El fiscal de Valparaíso pedía 47 años de cárcel efectiva para Daniel Cerda Bustos, el tribunal lo sentenció a “17 de presidio por delito reiterado de estupro, delito reiterado de explotación sexual y delito reiterado de violación de menor de 14 años”. Aunque el condenado es absuelto “de tres delitos reiterados de explotación sexual impropia a tres víctimas” entre los años 2018 a 2020 y de otras figuras delictuales, nos parece una sentencia importante e histórica.

Hasta hace no mucho, la mayoría de estos explotadores de niñas, niños y adolescentes, quedaban en la impunidad total, por lo que la gran diferencia que hay entre los 47 años de presidio que pedía el fiscal y los 17 que dictó la Justicia no son 30 años, sino un grandísimo avance en el reconocimiento de un delito que hasta hace poco ni siquiera se nombraba por su nombre: explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA es la sigla con que se le cita en los documentos técnicos). Hace muy poco se le designaba “prostitución infantil” o “facilitación para la prostitución”, conceptos que tendían a que el sistema de justicia estigmatizara y responsabilizara por sus conductas a las víctimas, asimilando sus casos al del comercio sexual adulto, lo que no tiene nada que ver con su realidad.

Para el Hogar de Cristo esta sentencia es particularmente significativa porque fueron las jóvenes de nuestra residencia  de protección Anita Cruchaga las acosadas y explotadas por la red que lideraba Daniel Cerda Bustos. La residencia buscaba establecer estándares técnicos de calidad para el cuidado de jóvenes con historias de vulneración y abusos particularmente complejas. Pero desde su instalación en 2017 hasta que se quemó en un incendio en 2019, cuyo origen aún no está claro, fue asediada de manera permanente por estos sujetos.

El sistema de apoyo ciertamente no fue todo lo eficiente y sensible a la urgencia y reiteración de nuestras denuncias, porque este delito históricamente se ha abordado desde el prejuicio y el machismo, propios de una estructura patriarcal que lo contamina todo. Tanto así, que las víctimas no se consideran tales. Han naturalizado esa condición porque han sido abusadas “desde el útero”, como dice Denisse Araya, la presidenta del directorio de la ONG Raíces, que colaboró con nuestros equipos en el abordaje de este tema del que son especialistas.

Cuatro años tomó el proceso judicial.

Hoy esas niñas son mujeres y algunas siguen sintiendo más culpa por los victimarios que por ellas mismas. Eso es lo más dramático y lo que todos como sociedad debemos revertir. Sucesivos estudios del Hogar de Cristo y de  la ONG Raíces, así como el seguimiento al trabajo de reparación del daño a las víctimas, han permitido profundizar en las modalidades de explotación: relaciones sexuales a cambio de dinero, regalos, favores y, sobre todo, falso afecto; además de pornografía, trata, turismo y viajes, y otros. Los explotadores son de distintas clases sociales y profesiones, predominantemente hombres, sin distinción de edad, con una leve tendencia a ser consumidores o productores de pornografía infantil. Son además maestros en manipulación y seducción, aprovechándose de las carencias afectivas de las jóvenes y del daño que ellas acarrean.

 A lo menos son dos los focos en los que debemos poner todas nuestras energías como país: nuestros niños y niñas requieren de acciones efectivas de prevención, detección y abordaje terapéutico de la violencia sexual. Por otro lado, se requiere con urgencia una instancia interinstitucional público-privada, con presupuesto y poder de acción, liderada por la Subsecretaría de la Niñez y con la supervigilancia de la Defensoría de la Niñez, que logre contribuir a la persecución y castigo de delincuentes como los que sedujeron y terminaron explotando sexualmente a las jóvenes de la residencia Anita Cruchaga. Esos que hoy empezarán a pagar su culpa. Ojalá sentencias como ésta resulten ejemplificadoras y contribuyan a desbaratar a estas mafias despreciables.

En el mes de agosto, el FMI adhirió a las proyecciones pesimistas para nuestro país, siendo el único de la región con caída de su P.I.B. en el 2023, proyectando que nuestra economía caiga un 1%.

Para este 2022, el FMI espera que la economía se expanda un 2%. El pronóstico para el 2023, se suma al expuesto por el Banco Mundial, que también anticipó que Chile anotaría las cifras de crecimiento más bajas de América Latina. Por otra parte, el Fondo proyecta que el P.I.B. de América Latina crecería 3,5% este año, mientras que en el 2023 la expansión sería de 1,7%. Específicamente para Chile, cuyo IPC se ubicó en 13,7% en términos anuales en septiembre, la inflación terminaría el año en 11,4%.  Mientras que en el 2023 se ubicaría en un 8,7% anual, todavía muy lejos de la meta de 3% con la que trabaja el Banco Central de Chile.

En la primera quincena de octubre, el Banco Central elevó nuevamente los costos de endeudamiento en un 0,5%, llegando a un 11,25%, el aumento más pequeño desde el comienzo de su estrategia para contener la inflación, esto se justificaría, porque la demanda de los consumidores locales disminuye y, la inflación anual empezaría a disminuir desde un máximo histórico observado en los últimos 30 años. Recordemos que, la inflación anual se desaceleró en septiembre llegando a 13,7% desde un máximo de 14,1% el mes anterior, el primer descenso desde principios de 2021. “Los aumentos de precios se moderarán aún más”, señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sin embargo, se debe ser cauteloso y no bajar la guardia, de muestra sólo un botón, veamos lo que ha ocurrido con el precio del dólar. Chile al ser un país que importa una gran cantidad de productos que consume la población, está expuesto a presiones inflacionarias vía tipo de cambio. El peso, en comparación con el dólar, ha caído alrededor de un 5% desde la anterior reunión del Banco Central donde anuncio su decisión de tasa para el mes de septiembre (10,75%).

¿Qué nos espera el 2023 como país en términos económicos? Se debiera estar muy atento sobre cómo va a interactuar la recesión proyectada por múltiples agentes con la inflación, lo anterior porque es esperable que las presiones inflacionarias disminuyan a niveles históricos, no es un hecho cierto aún, es más, es muy poco probable que ello ocurra para el 2023. Si se sigue observando una alta inflación, el Banco Central vería dificultada su estrategia de combatirla sin profundizar los efectos negativos en la economía local. Y, en este caso, tampoco es óptimo una política monetaria contractiva con una fiscal expansiva. Reconozcamos, eso sí, que una buena focalización por parte del gobierno podría aminorar esto. Durante el 2022, y en gran medida explicado por la variación del IPC, los salarios reales de las personas han caído más que la variación de los precios, dicho de otra forma, no sólo los precios han subido, sino que somos más pobres. La única manera de revertir esto es controlando la inflación. Hoy en retrospectiva vemos el daño que nos ha causado la política de retiros de los fondos de las AFP. Está claro que muchas familias necesitaron en el período de pandemia liquidez (otras muchas no) y hoy pagamos como país ese precio. Debiéramos pensar que al estar todos de acuerdo con frases como “crecer con equidad” o “crecer con igualdad”, si somos más pobres, cada vez serán más lejanas estas metas. Chile se ha caracterizado históricamente por ser, en general, un país ordenado en aspectos económicos, con visión de largo plazo. Ahora no nos queda más que volver a esa senda solo con un objetivo claro: disminuir la pobreza y entregar a nuestros conciudadanos el crecimiento con igualdad y equidad que se merecen.

Hace algunos días la UNESCO dio la voz de alarma acerca de una crisis mundial de escasez de docentes, afirmando que se necesitan más de 50 millones de profesores para lograr la educación básica universal. A nivel local, Elige Educar en 2021 evidenció un déficit para 2025 de más de 26 mil docentes que afecta a las distintas disciplinas y a la educación parvularia.

Han pasado años y seguimos dándonos vuelta en el diagnóstico sin entregar alguna solución. La conclusión es clara, la implementación de la Ley de Desarrollo Profesional Docente no ha sido suficiente y las situaciones de violencia complejizan la situación. Sin duda que la mayor selectividad era necesaria, así como la instalación de la carrera docente y acreditación obligatoria como mecanismo de aseguramiento de la calidad, pero estas medidas han tenido como correlato una disminución en la admisión a pedagogías. En 2012 había 96.091 estudiantes de pedagogía a nivel universitario y en 2021 fue de 69.775 (Sies, 2022), lo que implica una disminución de un 27,3%

Las discusiones se estructuran en fortalecer las mentorías, en eliminar o posponer la evaluación docente, entre otras, pero ¿alguien se imagina a un joven pensando que va a estudiar pedagogía porque va a tener una mentoría? Es el momento de dejar de darnos vueltas, las condiciones de desempeño son claves, más horas indirectas, considerar acompañamiento en salud mental permanente y mejorar sustantivamente los sueldos, acelerando el avance en la carrera docente sin tener que esperar que se cumplan rígidos períodos de años. Eso además favorecería a los profesores talentosos.

A sólo días de la conmemoración del Día del Profesor en Chile, la mejor celebración hacia los docentes sería una política pública con sentido de realidad, con cariño por la función formativa y a la altura de los nuevos desafíos educativos.