*Mientras comunidades incrementan sus demandas
El Alto Comisionado para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, reconoció que este hecho terminó por quebrar el diálogo que se había iniciado con los grupos indígenas, que exigen la reivindicación de tierras. Paralelamente, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, con sede en Ginebra, expresó su preocupación por la aplicación de la ley antiterrorista a los mapuches, al estudiar el informe presentado por Chile a esta instancia.
Por BBCMundo.com
El recrudecimiento del conflicto mapuche tras la muerte de un activista a manos de un carabinero llevó a las comunidades indígenas a intensificar sus demandas reivindicativas, que tienen a la región de La Araucanía bajo un fuerte operativo de seguridad.
Un informe forense preliminar estableció que Jaime Facundo Mendoza Collío, de 24 años, falleció tras recibir un impacto por la espalda. Esto encendió los ánimos de las comunidades autóctonas, que sienten que los compromisos adoptados por la Presidenta Michelle Bachelet no se han cumplido.
Los mapuches exigen la restitución de tierras ancestrales que hacia fines de los ’80 les fueron entregadas a empresas forestales o hidroeléctricas, y su forma de presionar al estado para acelerar el proceso es a través de tomas de predios, que en las últimas semanas se multiplicaron.
Advertencia mapuche
El vocero de 20 comunidades mapuches, José Naín, denunció que en la zona se estableció un régimen represivo y aseguró a BBC Mundo que, si esto continúa, las cosas pueden empeorar.
El comunero dijo que la muerte de Mendoza Collío «va a ser un fortalecimiento que nos va a permitir iniciar con mucha más fuerza el proceso de recuperación de tierras. No nos olvidemos que ya viene el tiempo bueno, está llegando la primavera, y obviamente aquí va a haber masivas ocupaciones de los predios porque no vamos a permitir que el gobierno de Bachelet siga asesinando mapuches».
El ambiente en la zona es de extrema tensión, y así lo graficó desde el lugar la periodista de Radio ADN María Isabel Guzmán, al relatar que «en todos los fundos hay apostados vehículos policiales y carabineros. Es algo bastante violento de ver, porque es mucha la policía fuertemente armada».
Un conflicto mal afrontado
Los mapuches son el grupo autóctono más grande de Chile y actualmente viven en una situación en que la pobreza y la falta de recursos básicos, como agua y electricidad, son una constante, según muestran diversos estudios.
Los mapuches exigen la restitución de tierras ancestrales que fueron entregadas a empresas.
Además, los actos de violencia -como quema de maquinarias o de propiedades en la zona en conflicto- pueden ser juzgados por la ley antiterrorista emanada de la dictadura de Augusto Pinochet, que actualmente se sigue aplicando a este grupo autóctono.
Es justamente la forma en que el Estado trata a estas comunidades lo que puede influir en el aumento de la violencia, según planteó a BBC Mundo el sociólogo de la Universidad Central, Rodrigo Larraín.
«En términos prácticos, el gobierno ha ‘policializado’ el conflicto, porque esto no es un tema del delito versus los que persiguen al delito. Aquí hay un tema de reivindicaciones de carácter económicas y políticas», expresó, para agregar que «el conflicto recrudeció por enfrentar mal el tratamiento, porque finalmente Chile vive una situación de pánico en que todo se ha vuelto un tema se seguridad pública».
Admiten el «quiebre»
Tras lamentar la muerte de Jaime Mendoza Collío, Michelle Bachelet decidió enviar a la zona una comisión especial para acercar posiciones, ya que en el palacio de La Moneda admiten que esto es un paso atrás en los esfuerzos por devolver tierras a las comunidades.
El Alto Comisionado para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, le dijo a BBC Mundo que la comitiva que él liderará tiene que empezar por escuchar las posturas mapuches y buscar acercamientos.
«Asumimos que a partir de la muerte del joven Mendoza hay un quiebre en esa relación que se había establecido. Tenemos que limar las asperezas que se han creado, y eso requiere tener un período nuevo de conversaciones que apunten a recrear las confianzas mínimas que se necesitan para que los programas públicos puedan seguir desarrollándose», señaló.
La postura oficial ante los logros que pueda conseguir esta iniciativa contrasta con la postura negativa de los comuneros, ya que según José Naín «lo que falta es que se resuelvan los problemas, y no que se prolonguen o se manosee la causa mapuche o la recuperación territorial».
Similar es la visión del sociólogo Rodrigo Larraín, quien estima que más que dialogar hay que establecer qué medidas pretende implementar la administración de Bachelet para afrontar este histórico problema.
«Creo que estas comunidades tienen otra lógica para plantear las demandas: dentro de sus parámetros no es violencia porque ellos sienten que recuperan algo que les robaron, son víctimas, entonces tienen razón cuando dicen que van a perder el tiempo. Y Rodrigo Egaña tiene razón porque hay que dialogar, pero hay que establecer sobre qué», planteó.
Preocupación de la ONU
En tanto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, con sede en Ginebra, expresó este viernes su preocupación por la aplicación de la ley antiterrorista a los mapuches, al estudiar el informe presentado por Chile a esta instancia.
La delegación nacional, encabezada por la ministra de Planificación, Paula Quintana, aseguró que desde la llegada de la democracia a Chile nunca se ha aplicado la legislación antiterrorista para hacer frente a peticiones o reivindicaciones sociales de la población autóctona, sino a actos delictivos que hubieran causado desórdenes públicos.
Agregó que bajo la actual administración de la Presidenta Michelle Bachelet, la ley antiterrorista sólo ha sido invocada en dos ocasiones, para responder a hechos violentos y delictivos que causaron desórdenes, y que tuvieron lugar en las regiones de Biobio y la Araucania.
El relator del Comité para el examen del informe de Chile, Alexei Avtonomov, preguntó acerca de la aplicación de la ley antiterrorista, tras constatar que muchos mapuches han sido condenados por tribunales en virtud de esta norma por haber provocado incendios.
«Es importante que se distinga entre terroristas y delincuentes», señaló el relator.
Varios de los expertos inquirieron sobre esta ley antiterrorista y su aplicación a los mapuches y uno de ellos preguntó si «las personas enmascaradas que se oponen violentamente a las reivindicaciones de los mapuches también han sido juzgadas por la ley antiterrorista».
Otro miembro del comité denunció la construcción de plantas de tratamiento de desechos tóxicos en tierras de las comunidades mapuches.
La ministra Quintana expuso, por su parte, los progresos obtenidos en Chile en cuanto a la devolución de tierras a las comunidades autóctonas, 650.000 hectáreas desde 1994.
El comité emitirá sus conclusiones y recomendaciones el próximo 28 de agosto.
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