En dependencias de la Corporación de Asistencia Judicial de la Provincia de Valdivia, la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Francisca Corbalán Herrera; el SEREMI de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Ríos del Río; la Jueza Presidenta del Juzgado de Familia de Valdivia, Magistrada Bárbara Grob Duhalde; la Diputada Ana María Bravo y el Jefe Provincial de la Corporación de Asistencia Judicial de Valdivia, Rodrigo Frías Molina, entregaron un balance del primer año de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos.
El Delegado Presidencial Regional, Jorge Alvial Pantoja, destacó que “miles de mujeres que lideran solas sus hogares, madres y personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes de nuestra región ya cuentan con una institucionalidad para el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias, lo que está generando un cambio de conciencia respecto a un problema histórico en Chile”. Respecto de las cifras nacionales, la autoridad explicó que “desde mayo del 2023 al 15 de mayo del 2024 ya hayan pagado más de 318 mil 386 millones de pesos en deuda de alimentos en el país, lo cual es resultado de la acción conjunta de los órganos del Estado para efectos de que se paguen las deudas de pensión de alimentos de hijas e hijos que merecen para su crecimiento y desarrollo integral”.
La SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género en Los Ríos señaló que “uno de cada cuatro deudores está pagando hoy en día, lo cual es un a diferencia tremenda comparado cómo hace unos años atrás, más del 84% de los deudores no pagaban la deuda que fijaban los tribunales. El Registro Nacional de Deudores ya cumplió un año de su entrada en vigencia en noviembre del año pasado y hoy podemos decir que hay en total 7.223 de deudores en la Región de Los Ríos, de los cuales 6.868 son hombres; el 95% de las personas deudoras son hombres lo cual denota una enorme brecha de género. Son principalmente mujeres, madres o abuelas las cuidadoras quienes han tenido que hacer esta demanda o reliquidación de la deuda para poder o este pago efectivo para obtener dignidad para los niños, niñas y adolescentes que hay detrás”
El SEREMI de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Ríos del Río, explicó que “para nuestro Ministerio se trata de una política pública exitosa, porque hay una corrección de una injusticia histórica con las mujeres y niños, niñas y adolescentes que por la irresponsabilidad de los deudores son sometidos a vivir situaciones que no debiesen. Cuando los poderes del Estado actúan y corrigen, estamos ante un ejercicio virtuoso de la política pública. En segundo lugar, desde la perspectiva de los sistemas de justicia, estamos ante un buen ejemplo de cómo el sistema judicial está al servicio de todos los ciudadanos del país para subsanar los problemas de manera pacífica y jurídica a través de los tribunales y Centros de Mediación, que son instancias voluntarias de las partes permiten lograr acuerdos”, explicó.
Asimismo, la Diputada Ana María Bravo, integrante de las Comisiones de Mujer y Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados también mencionó que “lo importante es que ya existe un cambio un cambio positivo respecto a los avances de pago efectivo de las pensiones. Este es un proyecto de ley que trabajamos desde la Comisión de Mujeres con mucha fuerza, con mucha dedicación y también nos igual nos sentimos satisfechas en cuanto a que vamos avanzando. El desafío es obviamente seguir agilizando es procesos pensando en el interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país”.
Por su parte, la jueza presidenta del Juzgado de Familia de Valdivia, Bárbara Grob Duhalde, señaló que “pese al aumento en la carga de trabajo exponencial, que generó en el tribunal la implementación de esta ley, durante este último año -entre solicitudes de procedimiento especial y extraordinario- se han recibido alrededor de 7 mil peticiones, a las que se ha intentado dar respuesta con la mayor celeridad posible, ya que lamentablemente la Ley no contempló la implementación de mayor dotación que pueda solventar este incremento de solicitudes, no obstante lo cual en la mayoría de los casos, se han decretado las medidas cautelares y se han solicitados las retenciones respectivas, existiendo ya un porcentaje de causas con pago de deudas decretadas.”
“De acuerdo a los registros informáticos del Poder Judicial, actualizados al día de hoy, la deuda por pensiones de alimentos tramitadas por el Juzgado de Familia de Valdivia asciende a $1.274.913.966, en su equivalente a 124.906.07 Unidades Tributarias Mensuales. Además, se han informado 2.353 causas al Registro Nacional de Deudores, de estas, sólo 310 deudas han sido pagadas, lo que representa un 13.17%, esto implica que 2.043 deudas, se mantienen vigente, es decir un 86.82%. Claramente estas cifras develan una realidad preocupante respecto de la responsabilidad parental en nuestra sociedad, en este contexto, como tribunal seguiremos esforzándonos para generar la mejor respuesta posible y así garantizar el bienestar superior de los niños, niñas adolescentes” agregó la magistrada.
Finalmente, es importante destacar que el no pago de pensiones alimenticias es una forma de violencia económica contra las mujeres y una expresión de abandono parental; asimismo señalar que esta ley ha dado valor económico a las labores de cuidado por primera vez, ya que incorpora la obligación de considerar la distribución y tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia del alimentario, como un elemento más para fijar el monto de la pensión de alimentos. Lo anterior es un cambio significativo porque las tareas de cuidado, ejercidas principalmente por mujeres, no estaban siendo reconocidas. Con esta ley, no solamente se hacen más visibles, sino que además se les da un valor económico.
Es importante señalar además que, desde el año pasado el Registro Social de Hogares que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, considera la deuda de pensión de alimentos como un factor de clasificación socioeconómica, lo que permite a los hogares que no están recibiendo la pensión de alimentos que corresponde, reportar esta situación para que se considere al momento de optar a los beneficios del Estado.
