En el marco del diseño del proyecto de ley que busca legalizar el aborto en Chile y en el contexto del Día de la Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro que se conmemora cada 29 de septiembre, el pasado jueves 03 de octubre se realizó el diálogo sobre derechos sexuales y reproductivos en la Región de Los Ríos, coordinado por la Secretaría Regional del Ministerio de la Mujer en colaboración con Fundación Prodemu en Los Ríos. Esta instancia convocó una amplia diversidad de mujeres, de distintas edades y representantes de organizaciones de la sociedad civil de Valdivia.
Sobre el diálogo participativo regional, la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género Francisca Corbalán, enfatizó que durante la actividad “se produjo un clima que permitió conversar con altura de miras, pero también muy basado en las experiencias de las propias mujeres de nuestra región. Con mujeres de distintas generaciones se enriqueció bastante el debate sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos y por la invitación de la Ministra Antonia Orellana a que desde las regiones entreguemos elementos para construir desde la realidad un proyecto de ley de aborto legal en Chile”.
La SEREMI de Salud, Cristina Ojeda, quien también participó de la actividad, explicó que desde la cartera “queremos colaborar con esta ley, colaborar en este trabajo con la sociedad civil para poder dotar de más y mejores herramientas para la prevención de la violencia de género y todo lo que esa violencia provoca en situaciones de salud, tanto en la esfera física como en la mental”. Agregó también que como ministerio “necesitamos insumarnos de la sociedad civil, porque sabemos que nos queda mucho por avanzar y nuestro compromiso institucional es hacer escucha activa de lo que la sociedad nos está diciendo para poder mejorar nuestras prestaciones y poder acompañar en las situaciones de prevención”.
Asimismo, la Directora Regional de Fundación Prodemu en Los Ríos, Salomé Valdenegro, recalcó la importancia de abrir espacios de conversación sobre esta temática porque “ejercer los derechos tiene que ver con el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, que es el objetivo de Fundación Prodemu. Puedo rescatar que en general las mujeres están interesadas en que exista una ley integral de aborto y que a las personas en general, se nos eduque respecto a una sexualidad integral”.
Lidia Rupertus, participante del diálogo subrayó que en nuestro país “ya tenemos una ley con tres causales que nos defienden, pero ¿qué pasa con todas las otras situaciones que también son necesarias de abarcar? La conversación es más que necesaria, y no solo eso, sino que los cambios que vienen tienen que ser urgentes; la sociedad los está pidiendo y no se puede seguir esperando”.
Este tipo de diálogos se han realizaron en todas las regiones del país y, si bien los detalles del proyecto de legalización del aborto se informarán en su presentación, a fines de este año, el Ministerio de la Mujer ha explicado que la iniciativa tiene como foco la legalización y que, como en todos los países donde el aborto se ha legalizado, esta propuesta definirá un límite de semanas.
Es importante recordar que, entre 1931 y 1989 –por casi 60 años— en nuestro país las mujeres podían acceder al aborto, pues el Código Sanitario lo permitía por razones terapéuticas, lo que admitía una interpretación amplia. En agosto de 1989, la junta militar decidió prohibirlo sin mediar un debate democrático.
Según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de junio- julio de 2024, cerca de un 83% de las personas está a favor de la legalidad del aborto ya sea en casos especiales o en toda circunstancia y solo un 16% está en contra del aborto en cualquier circunstancia. Un 45% estaría a favor en casos especiales y un 38% en cualquier circunstancia, opción que tuvo un alza significativa desde la medición anterior (+8 pp).
Avances del gobierno en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
Junto a organizaciones de mujeres de la sociedad civil, los ministerios de Salud y de la Mujer han concretado importantes iniciativas en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la reducción del precio de anticonceptivos de uso frecuente, gracias a CENABAST o la implementación de una nueva medida, instruida por el Instituto de Salud Pública, para el retiro de anticonceptivos defectuosos en cinco días y la emisión del correspondiente mensaje de advertencia a las consumidoras, acciones que hasta ahora no ocurrían, afectando a cientos de mujeres.
Asimismo, a fines de 2022, en un trabajo liderado por el MINSAL, se ingresó la atención de agresiones sexuales agudas al GES, lo que ha permitido atender a más de 2 mil personas, más de 800 de ellas menores de edad.
Durante 2023, a través del ISP y con financiamiento del Fondo para la Igualdad del MinMujer, comenzó un estudio para garantizar la calidad y seguridad de los tratamientos hormonales mensuales entregados a mujeres en edad fértil, menopausia o climaterio o que requieran algún tratamiento hormonal, fabricados localmente o importados al país. La iniciativa, denominada “Control de Productos Farmacéuticos para Hormonoterapia Orales inyectables, Implantes y Dispositivos Intrauterinos”, cubre los productos para hormonoterapia entregados a todas las mujeres que se atienden en el sistema público y privado de salud, beneficiando a cerca de 5 millones de personas.
Al mismo tiempo, los ministerios de la Mujer y de Salud han seguido mejorando la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en tres causales, realizando, entre los años 2023 y 2024, 99 fiscalizaciones a centros médicos, velando por la correcta implementación de la ley en todo el país.
Conjuntamente, el 31 de mayo de este año, el Gobierno ingresó a la Contraloría General de la República modificaciones al reglamento para mejorar el acceso a este derecho establecido en la ley, asegurando más y mejor información para las mujeres y niñas que se encuentran en estos casos; la creación de un protocolo de reasignación y derivación acordes a instrucciones que emitirá el Ministerio de Salud y que será común para todos los establecimientos, y otros lineamientos que permitan dar continuidad a la atención, y que esta sea siempre oportuna y sin costo adicional para las mujeres y niñas, evitando que estas tengan que deambular entre centros de salud, cambiarse de ciudad o recorrer distintas regiones para ejercer su derecho.
