Mediante recursos provenientes del Gobierno Regional, la Municipalidad de La Unión está llevando a cabo importantes mejoras de infraestructura en el edificio Consistorial y casa Guzmán, ambos inmuebles de uso municipal para sus diversos departamentos.
Pero este proceso no ha estado exento de polémicas, puesto que al requerir el acuerdo de concejo para iniciar los trabajos, cuatro concejales rechazaron el proyecto acusando irregularidades y riesgos legales. Posteriormente, en una segunda votación, la abstención de los concejales continuó trabando el avance de la iniciativa, y tras un análisis jurídico de la situación el municipio decidió dar curso al proyecto amparados en que transcurridos 20 días desde la abstención de los concejales el municipio queda facultado para proceder a ejecutar las obras.
En su denuncia, la concejala Azócar expuso que el alcalde Andrés Reinoso firmó el convenio de mandato con el Gobierno Regional sin contar con la aprobación del Concejo Municipal; también acusó que la Dirección de Obras habría emitido dos permisos municipales de alteración antes de la adjudicación de la licitación y que estos permisos no consideraron la autorización de cambio de destinación de inmuebles.
También aludió a la ley de copropiedad, señalando que el edificio Consistorial cuenta con otros propietarios que debieron ser consultados; asimismo, denunció falta de prolijidad en las bases y errores en la documentación de la licitación pública. La acusación continúa señalando que uno de los decretos alcaldicios relacionados a este proceso fue firmado por el alcalde subrogante y no el titular.
Ante esta situación, la Contraloría se pronunció esta semana mediante un oficio confirmando y adjuntando la respuesta técnica elaborada por el asesor jurídico municipal que responde a cada una de las acusaciones. “Así, en síntesis, el informe aclara que el acuerdo de concejo a que se refiere el artículo 65, letra j), de la ley N° 18.695, es necesario para llevar a cabo la adjudicación y celebración del contrato que derive de la licitación pública por la que consulta, pero no para suscribir el convenio mandato con el Gobierno Regional de Los Ríos, que le sirvió de fundamento. Agrega, en síntesis, que las diversas situaciones reclamadas por la interesada no configuran vicios que afecten la legalidad del aludido procedimiento licitatorio”.
Y finalmente añade que “en mérito de lo anterior, esta Entidad de Control entiende que el precitado oficio se pronuncia debidamente sobre el reclamo formulado por la recurrente, correspondiendo que este sea desestimado por las razones expresadas en el mismo”.
Al respecto, el alcalde Andrés Reinoso manifestó su satisfacción por la resolución de Contraloría, “la entidad que tiene como misión revisar y sancionar las acciones que desarrollamos como administración municipal ha sido clara respecto a que hemos actuado con total apego a la normativa a la hora de llevar adelante este proyecto tan relevante, tanto para los funcionarios municipales como para los usuarios de nuestro municipio, que se verán beneficiados con mejores espacios cuando realicen sus trámites en el futuro”.
“Como municipalidad desde un principio fuimos claros en que todos los procedimientos administrativos derivados de este proyecto se hicieron con total apego a la normativa vigente y expusimos esas razones a todo el concejo municipal; sin embargo, se insistió en estas acusaciones que a la luz de lo dictaminado por la Contraloría, no tienen un real sustento legal, sino más bien, fines políticos. El llamado es construir un debate con altura de miras y a seguir cumpliendo el rol fiscalizador con real foco en los problemas que afectan a nuestros vecinos y vecinas”, puntualizó el alcalde.
