: retomar mis estudios. No lo hice antes por varias razones; la principal fue que no existía una institución cercana que ofreciera una carrera de mi interés y que, al mismo tiempo, me permitiera compatibilizar vida familiar, trabajo y estudio.

En ese contexto apareció el Centro de Formación Técnica (CFT) Los Ríos, que lograba combinar de manera casi perfecta esas tres dimensiones. Podía estudiar en jornada vespertina y, durante dos años y medio ininterrumpidos, viajé desde mi hogar hasta la sede de La Unión.

El cansancio era parte del día a día, pero también lo era la convicción de estar abriendo una puerta que había estado cerrada por demasiados años.

Al inicio éramos cerca de 25 estudiantes. Aproximadamente el 80 % estudiábamos con gratuidad y más de la mitad teníamos más de 30 años. Como suele ocurrir, varios se quedaron en el camino, pero en quienes seguimos adelante vi un esfuerzo enorme por sostener estudios, trabajo y familia al mismo tiempo.

Finalmente, de quienes comenzamos, 13 logramos titularnos como Técnicos Electricistas, mención Energías Renovables, de nivel superior. Otra vez, la mayoría teníamos más de 30 años; incluso un compañero superaba los 50.

Al momento de titularnos, la satisfacción no era solo personal: se reflejaba en nuestras familias, que también habían hecho renuncias y esfuerzos para que ese logro fuera posible.
No estudié antes, al egresar de la enseñanza media, porque mi padre —mi único sustento en ese entonces— era obrero agrícola, ganaba el sueldo mínimo y no cumplía con las exigencias de los bancos para acceder a créditos.

Postergar los estudios hasta después de los 30 no fue una elección cómoda ni caprichosa; fue la consecuencia de un contexto económico y social que simplemente no lo permitió.
Gracias a haber estudiado he podido mejorar mi calidad de vida. He visto a mis compañeros ascender en sus trabajos, cambiar de rubro, independizarse y emprender. Cada uno de esos pasos no solo transforma una biografía individual: también fortalece la economía local y el tejido social de nuestras comunidades.

Por eso, cuando se plantea limitar por edad el acceso a la gratuidad, en la práctica se está diciendo que oportunidades como la que tuvimos nosotros podrían cerrarse para quienes vengan después. Se define, desde un escritorio, que pasada cierta edad ya no vale la pena invertir en la educación de una persona, como si el derecho a estudiar tuviera fecha de caducidad.

Las decisiones políticas no son abstractas: se encarnan en historias como la mía y la de mis compañeros. Quienes diseñan estas medidas tienen la responsabilidad de mirar más allá de las estadísticas y escuchar a las personas que llegaron tarde a la educación no por falta de ganas, sino porque el país no les dio las condiciones antes.

Si estas voces no son consideradas, seguiremos siendo invisibles para quienes deciden, aunque seamos precisamente quienes más necesitamos que la política nos mire de frente.
La energía de aprender no se apaga con los años: se apaga cuando el Estado decide que, después de cierta edad, tu futuro ya no vale la inversión.